PER: EE.UU. otorga el Corazón Púrpura a agente antidrogas peruano muerto en acción

La República

Suboficial PNP Édgar Quispe Rojas fue asesinado en el VRAEM en agosto del 2016 cuando participaba en una operación encubierta con la DEA.

El Gobierno de Estados Unidos otorgó póstumamente hoy la medalla ‘Corazón Púrpura’ –la más alta condecoración que conceden las Fuerzas Armadas estadounidenses– al suboficial de la Policía Nacional Édgar Wilber Quispe Rojas, quien se inmoló en agosto del 2016 cuando participaba en una operación encubierta con agentes de la DEA en la zona cocalera del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Se trató de un justo reconocimiento a un hombre que entregó su vida combatiendo con valor el narcotráfico en el Perú.
Es la primera vez que EEUU premia con esta alta distinción a un ciudadano peruano. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Washington DC, acto al que asistieron el padre, la esposa y el único hijo del extinto suboficial, así como el director de la PNP, general Vicente Romero Fernández y el jefe de la DIRANDRO, Héctor Loayza Arrieta.
Quispe Rojas era suboficial técnico de segunda y fue seleccionado por la DEA para participar en una operación encubierta en agosto del año pasado, debido a su alta preparación en este tipo de actividades.
Lamentablemente fue descubierto cuando estaba a punto de frustrar el envío de un cargamento de cocaína a extranjero. Él y su informante fueron cruelmente torturados y asesinados.

http://larepublica.pe/sociedad/879378-eeuu-otorga-el-corazon-purpura-agente-antidrogas-peruano-muerto-en-accion

COL: La propuesta de centros de consumo de droga controlado

El Espectador

El proyecto, que pretende tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública, fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes.

Cuando el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia reveló el último informe sobre el consumo de drogas en Colombia, dejó clara una advertencia que encendió las alarmas en todo el país: a pesar de la política de mano dura en la lucha contra este flagelo —liderado por el Gobierno—, los esfuerzos para contrarrestar las cifras no han logrado los resultados esperados. Más aún si se tiene en cuenta que, aunque el Estado mantiene un fuerte enfoque penal a la hora de castigar a quienes cometan conductas relacionadas con drogas, “la producción y comercialización de sustancias ilícitas continúa en aumento”.

Por eso, es extraño que pasen inadvertidos algunos pasos que está dando el Congreso de la República para modificar, tal y como lo ha propuesto la comunidad internacional, el enfoque en la denominada lucha contra las drogas. Precisamente, esta semana la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio el primer sí a un proyecto de ley que busca, particularmente, tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública. El objetivo, según su autor, Samuel Hoyos, del Centro Democrático, es bajar los índices de criminalidad que van en aumento en todo el país, además de dar de manera progresiva un tratamiento de rehabilitación al consumidor.

Los registros de capturas de la Policía en 2015 indican que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es la primera modalidad delictiva, con un 28,9 %, por encima del hurto a personas, cuya cifra está cerca del 15 %. Y, en ese sentido, una de las propuestas de Hoyos tiene que ver con la creación de salas de consumo controlado. “Con la adecuación de este tipo de salas, se les podría dar acceso a, por ejemplo, habitantes de El Bronx en Bogotá, quienes ya no se verían obligados a salir a las calles a atracar para financiar su consumo”, explicó.

El denominado adicto de calle tendría derecho a permanecer dentro de ese centro de consumo controlado y podría acceder a consultas médicas, jeringas nuevas (para el caso de quienes se inyecten heroína), duchas y hasta comedor para alimentarse. Por supuesto, no para promover el consumo, sino para fortalecer los programas de rehabilitación gratuita por parte del Estado. “Si esto se aprueba, podríamos dar los primeros pasos para quitarles el negocio a los ganchos del microtráfico que operan en todo el país, porque los precios elevados que le ponen estas bandas criminales a la droga estarían compitiendo con la oferta gratuita que haría el Estado”, explicó Hoyos. Por ejemplo, la cartera judicial ha señalado que el precio promedio de clorhidrato de cocaína en Colombia es de US$2.269 por kilogramo. Y a medida que se va traficando, los precios varían así: cuando llega a Estados Unidos su precio puede oscilar entre US$24.000 y US$39.000. Y en Europa prácticamente se duplica su valor.

Y es que una de las recomendaciones que hizo el Observatorio de Drogas al Congreso, a finales del año pasado, sugiere hacer ajustes normativos a la ley vigente que permitan “a partir de un enfoque de derechos humanos y de salud pública, diferenciar cada una de las actividades descritas por el legislador como narcotráfico”. Todo en aras de dar un tratamiento diferenciado a quienes han estado involucrados con la producción, el cultivo, el uso o el consumo de drogas ilícitas. Asunto que, incluso, está incluido en el Acuerdo de Paz de La Habana y que reconoció que, actualmente, el Estado está criminalizando a los eslabones más débiles de la cadena.

“Por la especial trascendencia social o potencial peligro para terceros, las personas que ejerzan actividades, profesiones u oficios en las que ostenten posición de garante sobre el derecho a la vida e integridad de terceros, estarán sujetas a exámenes periódicos o aleatorios para descartar el consumo y/o efectos de sustancias estupefacientes, psicoactivas y/o psicotrópicas ilícitas, durante el ejercicio de dicha actividad”, establece el proyecto de ley en discusión, e incluye una obligación al Ministerio de Salud. Esta cartera tendrá la responsabilidad de entregar, anualmente, un informe que permita conocer la evolución de la política pública de prevención y adicción de drogas ilícitas. Sobre todo porque los informes recientes dan cuenta de que los jóvenes son inducidos con mayor facilidad a consumos riesgosos.

Al proyecto, que fue aprobado con ocho votos en la Comisión Séptima, le quedan tres debates en el Capitolio. Sin embargo, promete una discusión álgida dada la oposición que ha despertado en sectores independientes como la Alianza Verde. La congresista Ángela María Robledo rechazó la posibilidad que se le daría al Gobierno de reglamentar la forma en la que deben realizarse exámenes de consumo de drogas, en qué caso deben ser periódicos y en cuáles aleatorios, para imponer las sanciones, como lo establece el artículo tercero. Según su concepto, “es represivo y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad”.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-centros-de-consumo-de-droga-controlado-articulo-695341

BRA: Crece tensión en Brasil

El Diario

Masiva protesta de opositores exige la “inmediata” renuncia del presidente Michel Temer, por graves sospechas de corrupción. Los movilizados lanzaron bombas molotov contra 5 edificios públicos y quemaron ministerios. El mandatario desplegó a la Fuerza Armada para reprimir las manifestaciones en su contra.

Una masiva protesta que exigía la “inmediata” renuncia del presidente Michel Temer, cada vez más acorralado por graves sospechas de corrupción, derivó en enfrentamientos e incendios de edificios públicos; entretanto, el mandatario ordenó el despliegue de la Fuerza Armada para reprimir las manifestaciones.

Según reportes de la Policía Militar, participaron entre 35.000 y 40.000 personas en la movilización, que en un principio comenzó en forma pacífica, pero luego derivó en serios enfrentamientos cuando la multitud se aproximó a la sede del Parlamento, donde comenzaron los hechos de violencia que llevaron al mandatario a pedir refuerzos de “tropas federales”.

En esta acción, los opositores al gobierno de Temer atacaron los ministerios de Hacienda, Cultura, Turismo y Energía y Minas, y a lo largo de la Explanada muchos de los manifestantes le prendieron fuego a contenedores de basura y otros objetos. Las autoridades no informaron sobre el número de heridos.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170525/principal.php?n=68&-crece-tension-en-brasil

BRA: Más de 90 presos huyen por un túnel de cárcel brasileña

Diario Correo

La Policía consiguió capturar al menos a nueve reclusos.

Más de 90 presos huyeron por un túnel mayor a los 30 metros de extensión en una cárcel del estado de Río Grande do Norte, en el noreste de Brasil, informaron hoy las autoridades penitenciarias.

Los presos se escaparon de la cárcel Estadual de Parnamirim, en la región metropolitana de Natal, la madrugada del miércoles y contaron que el apoyo de varios vehículos durante la fuga, según confirmó la Secretaría de Justicia y de Ciudadanía (Sejuc).

La Policía consiguió capturar al menos a nueve presos y continúa barriendo la zona para atrapar al resto de fugitivos, que, según las primeras informaciones, pertenecen a un grupo criminal.

 La prisión se encuentra en la misma región en la que está ubicada la cárcel de Alcaçuz, la mayor del estado brasileño de Río Grande de Norte, donde a comienzos de año se registró un enfrentamiento entre bandas rivales que dejó 26 muertos.

Al menos 70 reclusos de Alcaçuz continúan desaparecidos, por lo que el número de víctimas podría ser mucho más elevado que el divulgado oficialmente por las autoridades.

El de la prisión de Río Grande de Norte es uno de los trágicos sucesos, junto con los vividos en cárceles de los estados de Amazonas y Roraima, que provocaron este año una de las peores crisis de la historia del sistema penitenciario brasileño, que dejó más de 150 muertos tan sólo en los primeros meses del año.

El hacinamiento y las pésimas condiciones de los presidios es uno de los mayores problemas del sistema carcelario brasileño, que alberga a 654.372 presos en las prisiones del país, 76 % por encima de su capacidad, según datos oficiales.

http://diariocorreo.pe/mundo/mas-de-90-presos-huyen-por-un-tunel-de-carcel-brasilena-751924/

BRA: Así se vive en Cracolandia, la “tierra del crack” en Brasil, el mayor consumidor del mundo

Semana

En un operativo que involucró a unos 500 policías armados, unas 40 personas fueron arrestadas en un barrio que es considerado la sede de un mercado ilegal y área de consumo público de crack en Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica.

Mylena Garbin, promotora cultural de 24 años, pasó años peregrinando de bar en bar en el centro de Sao Paulo, en Brasil. Su intención no era ir a beber ni a encontrarse con sus amigos.

Mylena recorría los bares de un barrio conocido como “Cracolandia” y buscaba a su padre, usuario crónico de cocaína y crack que abandonó a la familia cuando la joven era adolescente.

“Nadie sabía de él”, cuenta Garbin.

Pero tenía una pista: a los 18 años supo que su padre acostumbraba frecuentar Cracolandia, en el centro de Sao Paulo.

Este barrio marginal, conocido como “la tierra del crack”, en Brasil, es la sede de un mercado ilegal y área de consumo público de esta droga.

También funciona, al mismo tiempo, como albergue para la población de indigentes de Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica.

Mercado abierto

Se calcula que en el barrio, integrado por unos siete bloques de viviendas, viven unas dos mil personas y todas buscan lo mismo.

En las calles se puede ver a los usuarios tirados en el suelo, envueltos con cobijas sucias o desplomados sobre sofás abandonados en el exterior.

Nadie esconde el motivo por el que están allí: comprar, consumir libremente o vender crack.

Hace unos años la zona era considerada tan peligrosa que ninguna autoridad, ni siquiera la policía, se atrevía a entrar.

Pero con la epidemia de crack que comenzó a asolar a Brasil -se calcula que un millón de personas son adictas a la droga en este país- el gobierno decidió lanzar una serie de medidas para combatir el problema.

Las varias iniciativas de las últimas dos décadas incluyen tanto operativos de mano dura, como la redada realizada este domingo por la policía, como programas y métodos de reinserción social.

El domingo, en un operativo que involucró a unos 500 policías armados, fueron arrestadas unas 40 personas por delitos de tráfico de drogas.

 Los habitantes de Cracolandia respondieron destruyendo automóviles y saqueando tiendas.

Otras iniciativas incluyen programas sociales como el de Bracos Abertos (Brazos Abiertos), implementado por el previo alcalde de Sao Paulo, el izquierdista a Fernando Haddad, que intenta resolver la adicción por medio de la terapia y asesoría para reducir los daños causados por el uso de crack.

En 2016 Mylena decidió participar como voluntaria en uno de los programas de ayuda de Cracolandia para poder buscar más de cerca a su padre.

Así lo encontró y por primera vez en 20 años padre e hija pasaron navidad juntos, en la casa de la madre de Mylena, la comerciante Irene Cavalcanti.

“Finalmente tuvimos un encuentro familiar”, le dijo la joven a BBC Brasil.

Su padre, de 52 años, que pidió no revelar su verdadero nombre, no ha dejado el crack.

Pero dice que ahora consume menos y Mylena lo visita cada 15 días en el hotel donde vive en Cracolandia.

“Remodelación”

Tras el operativo de este domingo, el alcalde de la ciudad, Joao Doria, declaró que la operación marcaba el fin de la impunidad en la zona.

Los críticos, sin embargo, aseguran que la medida simplemente llevará el problema a otras partes de la ciudad.

Doria prometió derribar muchos edificios de la zona y remodelar las calles aledañas a la estación de trenes Luz, que en la última década ha sido un mercado público de crack.

“Cracolandia ya no existe y ya no regresará. El gobierno no lo permitirá”, dijo el alcalde durante la operación.

También anunció que se instalarán cámaras de CCTV en el área.

Este, sin embargo, no es el primer operativo de este tipo que se lleva a cabo en Cracolandia. En el pasado se ha detenido a traficantes y varias calles del barrio han sido clausuradas.

Sin embargo, hasta ahora, estos operativos parecen haber fracasado. Y los programas sociales, como el Brazos Abiertos, parecen tener un futuro incierto.

El alcalde Doria anunció durante una conferencia de prensa que “la policía será desplegada de forma permanente y el problema será reducido”.

Pero tal como él mismo lo admitió, “será difícil poner fin a este problema histórico”.

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