PER: Tumbes: Colombianos trafican nueva droga por la frontera norte

Correo

La nueva variedad de la marihuana es producida en Colombia pasa por la frontera Perú- Ecuador para llegar hasta Chile donde su precio se triplica.

La Policía Antidrogas de Tumbes advierte que en los último meses una mafia colombiana está enviando marihuana de la variedad cripy, un nuevo alucinógeno cuyo consumo se está haciendo muy popular entre los jóvenes, por medio de “burriers” colombianos que crucen la frontera Perú- Ecuador con dirección a Chile, donde el precio de este estupefaciente se triplica.

En lo que va del año los agentes del orden han incautado 261 kilos de este estupefaciente que genera mayor adicción que la marihuana normal. Asimismo 15 jóvenes de nacionalidad colombiana han caído en manos de la Policía en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) y el Puesto de Carpitas.

ADICTIVA. Los policías especialistas del Departamento Antidrogas (Depandro), sostienen que el cripy es una nueva variedad de la marihuana que tiene una alta concentración de alcaloide o tetrahidrocannabinol (THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana) que está entre el 12% y el 22%, un porcentaje mayor que en la marihuana de tipo Moño Rojo o Scan, cuya concentracióm de THV está entre un 2% y un 7% .

La cripy tiene un mayor efecto alucinógeno y daña el sistema nerviosa generando mayor dependencia. Otra característica es que este tipo de marihuana es mejor tratado durante su cultivo que la normal.

Esta droga que se está volviendo popular entre los jóvenes es producida en el valle del Cauca en Colombia donde el precio es de 300 dólares.

El mercado potencial de estas mafias es Chile donde el precio del cripy es de 9 mil dólares en la capital Santiago y de siete mil dólares en Antofagasta.

MAFIAS. El valor de esta droga ha generado el interés de organizaciones que por la expectativa de cuantiosas ganancias, usan a jóvenes de bajos recursos, algunos de ellos adictos y sin educación, para que traspasen las fronteras entre ellas la peruana con dirección a Chile.

Esta nuevo “negocio” está siendo advertido por la Policía en Ecuador, así como en Tumbes, frontera con Ecuador, además de intervenciones en Tacna e Ica.

Según el Departamento Antidrogas de Tumbes, en lo que va del año se han decomisado 261 kilos con 67 gramos de marihuana tipo cripy. Además 15 ciudadanos colombianos que cruzaron la frontera han sido detenidos cuando iban con dirección al sur.

Las mafias envían a los extranjeros, en su mayoría colombianos, por vía terrestre y emplean la modalidad de “burriers”.

Los colombianos viajan como pasajeros en los buses y llevan la droga en sus mochila o en maletines con doble fondo. También la droga va en el equipaje que va en la bodega.

Las intervenciones en donde han aprehendido a estas personas se han realizado en su mayoría en el Cebaf y en el puesto de control de Carpitas.

Cabe precisar que Chile ha reforzado los controles en sus fronteras por lo que ahora los “burriers” irían hasta la frontera de Bolivia-Chile para poder llegar hasta este último país.

 PRISIÓN. La Fiscalía Antidrogas de Tumbes ha enviado a varios de estos ciudadanos al penal de Puerto Pizarro.

Recientemente el Poder Judicial ordenó 18 meses de cárcel para seis colombianos que fueron detenidos cuando viajaban como pasajeros en un ómnibus interprovincial y que transportaban 20 kilos de marihuana en sus mochilas y maletines con doble fondo y compartimentos ocultos.

Las investigaciones preliminares indican que los intervenidos formarían parte de una banda internacional de tráfico de drogas, llevaban el estupefaciente desde Colombia, pasando por Perú y Bolivia para entregarla en Chile por lo cual iban a recibir entre mil 500 y mil 600 dólares.

Otro de los casos recientes es el de una pareja de colombianos, Marco Johany España Cabezas y Janteh Liliana Zuñiga, intervenidos en poder de 14 kilos con 973 gramos de marihuana el 6 de setiembre.

En julio fueron detenidos los colombianos José Francisco Murillo Montaño alias “El Llorón” y Edwin Segura Riasco y Jhon Fredy Londoño Bravo, los cuales cayeron con más de 10 kilos.

Un caso particular es el del corraleño Luis Alfonso Sernaque Maza, de 24 años de edad, quien fue intervenido en el puesto de Carpitas cuando conducía una minivan con equipajes que contenían 166 kilos de cripy.

El joven sostuvo dijo que unos extranjeros le solicitaron una carrera a Piura, pero a última hora le dijeron que solo transportara el equipaje y que ellos viajarían en otro vehículo. Él purga actualmente 9 meses de prisión preventiva.

SOCIAL. La otra cara de la moneda de este ilícito negocio lo conforman los extranjeros usados como “burriers” para el transporte de droga.

Se supo que muchos de los intervenidos en Tumbes son jóvenes de baja condición económica, sin estudios. Algunas detenidas son madres solteras con varios hijos y que por ganar dinero acceden a verse inmersas en el tráfico de drogas internacional.

Al quedar detenidas en países que no son su lugar de origen se ven desamparadas y sin poder ver a sus hijos.

En el caso de la pareja de colombianos detenidos, tienen hijos que se han quedado en el abandono en su país.

El personal del Departamento Antidrogas sostiene que es necesario que los ministros del Interior de Perú y Colombia dialoguen para buscar políticas de trabajo para contrarrestar el tráfico de drogas y sus implicancias en varios aspectos sociales y económicos.

El consumo de esta nueva droga se está volviendo popular en la región fronteriza y a nivel nacional.

http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-colombianos-trafican-nueva-droga-por-la-frontera-norte-701530/

PER: PPK: entre la UIF y los tronchos

Noticias SER

n los últimos días, se han producido dos hechos que me permiten poner en evidencia los profundos dilemas e intereses que existen detrás de las políticas de Drogas en un país como el Perú que es el principal productor mundial de PBC y el segundo de cocaína. Me refiero a las declaraciones de PPK sobre la marihuana y la posición del apro-fujimorismo en relación a las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El narcotráfico es un fenómeno mundial, y cincuenta años después de su inicio, el abordaje guerrerista no ha funcionado para reducir la oferta ni la demanda, ni las profundas contradicciones que hay en las políticas de DEVIDA para los miles de campesinos de la Selva Alta y para los usuarios no problemáticos de marihuana.  PPK ha sido muy pragmático y realista al afirmar que “fumarse un tronchito no es lo más grave del mundo”. Miremos por un momento el más reciente instrumento epidemiológico: la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Población en General, DEVIDA, 2010[1]:

 Tipo de Droga Vida Año Mes Numero Extendido
Marihuana 3.8% 1.0% 0.5% 124,364 personas

Sin embargo, una cosa es el discurso mediático de PPK y otra muy distinta, su práctica política a través de su gabinete. Haber escogido a Carmen Masías en el ente rector –DEVIDA-, después de haber tenido ese cargo entre el 2012 y el 2014, representa un franco retroceso para mantener en coto cerrado el festín de recursos provenientes de la cooperación internacional, especialmente norteamericana: Usaid entrega fondos “amarrados” para que los reciba Cedro, Info Región, Consult Andes. La señora Masías firma el convenio con Usaid como Presidenta de DEVIDA y ejecuta 8 millones de dólares luego, como Directora de Cedro, en un claro ejemplo de la “puerta giratoria”, dentro del Estado.

Lo más grave es que pese a las reiteradas observaciones y peticiones hechas desde la Embajada de EE.UU, organismos multilaterales como Unodc y OEA, o la propia Comisión de Narco Política del Congreso (diciembre 2015), el Congreso le está enmendando la plana, de modo de impedir que la UIF comparta su información con el sistema electoral.

El Congreso con mayoría fujimorista, quiere impedir otorgar facultades en el sentido de fortalecer las capacidades de la UIF para realizar su trabajo de inteligencia, incrementar el peso de sus reportes y aumentar sus capacidades para buscar, encontrar y compartir sus hallazgos con el sistema electoral.  Estas son las evidentes contradicciones de un Gobierno que tiene –en este tema-, las cosas claras pero no toma decisiones correctas, y de un Congreso –con mayoría fujimorista- que obstruye las capacidades de investigación del lavado de activos por tener cuentas pendientes.   

http://www.noticiasser.pe/30/09/2016/estado-drogas-y-selva/ppk-entre-la-uif-y-los-tronchos

PER: Editorial: Sin humo blanco

El Comercio

Las reacciones a las declaraciones del presidente sobre el consumo de drogas impiden el debate.

Que el nivel del debate sobre muchas políticas públicas en el Perú sea pobre debido a la falta de interés que suscita o la poca preparación de algunos voceros es lamentable pero parecería inevitable. Que el debate sea inexistente debido a dogmas o intereses, en cambio, es inaceptable.

No es otra cosa, sin embargo, lo que ha sucedido con la discusión respecto al uso y legalidad de las drogas en el país. Desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski relativizó la gravedad del consumo de marihuana con la frase “si quieren fumar su troncho, no es el fin del mundo”, el tabú que aún existe en el país sobre el problema de las drogas se hizo nuevamente presente, al punto de soslayar que en la misma entrevista el mandatario advertía la complejidad de una decisión como liberalizar el consumo de drogas y que no creía recomendable que el Perú, a solas, lo hiciera.

A pesar de las voces de censura, el debate sobre la legalización y sobre el trato a los consumidores y vendedores de estas sustancias es sumamente pertinente. Por un lado, resulta innegable que cualquier persona adulta informada tiene pleno derecho a ingerir lo que desee siempre que no perjudique a terceros. En esta discusión hay un componente crucial de libertades individuales que no debe ignorarse.

Asimismo, no se puede dejar de considerar la relación entre la ilegalidad de las drogas y la violencia asociada a su producción y comercialización. La fuerza del comercio ilegal hoy es tal que llega a minar las bases institucionales del país, tal y como ejemplifican el caso de los narcoindultos y los procesos e investigaciones sobre los vínculos del narcotráfico con la política.

Por otro lado, es pertinente estudiar los efectos que ciertas drogas tienen sobre la salud a largo plazo de la población, de modo tal que cualquier política pública (prohibitiva o permisiva) encuentre sustento en información veraz respecto al consumo de drogas blandas y duras. De especial preocupación debe ser, además, la educación de los menores de edad que, tarde o temprano, se encontrarán expuestos a dichas sustancias.

Como se ve, pues, existe amplio espacio para el debate y la discrepancia informada sobre el tema. Lo que resulta alarmante es el alto grado de intolerancia que existe a ventilarlo. En particular, la congresista Lourdes Alcorta sugirió que el presidente Kuczynski debería “quedarse callado” sobre el asunto, mientras que varios de sus compañeros de bancada –entre quienes se cuentan los parlamentarios Milagros Salazar, Carlos Domínguez y Carlos Tubino– amonestaron al mandatario por lo que consideraron apenas como una broma, sin interesarse siquiera por participar en la controversia.

Mención aparte merece la indignada respuesta de la Defensoría del Pueblo. En un comunicado, la entidad pública expresó su “preocupación y discrepancia” frente a las declaraciones del presidente, “pues contradicen los esfuerzos que se realizan desde Devida por combatir el consumo” de la marihuana y otras drogas.

Son  varias las cosas que llaman la atención de su nota de prensa y que invitan a formular algunas interrogantes, como, por ejemplo, cuál es el derecho que pretende proteger la defensoría y que considera que se ha visto afectado por las declaraciones del presidente, o qué motiva su rechazo a revisar la pertinencia de una política pública adoptada por otra institución.

Pero quizá lo que más resalte sea la presteza con la que la defensoría reaccionó a este tema cuando durante los mismos días guardó silencio sobre la absolución de los acusados de homicidio calificado en el caso de Bagua y la condena a 22 años de cárcel a Vladimiro Montesinos y otros por desapariciones forzadas.

La falta de debate sobre el trato que deben recibir las drogas, sus usuarios, productores y comercializadores, en fin, imposibilita llegar a un consenso nacional sobre el asunto y solo beneficia a quienes lucran con el estado actual de las cosas.

http://elcomercio.pe/movil/opinion/editorial/editorial-sin-humo-blanco-noticia-1935436

PER: El troncho de la paz

La República

Llevamos 50 años en una guerra contra las drogas que ha fracasado, incluso en EEUU, el país que embarcó al mundo en la cruzada prohibicionista. En el Perú, que siguió el manual de esta guerra, no debemos pasar de ese extremo al otro, a la paz de los “tronchos”, a la relativización del consumo de drogas pretendiendo que la legalización de una de ellas, la marihuana, resuelva problemas mayores que al mismo tiempo son de libertades individuales, de salud pública y de derechos colectivos.

Tres países claves para el narcotráfico: México, EEUU y Colombia, debaten seriamente hace 8 años qué hacer con las drogas, en tanto que el Perú, el real primer productor de cocaína, se ha cerrado a la discusión. Las recientes declaraciones del Presidente Kuczynski, más allá de su entrada hilarante al tema podrían ser el inicio de una inédita reflexión que los medios, la academia y el Estado no deberían dejar que quede en la anécdota.

El sistema creado por la Convención de Viena de 1961 prohibió o sometió a control a más de 100 sustancias y se propuso desaparecer el consumo tradicional del opio en 15 años y de la marihuana y coca en 25 años. Nuestro fracaso es emblemático. Cuando empezó la guerra contra las drogas había solo dos departamentos cocaleros. Ahora son 13; las 40 mil hectáreas de coca se distribuyen en 17 valles, incluidas 134 hectáreas en áreas naturales protegidas y se cuentan 26 zonas de sembrío de amapola con cerca de 1,000 hectáreas. Sobre el cultivo de marihuana no hay datos seguros pero sí dos cifras duras de Devida: es la droga de consumo masivo, con 8% de personas que alguna vez lo probaron (prevalencia de vida), y que uno de cada dos consumidores habituales de marihuana pasa a consumir cocaína.

Frente a la riqueza desafiante de esa reflexión, algunos liberales a los que he leído estos días parecen haberse fumado, precisamente, un “troncho”, postulando una entrada mágico- facilista al debate, trasladando la teoría de la mano invisible del mercado al consumo de las drogas, y situando la discusión solo en términos de libertades.

Un debate nacional sobre las drogas merece información sobre políticas públicas incluso en la perspectiva de la legalización como ¿Cuántas camas tiene el sistema de salud pública para el tratamiento de drogodependientes? ¿Cuántos departamentos están narcotizados debido al impacto de la producción de drogas y de consumo, y cuál sería su evolución en una etapa post legalización?

En caso se arribe a un consenso sobre la legalización de la marihuana, este no será necesariamente una fiesta. En Uruguay, en julio pasado, poco antes del inicio de la venta legal de esta droga, solo 50 de 1,200 farmacias se habían inscrito al sistema porque la mayoría tenía temor a los vendedores informales. Reseño la ironía de un farmacéutico: “No entiendo por qué no la venden en las comisarías, que están en todos los barrios, tienen seguridad y están abiertas las 24 horas”.

No deberíamos cerrar la discusión de las drogas legales e ilegales a un asunto exclusivo de libertades en un país donde la edad de inicio del consumo de alcohol (legal) y marihuana (ilegal) entre los escolares es de 13 años y donde el 2,7% de jóvenes entre los 12 y los 18 años admite haber consumido drogas ilegales. Para esta discusión también importa que según datos del Ministerio de Salud, 9 mil personas fallecen cada año en los hospitales públicos por enfermedades asociadas al tabaquismo, y que la sustancia THC, la que determina los efectos de la marihuana, se ha duplicado en 20 años y por eso se ha incrementado en el mundo en 5% el número de adictos pero en 10% el número de tratamientos de adictos.

Somos un país productor y consumidor de drogas fuertes entre ellas 350 toneladas de cocaína pura y de bajo precio. En otro debate sobre salud pública y derechos –sobre el alcohol, tabaco, transgénicos o comida chatarra– las sociedades no se detienen en lo legal o ilegal de una actividad sino en la capacidad del Estado de ponderar la libertad y el interés público.

http://cdn7.larepublica.pe/impresa/opinion/807557-el-troncho-de-la-paz

PER: Perú en riesgo de ser incluido en lista de paraísos fiscales

La República

Alerta. La Comisión Europea ha ubicado a nuestro país en el puesto 30 de una lista de 44, en tanto el fujimorismo logró que la UIF no traslade la información de esta institución al Jurado Electoral y la ONPE.

Mientras el Congreso de la República se resiste a ampliar lasfacultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al oponerse a que comparta sus informes con los entes electorales como parte de la lucha contra el lavado de activos, la Comisión Europea ha incluido al Perú en una lista negra preliminar de países que corren el riesgo de convertirse en paraísos fiscales.

PUEDES VER: Cancilleres expresan preocupación por situación en Venezuela

Tal como informó la revista Caretas, se trata de un informe inicial publicado esta semana, cuya versión final deberá estar lista a fines de 2017.

Los territorios fueron incluidos en la lista por tener problemas de transparencia, una economía abierta, ausencia de control y evasión tributaria.

Perú ocupa el puesto 30 de los 44 países que forman parte de la relación, por cumplir dos factores de riesgo.

Indican que no cumplimos con los estándares internacionales de transparencia en cuanto a intercambio de información. Además, advierten de la posible existencia de un régimen preferencial a las sociedades registradas en nuestro país.

Y mientras que los 27 miembros de la Unión Europea analizan qué países serán incluidos en la lista negra de paraísos financieros, en Perú el Congreso sigue decidido a no permitir que la UIF comparta sus informes de inteligencia con los organismos electorales a fin de evitar el ingreso de dinero lavado en la política peruana.

La entrega de información de la UIF al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en época electoral, podría significar el bloqueo de dinero procedente del lavado de activos e inyectado a la campaña de los candidatos.

Tolerancia cero

El doctor Jorge Rodríguez Vélez, miembro del JNE, opina que el Congreso debe reforzar tanto a la UIF como a las demás instituciones que permitan el control de fuentes ilegales en campañas electorales.

“Hay que fortalecer la unidad de inteligencia financiera y todos los mecanismos que puedan ser utilizados por el Estado en el control de ingreso de fuentes ilícitas en la política. Claro que hay que preservar el derecho de las personas pero en casos de delitos vinculados al lavado de dinero, se deben generar los mecanismos para que los sistemas de control se activen. Eso es fundamental”, expresó Rodríguez Vélez.

Asimismo, comentó que los partidos políticos no deben considerar una persecución, el control que se pretender ejercer sobre las organizaciones políticas.

“Debemos tener tolerancia cero para el ingreso de fuentes ilícitas en las campañas electorales. No podemos permitir que el dinero controle la política sino que la política regule el ingreso de dinero que es puesto a disposición de las organizaciones en las campañas. Todos los mecanismos que se activen para el control, seguimiento y sanción de ingresos de fuentes ilegales en la política deben de ser bienvenidos. El control es para que en su organización no ingrese dinero de fuentes ilícitas que puede perjudicar la credibilidad de la organización política y enturbiar las campañas electorales”, refirió el representante del jurado.

Además de Perú, países como Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Vietnam, Singapur y Tailandia, entre otros, también se encuentran en el listado de países con riesgo de ser considerados paraísos fiscales por la Comisión Europea.

Cifras del lavado de activos, según la UIF

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 2015 determinó que en el país ingresó aproximadamente 5 mil millones de soles producto del lavado de activos procedentes del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.

El documento señala que los principales sectores donde se lava este dinero es en la construcción y el comercio exterior.

Asimismo, indica que en 2015 la UIF pudo registrar más de siete mil reportes de operaciones sospechosas pero no pudo demostrar su  procedencia ilícita.

Además, entre 2007 y 2015, la UIF y el Ministerio Público investigaron casos de lavado de activos cuya cifra superó los 36 mil millones de soles.

http://cdn7.larepublica.pe/impresa/politica/807569-peru-en-riesgo-de-ser-incluido-en-lista-de-paraisos-fiscales