Odisea de una burrier en el Perú

Fecha: 22 de mayo de 2014
Por: Katya Pinedo y Jérôme Mangelinckx
Fuente: Ajuaa.com.

Fuente: Ajuaa.com.

La realidad de los y las burriers detenidos en el Perú es muy dura. Si bien algunos deciden transportar drogas por razones económicas, otros han sido utilizados y/o amenazados. Los burriers son actores fácilmente intercambiables y representan los últimos eslabones de la cadena del  tráfico de drogas; por ende, su detención no afecta la dinámica del tráfico. Sí tiene un impacto sobre la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y los costos asociados a su internamiento.
La privación de la libertad no es el único castigo que sufren los internos extranjeros en los penales del Perú. Muchos no hablan el idioma español, no tienen contacto o apoyo de sus familias y embajadas y, sobre todo, desconocen el sistema penal peruano, que dependiendo del lugar es o no reformado. Éste prevé penas muy severas para las personas involucradas en delitos de drogas, sin distinción ni guardando proporcionalidad; sin embargo, en la experiencia del Consultorio Jurídico del Centro de Investigación Drogas y DDHH (CIDDH), observamos que la gran mayoría de personas detenidas por tráfico ilícito de drogas no son grandes criminales y, según el INPE, no tienden a reincidir.
Nuestro Consultorio Jurídico brinda apoyo legal a mujeres detenidas por delitos de drogas ya que 6 de cada 10 mujeres internadas lo están por este tipo de delito. Noelia, de 28 años, es una de ellas. Esta colombiana fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez con un kilo de cocaína en cápsulas que había ingerido. Fue sentenciada a una pena de 7 años e internada en el penal de Ancón II, en las afueras de la capital. Solicitó el apoyo legal del CIDDH en defensa de su beneficio penitenciario ante un Juzgado Penal del Callao.
Su audiencia fue reprogramada en varias oportunidades por un tema económico, el pago de la reparación civil que no podía efectuar ella mientras estuviera presa. En efecto, en el juzgado nos informaron que el pago de la reparación civil que había abonado mientras estaba en el penal era mínimo, por lo cual se suspendió la audiencia en varias oportunidades y para que pudiera tratar de una mayor cantidad de dinero. Recordemos que muchos burriers decidieron transportar drogas debido a la situación económica precaria en la cual se encontraban. Por lo tanto, el pago de la reparación civil representa una carga adicional para estas personas que tienen como único y escaso ingreso los talleres en los penales. Finalmente, se pudo pagar parte de la reparación civil con el apoyo de su futura empleadora (quien le brinda un hogar también) y el CIDDH.
Finalmente, el 15 de mayo del presente año, luego de 42 meses de prisión efectiva, le otorgaron su libertad a Noelia gracias al apoyo del Consultorio Jurídico del CIDDH. Cabe precisar que tuvo opinión favorable del Fiscal, el cual no apeló la decisión. Salió en libertad dos días después.
Sin embargo, su odisea no acaba aquí. Todavía tendrá que quedarse en el Perú hasta cumplir su sentencia de 7 años y pagar la totalidad de su reparación civil. Noelia tuvo la suerte de ser acogida por una persona – una religiosa que trabaja en los penales – y quien la dará un trabajo y un hogar. Pero, ¿qué ocurre en el caso de las personas que no tienen esta suerte? Muchos quedan abandonados a su suerte sin documentos y sin posibilidad de encontrar un trabajo formal. Así muchos ex burriers se refieren a la etapa post-penitenciaria como a un castigo suplementario, una suerte de secuestro, ya que no pueden tramitar su regreso a su país. Esta problemática es clave para el CIDDH que se encuentra acualmente coordinando acciones con el Ministerio de Justicia a fin de encontrar un mecanismo distinto que agilice la salida del país para extranjeros que cumplen una pena privativa de la libertad.
Es necesario, no solo por una cuestión de costo-beneficio sino también humanitaria, encontrar formas alternativas para luchar contra el tráfico de drogas ya que los castigos severos no previenen ni disuaden la comisión de un delito y apuntan a los eslabones más débiles de la cadena. Llenar las cárceles de personas acusadas de tráfico de drogas no ha frenado su crecimiento; solo ha contribuido a generar otras problemáticas a nivel social y económico. Es tiempo de cambiar de estrategia.
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