Editorial: Elecciones, municipios y uso de drogas

Fecha: 03 de octubre de 2014

Por: Ricardo Soberón

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Llega al final una corta campaña de cara a las elecciones Municipales y Regionales en el país, este 5 de octubre. ¿Qué tiene que ver esto con nuestros temas? Mucho, pues se trata del primer nivel de autoridad entre la comunidad y el Estado. Además, porque hay una enorme diferencia entre el “roba, pero hace obras” de ciertos candidatos, y la posibilidad de una alguna propuesta honesta y transparente.

En primer lugar, si se trata de Municipios urbanos como los que hay en Lima Metropolitana, el problema fundamental es permitir un trabajo cooperativo con la PNP y Serenazgo para que no se pierda tiempo ni recursos deteniendo usuarios o gente que posee dosis personales. Actualmente la PNP ocupa más del 60% de sus recursos y tiempo en operativos que detienen el expendio o la posesión.

El costo de oportunidad es enorme, dado que esa gran cantidad de recursos podría ser utilizada para contrarrestar las actividades ilícitas de los grandes narcotraficantes. Frecuentemente, los municipios limeños dependen de las partidas que les da DEVIDA. No obstante, la voluntad política para analizar cuidadosamente estos asuntos es virtualmente inexistente. La experiencia ha demostrado que la mayoría de alcaldes distritales no tiene un plan concreto para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, dependiendo así de la politizada y conservadora DEVIDA para el diseño y aplicación de políticas públicas determinadas que, a fin de cuentas, no producen resultados efectivos a largo plazo.

En segundo lugar, abordar el problema de uso problemático de drogas por fuera de la política criminal debe ser un eje central de una política municipal sobre el tema. Una señal clara sería la flexibilización de las normas de ordenamiento municipal y el emprendimiento de un proceso de formalización de los centros terapéuticos informales que existen en cada jurisdicción, además de su constante fiscalización para evitar los serios abusos a Derechos Humanos que éstos suelen cometer (46 muertes en estos Centros de Rehabilitación).

En suma, creemos necesario que los discursos políticos (y las políticas públicas que los materializan) desliguen el tema drogas con la (in) seguridad pública, y abordarlo como lo hacen en otros países, como un asunto individual de las personas, y en un extremo, de salud pública. Es cierto que existe una correlación, mas no una causalidad. Y frente a esta situación es que el Estado peruano necesita desarrollar políticas distintas a las represivas para evitar estos fenómenos estadísticos.

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