Eln y el narcotráfico: una relación peligrosa

Los nexos con el narcotráfico son uno de los temas que más se cuestionan a la guerrilla. Laura Bonilla, de la Corporación Nuevo Arco Iris, documentó en 2008 hasta qué punto llegan esos lazos en el caso del Eln. El Espectador reproduce un capítulo de esa investigación.

Hasta el año 2007, no era posible establecer una relación directa entre la dinámica armada del Ejército de liberación nacional y las economías del narcotráfico. Hacia junio de dicho año, una serie de informes oficiales del Sistema de Alertas Tempranas de la defensoría del pueblo advirtieron de un posible acuerdo entre las estructuras regionales del Eln y “Los Rastrojos” – un grupo privado al servicio de Wilmer Varela, capo del narcotráfico del norte del Valle. Las interpretaciones de la supuesta alianza tienen varias dimensiones que afectan de forma contundente el desarrollo de los acercamientos de paz entre esta guerrilla y el gobierno nacional.

Dadas las características históricas del Eln y lo poco que se conoce sobre relaciones y alianzas anteriores con sectores del narcotráfico, es difícil establecer si existe o no una vocación de permanencia de la relación, si las estructuras se encuentran promoviendo parte de la cadena de producción o por el contrario se trata una relación transitoria. Cualquiera que sea la explicación más adecuada, el contexto actual implica que una relación de este tipo puede llegar a ser nociva para la posibilidad de diálogo y negociación con esta guerrilla, no sólo por la entrada de recursos económicos y el acceso a la logística urbana de este tipo de grupos, sino también por la complejización de los órdenes sociales existentes y el endurecimiento del panorama social regional alrededor de la posibilidad de diálogos locales.

No obstante, los antecedentes del conflicto armado colombiano indician que los grupos armados ilegales – entre ellos las guerrillas – en los últimos veinte años han manifestado cierto ordenamiento territorial alrededor del cual se establecen unas estructuras móviles de tránsito como las columnas, unas estructuras urbanas de provisión logística (en municipios de menos de quinientos mil habitantes), unos frentes de control de zonas rurales despobladas, pero también una serie de asentamientos alrededor de economías de extracción de las cuáles pueden obtener un nivel importante de recursos económicos a un costo más bajo que en cualquier modalidad.

De tal forma, la división territorial ha implicado durante siglos que tanto las guerrillas como los grupos privados del narcotráfico y los grupos paramilitares (con posterioridad) confluyan en una serie de puntos geográficos que dadas las características anteriores son más o menos apetecibles para los propósitos de uno u otro grupo, particularmente en las regiones donde dicha vocación es casi con exclusividad la extracción de rentas – públicas o privadas. En el caso particular del Eln, una revisión histórica somera permite establecer los momentos en los cuáles han coincidido territorialmente con el narcotráfico y las formas en las cuáles se desarrolló la relación. La pregunta orientadora sería la que nos permita entender por qué mientras las Farc lograron involucrarse directamente en la cadena del narcotráfico y someter en regiones enteras tanto la base campesina cocalera como algunos mandos de los ejércitos privados, en el caso del Eln la relación ha sido mayoritariamente antagónica. Una pregunta complementaria debería generar la reflexión sobre el por qué en años recientes, esta tendencia histórica se ha modificado – al menos en apariencia.

 

Antecedentes de la Intervención Territorial y la división urbano – rural en el Eln

El Ejército de liberación nacional ubica su momento fundacional el 4 de julio de 1964, reivindicando una base eminentemente campesina y proveniente de la parte santandereana de la cordillera oriental, particularmente Simacota y San Vicente de Chucurí. Para el momento, esta zona era considerada un puerto agrícola y comercial que abastecía no sólo a la zona agraria del magdalena medio, sino a ciudades importantes como Bucaramanga , capital del departamento. La consigna fundamental en el momento, tal y como lo narra Milton Hernández, era el nacionalismo, la crítica al bipartidismo, la integración regional y el problema agrario. Sin embargo, estas consignas primarias estarían marcadas por la vocación urbana de los líderes y dirigentes universitarios y obreros, que determinarían la línea política y el tipo de intervención en el territorio de este grupo guerrillero.

De tal forma, una línea urbana se encargaría durante el primer período de la línea política y la organización de soporte, mientras se creaban núcleos combatientes en la zona rural de Santander . En los primeros años, la economía guerrillera se nutría de “donaciones” de simpatizantes en las ciudades y en la zona rural de ataques frecuentes a la Caja Agraria. Fue precisamente en esta zona rural, donde las estructuras posteriores entrarían a dictar un determinado ordenamiento social y a suplantar funciones de justicia, mediar en problemas de la población y generar un nivel mínimo de infraestructura pública, a cambio de la provisión de redes logísticas y apoyos de la población civil.

Hacia finales de la década de los sesentas, las reivindicaciones se sintetizaban en el manifiesto de Simacota, en el cual se concretaba la exigencia de reforma estatal y apertura política, con un nivel de detalle que iba desde la exigencia de la reforma educativa y la promoción del desarrollo industrial, hasta el fomento del deporte y el folklor nacional. En los inicios de la década de los setentas, la creación de nuevos frentes rurales como el Camilo Torres Restrepo contribuyó a la generación de contradicciones entre las diferentes dirigencias, que concluyeron en una serie de juicios y sanciones a militantes, mayoritariamente urbanos y a la priorización del crecimiento militar. Sumado a esto, gran parte de las bajas y capturas del momento fueron de militantes urbanos o simpatizantes universitarios y obreros, a pesar de que en este sector se presentó el mayor crecimiento en términos orgánicos.

La primera expansión rural del Eln en la década de los setentas tiene lugar en el departamento de Santander, el Sur de Bolívar y el Nordeste antioqueño, mientras que la urbana se centra en ciudades importantes como Bucaramanga, Medellín y Cali, basada en las simpatías generadas entre la Unión Sindical Obrera y los movimientos universitarios. Las acciones armadas en el escenario rural permiten el acceso a una serie de recursos bélicos y logísticos, en la medida que se procuraba mantener una base de apoyo campesina para la provisión logística. Se asegura que el Eln habría logrado reunir 35 millones de pesos además de equipo e infraestructura.

En este escenario, a mediados de 1973, el ejército adelanta la llamada operación “Anorí”, buscando controlar 20 municipios del nordeste antioqueño, en los cuáles el Eln ya adelantaba extorsiones a empresarios y ganaderos locales, al mismo tiempo que fortalecía presencia en las zonas mineras, cafeteras y cañeras. Posterior a la operación, se promulgó de forma temprana la derrota del Eln, en tanto la mayor cantidad de combatientes y frentes se encontraba en el departamento de Antioquia. Se calcula que anterior a anorí, esta guerrilla contaba con una fuerza rural de 250 hombres, de los cuáles sobreviven 70. Adicional a las bajas de combatientes sólo permanece con vida un miembro del Estado Mayor. No obstante, los núcleos urbanos permanecieron y recompusieron mayoritariamente la estructura guerrillera alrededor del plan estratégico del entonces comandante Manuel Vasquez Castaño, con centro principal en la ciudad de Medellín. El plan estratégico fue desarrollado sin la presencia de Vasquez, quien murió la operación.

Posterior a Anorí, el Eln comienza a funcionar en torno a cuadrillas y compañías al mando de los líderes más representativos que asumieron el mando posterior a la derrota. Al mismo tiempo se diseñó un modelo de desdoblamiento de frentes con un impacto importante en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá, aunque sin una relación directa entre los sectores urbanos. La “primera Asamblea Nacional” de 1974 o asamblea de “Anacoreto” evidencia la discusión interna entre sectores urbanos y rurales, los primeros acusados de negligencia y “aburguesamiento” y los segundos de militaristas. Al mando de Fabio Vasquez Castaño los dirigentes urbanos conocidos como “los bertulfos” fueron fusilados . En 1978 el Eln se reestructura creando una Dirección Nacional Provisional, conformada por representantes de los frentes Manuel Vasquez Castaño, Jose Antonio Galán y Camilo Torres y las regionales Costa Atlántica, Antioquia, Valle, Santander y Bogotá. La recientemente nombrada dirección aprueba la creación del frente Nororiental, de la Comisión Nacional Sindical y de la coordinadora del sector cristiano.

Para esas fechas en el departamento de Arauca, un sector de los comités agrarios junto con algunos sobrevivientes de anorí conformarían una estructura guerrillera bastante autónoma que posteriormente en los ochentas sería reconocida por la dirección nacional del Eln como el frente Domingo Laín, el cuál marcaría una pauta importante con el descubrimiento de yacimientos petroleros en 1983.

En 1981 se genera una nueva ruptura entre los frentes rurales y los urbanos, liderada por Ricardo Lara Parada y otros militantes que fundan la tendencia Camilo Torres Restrepo junto con el colectivo “15 de febrero” con la intención de inscribirse en la política de diálogo con el gobierno nacional. En 1982 se crea la Dirección Nacional integrada por un representante de cada frente. En este momento también se crea – bajo el control de la Dirección – un Equipo Auxiliar, conformado exclusivamente por militantes urbanos.

En la década de los ochentas, las estructuras se organizan en grupos estables y el llamado “trabajo de masas” fue también organizado, controlado y planeado. Tal vez una de las decisiones más importantes tomadas en la tercera reunión fue la separación de la Dirección Nacional de los espacios urbanos para funcionar exclusivamente desde las zonas rurales de mayor control. Para mediados de la década la crisis de los setentas había sido reemplazada por varias campañas de expansión territorial y por la creación acelerada de frentes guerrilleros así como estructuras o núcleos urbanos. A nivel interno, la discusión comenzaba a centrarse en la consecución de recursos para mantener el crecimiento. Temas como las economías ilícitas y el secuestro se mantenían en la agenda interna, aunque sin aceptación explícita por parte de las reuniones nacionales, aunque particularmente en las estructuras urbanas la postura era más proclive a la participación o inclusión en ellas.

En 1985, el frente Domingo Laín es reconocido oficialmente como parte de la estructura guerrillera del Eln, a pesar de la dinámica autónoma y en ocasiones opuesta a las directrices nacionales. Mayoritariamente rural y de base campesina, la organización de este frente fue la primera de esta guerrilla con una clara vocación de suplantación estatal en las funciones de justicia, e incluso de construcción de infraestructura básica en municipios aislados del departamento. Con el desarrollo de las zonas petroleras, el Laín obtiene un acceso tal a recursos – por extorsión, impuestación o secuestros – reunir el primer millón de dólares que ingresa en Colombia a la economía de la guerrillas.

Por otra parte, en 1984 se crea una expresión unificada del trabajo amplio o de masas que agrupaba los comités de integración sindical, el movimiento Paz y Libertad y los Colectivos de Trabajo Sindical en la cual se centran gran parte de los esfuerzos de la presencia urbana. Esto condujo en la segunda mitad de la década a la concentración del accionar propiamente guerrillero en campañas orientadas a la disputa con las multinacionales petroleras y a concentrar la mayor parte de esfuerzos en las zonas de extracción como Arauca y Barrancabermeja. Esta lógica también se pone como punto principal de las campañas desarrolladas que en las zonas permitían la extracción de recursos de las economías petroleras de enclave.

En el departamento de Antioquia, la presencia urbana obtuvo un crecimiento importante en las comunas marginales de Medellín, mediante la conformación de núcleos urbanos que compartían territorio con las llamadas milicias del Eln. A mediados de la década estas milicias se encuentran con los sectores del narcotráfico que perciben en la zona la posibilidad de establecimiento de un orden social favorable para la obtención de rentas sociales y el control del negocio en auge de la coca. Gran parte de los militantes o milicianos de las guerrillas en los barrios populares de Medellín se sienten atraídos por la obtención de rentas individuales y el ascenso social que permitía la participación en el negocio del narcotráfico. No obstante para el momento la posición formal del Eln frente al narcotráfico estaba determinada por la influencia del discurso cristiano de la Dirección Nacional encabezada por el sacerdote Manuel Pérez, por lo cual la posición expresada de forma oficial en el II congreso de 1989 rechazaba la participación, incluso en la producción de hoja de coca o en su cuidado . En los documentos del congreso, se aducía la descomposición social no sólo de la población, sino también de la base guerrillera así como la reducción del cultivo de productos de pancoger y el detrimento de las organizaciones agrarias cercanas a la línea política del Eln. De la misma forma se incluyó una consideración moral acerca del uso de los estupefacientes y la degradación del ser humano .

Aseguraba textualmente el II Congreso :

* Asumir un deslinde categórico con las mafias del narcotráfico.
* Buscar un camino soberano para resolver el problema en Colombia diferenciando el intervencionismo de la política antidrogas de los Estados Unidos
* No a la extradición
* Favorecer políticas de sustitución de cultivos, restricción del comercio de narcóticos, rehabilitación de drogadictos y educación sobre los daños que acarrea el consumo de drogas
* Confrontar a la burguesía narcotraficante
* Buscar una posición común en el movimiento revolucionario colombiano en términos de diferenciarse del narcotráfico, con la finalidad de legitimarse ante la comunidad internacional
* Propender hacia acuerdos que busquen crear instrumentos internacionales para superar el problema.

El alto flujo de recursos también permitió a esta guerrilla aislarse y observar de forma crítica los acercamientos de paz de la década de los ochentas, incluso a pesar de los fuertes golpes sufridos en zonas como el suroccidente del país.

Fue precisamente posterior a 1985 el momento en el cual la relación tanto con los ejércitos privados del narcotráfico y los carteles de la droga se torna particularmente tensa. En el caso del suroccidente, la disputa con el narcotráfico ocasionó casi el aniquilamiento del frente Luis Carlos Cárdenas que operaba en el Cañón de las Garrapatas – importante corredor de movilidad que une al departamento del Valle del Cauca con el litoral pacífico. Este episodio de casi diez años, en el cual el cartel del norte del Valle logra el control territorial y la instauración de un orden social determinado sitúa en el suroccidente del país la relación con el narcotráfico como una relación de confrontación, de la misma forma que en Antioquia y el Sur de Bolívar.

Por el contrario en ciudades como Medellín llegó a presentarse – en medio de la disputa entre carteles del narcotráfico y gobierno – una alianza tácita con Pablo Escobar que favorecía el crecimiento de las milicias y núcleos urbanos mientras las bandas del cartel de Medellín se encargaban de matar miembros de la policía nacional. Cabe anotar que el tema del narcotráfico en la década de los ochentas no sólo fue discutido por el país legal, sino de igual forma incidió y modificó las relaciones de los grupos guerrilleros con la población y con las economías de los entornos en los cuáles se hizo presencia.

Posteriormente en los documentos de los acercamientos de Tlaxcala (México) con el gobierno de Cesar Gaviria (1991 – 1992) se ratifica la postura formal, aunque para los años noventas, la directriz oficial comenzó a romperse particularmente en las zonas de Antioquia, Arauca y algunas partes del sur de Bolívar. Es precisamente a mediados de esta década donde la postura sería revaluada – al menos en el tema del cobro de gramaje a la pasta básica o a los insumos químicos – en tanto en 1994 el deslinde con el sector rural se evidencia en la negociación y desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista, que contenía un importante sector
Dadas las nuevas condiciones de la década, la presencia fuerte se concentra en el mantenimiento y el control de los territorios donde se había tenido cierta fuerza al mismo tiempo que entraba en detrimento el trabajo urbano, quedando pocos puntos de interlocución con la sociedad civil y con las organizaciones sociales, por lo cual se plantea un esfuerzo por mantener las interlocuciones con los sindicatos petroleros casi con exclusividad. Los procesos de paz de los años noventas, establecen como nuevo contexto la posibilidad de una izquierda democrática y legal que copta rápidamente los antiguos espacios de interlocución urbana, aislando de forma fáctica los sectores guerrilleros de su posible interacción o interlocución en las ciudades.

En el mismo momento, aquellas zonas de grandes ciudades que habían sido proclives a la formación de milicias urbanas fueron rápidamente cooptadas por otro fenómeno armado muy ligado a las estructuras del narcotráfico y a la alianza en sectores urbanos entre éstos y los grupos paramilitares, particularmente en el caso de Medellín. En este caso la disputa entre los diferentes grupos de paramilitares durante toda la década de los noventas hasta el establecimiento del control absoluto del Bloque Cacique Nutibara.

A mediados de la década de los noventas, la ciudad de Medellín en la cual se había utilizado la estrategia de utilización de bandas barriales y creación de milicias vive una profunda fragmentación territorial y de sectores armados, la cual dividió tajantemente aquellas estructuras nombradas exclusivamente como bandas que se autodenominaban de autodefensa barrial y aquellas que estaban liadas a las estructuras de las guerrillas. A partir de 1997 estas últimas serían aniquiladas o captadas por el narcotráfico y el paramilitarismo hasta el despliegue de la operación Orión en los primeros años del siglo XXI. Al mismo tiempo en los sectores bogotanos o caleños se vivía una situación similar alrededor de la oferta de bandas y grupos de narcotráfico que ubican la relación de el Eln con esta economía ilegal en un nuevo punto de antagonismo, más evidente y ligado al discurso contrainsurgente de los grupos del narcotráfico que – en el caso del suroccidente – se integran al fenómeno de las AUC en 1997.

De la misma forma, ciudades de presencia importante como Barrancabermeja sufren la arremetida del paramilitarismo, anulando la posibilidad de interacción con sectores sindicales petroleros o barriales, donde la presencia era importante, fuerte y evidente.

A diferencia de las Farc, el Eln no se traslada a zonas de economías cocaleras, sino busca permanecer en sus retaguardias históricas, básicamente en el sur de Bolívar, el Catatumbo en Norte de Santander, Nariño y Arauca. Este último departamento asumió a puertas del siglo XXI la financiación casi absoluta de la estructura armada del Eln que había perdido casi en su totalidad su anterior presencia urbana.

De tal forma, la aparición de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar y el Catatumbo, así como la llegada del Bloque Central Bolívar, el Bloque Catatumbo, el Bloque Libertadores del Sur y frentes de la guerrilla de las Farc buscando el control de las zonas de cultivo y producción de coca, sitúa al Eln en una nueva disyuntiva que termina por aislarlos en muchas de sus regiones a zonas selváticas y menos pobladas, sin un correspondiente respaldo con las bases cocaleras que fueron más favorables a la interacción con otros grupos. No obstante, en regiones como el Catatumbo se plantea el cobro de gramaje, que aunque logró mantener el control sobre la zona rural de algunos municipios no fue suficiente para garantizar el nivel de presencia anterior.

El Sur de Bolívar fue la primera zona en la cual el Ejército de Liberación nacional por medio del frente Jose Solano Sepúlveda comenzó a cobrar gramaje sobre los kilos de pasta de coca producida, trasladando esta práctica hasta la zona cercana a cimitarra, Santander. Omar Gutiérrez asegura en su estudio sobre los cultivos ilícitos en la región:

El Eln cobra $50.000 por cada kilo de base de coca producido. Las Farc cobran el 10% del precio del kilo ($220.000). Las AUC compran la base de coca en las cabeceras municipales y fijan el precio de la misma ($2.200.000 por kilo de base de coca ).

Se rompe para entonces la postura oficial, informalmente hasta que en el siglo XXI se discute nuevamente la postura frente a la impuestación que fue aprobada por primera vez en el congreso realizado en el año 2006, aunque había sido discutida en los plenos de dirección nacional de años anteriores. Es precisamente en el año 2006 el momento en el cual se comienza a plantear en los frentes del suroccidente la posibilidad de interlocución con las economías ilícitas del narcotráfico para la consecución de recursos, lo cual según información obtenida en trabajos de campo por el equipo de la Corporación Nuevo Arco Iris y el CERAC, tiene asiento y relación en la disputa con la guerrilla de las Farc alrededor del acceso a las rentas de los cultivos ilícitos en los departamentos de Arauca y Nariño. En el primer departamento, tanto la llegada de mayor infraestructura, el mayor nivel de presencia y control estatal a nivel municipal y la guerra con las Farc ocasionaron una baja en los posibles accesos a recursos, que mermaron la capacidad de financiación sin recurrir a las economías ilícitas y al circuito de la coca.

No obstante, tal y como se analizará a continuación, no es posible comprobar la existencia de una correlación directa y nacional entre la presencia activa del Eln y su interacción con el narcotráfico, al menos al nivel de cultivos ilícitos. La entrada del Eln al circuito puede tener consecuencias nocivas para la negociación y la paz, pero en el mismo sentido no es alta la probabilidad de una entrada nacional y directa, en tanto la estructura jerárquica de esta guerrilla, los niveles de toma de decisión y la posibilidad de un acceso real a los mismos ha desatado a nivel interno una discusión que no necesariamente puede desembocar en una aceptación general.

El debate interno sobre la participación del Eln en las estructuras del narcotráfico está directamente ligado a la discusión en torno a la continuidad de los diálogos o el retorno a una estrategia de crecimiento militar y replanteamiento de la acción guerrillera sin desmovilización. La solución – posiblemente rápida – de esta disyuntiva en los plenos de dirección nacional determinará la continuidad del establecimiento de alianzas o el cobro de gramajes, o por el contrario finalizará el ciclo que se inició en el año 2006 con graves consecuencias en la situación humanitaria de los pobladores de los departamentos de presencia.

Presencia Activa y Pasiva del Eln y relación territorial con las economías ilícitas.

La presencia activa de un grupo determinado se refiere a su capacidad de ofensa y su intención directa de hacerlo, que lo lleva al ejercicio bélico directo con intención clara de confrontar para la consecución de un objetivo parcial o de largo alcance, o para la obtención de rentas y necesidades.

La presencia activa permite un acercamiento metodológico entre las dinámicas poblacionales y productivas, así como a la vocación de los actores armados por controlar o mantener presencia estable en un territorio específico, así como el tipo de presencia y el impacto institucional y sobre la población civil.

Otro tipo de información importante para determinar la presencia y sus categorías, es la información directamente recolectada en la región, de fuentes directas e institucionales acerca de la situación al día de hoy de la dinámica conflictiva, así como los reportes de los actores en conflicto sobre su propia presencia y los impactos en violaciones de derechos humanos que puedan indicar otro tipo de ejercicio bélico, sin vocación de confrontación directa con el opositor armado.

Para el caso particular, la presencia activa permitirá establecer si existe o no una relación directa entre la presencia de cultivos ilícitos y la del Eln, y en qué medida esta guerrilla logrará o no acceder a las rentas del narcotráfico de forma general.

Por otra parte, la presencia pasiva determina no solamente aquellas zonas donde se mueven o transitan los diferentes frentes o columnas, sino también aquellas donde la presencia ha sido estable ya sea por ausencia de competencia armada o por realización de acuerdos con otros grupos armados. La presencia pasiva es medida por una correlación entre la presencia manifiesta en frentes por parte del propio grupo, testimonios de trabajo de campo e informes regionales de organizaciones y fuentes oficiales sobre la presencia regional.

Presencia Activa Actual del Eln

La presencia medida en acciones bélicas del Ejército de Liberación Nacional ha sufrido una caída durante los últimos cinco años. Sin embargo se mantienen el número de estructuras armadas en los departamentos de presencia histórica, así el accionar bélico haya sido disminuido.

El año 2005 fue el punto máximo de acciones bélicas que se debe a un mayor número de combates tanto con la fuerza pública como con la guerrilla de las Farc a raíz de los enfrentamientos del departamento de Arauca. Un análisis del tipo de acciones bélicas realizadas puede indicar con mayor certeza las causas de los picos y las bajas en la dinámica militar de esta guerrilla.

Tal y como se había mencionado, durante el año 2004 el Eln se encuentra en un repliegue armado fuerte que se rompe con un mayor número de ataques y combates por iniciativa de la fuerza pública, lo que obliga no solamente a la respuesta armada, sino al traslado de frentes a zonas menos pobladas. Si bien en el año 2005 se intentan algunas acciones de iniciativa propia como las emboscadas a patrullas pequeñas o grupos de militares, así como algunos ataques a infraestructura no militar, a partir del año 2006 se ratifica la tendencia bajo la cual se presenta un alto número de combates y por otra parte se reducen el número de ataques por iniciativa de los frentes guerrilleros. Es posible que esta tendencia obedezca a una orientación de dirección para ocultar presencia o para garantizar un repliegue en tanto se obtienen mayor número de recursos y se recompone la fuerza. La brecha y separación urbano – rural de la guerrilla del Eln también impactó en el nuevo siglo la acción de esta guerrilla, en tanto sus escenarios de mayor experticia en la consecución de recursos como eran cabeceras municipales de los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander, no son al momento lugares de fácil acceso y mucho menos de permanencia.

La recomposición de una estructura urbana no meramente militar que les permita acceder a otro tipo de rentas públicas y privadas a nivel municipal ya no es una posibilidad desde la lógica de operación que marcó la década de los ochentas o la primera mitad de los noventas. Por otra parte los tipos de presencia rural sin una vinculación directa ni con la base de las economías legales o ilegales, ni con circuitos urbanos hace que la permanencia de la misma se ponga en alto riesgo, particularmente si esta no está correspondida con una dinámica bélica activa y de iniciativa propia.

Gustavo Duncan señala a este respecto y de forma bastante pertinente que los cambios y traslados de las fronteras agrarias en el caso de las guerrillas, afectó el impacto de los discursos ideológicos para la generación de algún nivel de lealtades en sus regiones de influencia. En el caso de la guerrilla del Eln, los cambios operados a nivel agrario por la expansión de los cultivos ilícitos tuvieron un impacto diferente y más dramático que en el caso de la guerrilla de las Farc. El Eln no representa para los pobladores cocaleros una representación de sus necesidades ni una defensa clara de sus intereses, necesidad que en las regiones de presencia histórica fue suplida en un primer momento por los grupos paramilitares, los ejércitos privados del narcotráfico y en menor medida por algunos frentes o estructuras de las Farc.

Evidentemente las reivindicaciones formales de la guerrilla del Eln sobre la reforma moderna del estado y el acceso equivalente a los recursos públicos – tal y como se planteó desde el primer manifiesto de Simacota en los sesentas, hasta el último congreso del 2006 – no resulta atractiva para las nuevas poblaciones rentistas de la economía del narcotráfico e inmersas en su orden social. Por otra parte, aquellos sectores sociales que disputan este tipo de órdenes se encuentran recogidos y representados en alternativas legales o políticas que van desde algunos gobiernos locales, organizaciones gremiales pequeñas de economías legales distanciadas y en confrontación con el narcotráfico, hasta los Programas de Desarrollo y Paz o plataformas de exigencia de derechos humanos, Organizaciones No Gubernamentales y entidades de cooperación internacional. Tal vez el caso más representativo de esta situación se presenta en el Sur de Bolívar, región en la cual las estructuras armadas del Eln no logran recoger los sectores de población asociados a las economías ilícitas, pero tampoco las federaciones agromineras o las comunidades organizadas en torno a reivindicaciones como la paz o el desarrollo lícito regional.

En este punto sería importante observar a nivel departamental la relación entre la presencia activa y las acciones bélicas, llegando al nivel de detalle y observación de los frentes de presencia del mismo. La siguiente tabla muestra al año 2007 las estructuras con un nivel mínimo de actividad del Eln por departamento y municipios de acción.
De esta forma, la presencia activa del Eln al año 2007 se traduce en 27 frentes guerrilleros, dos Columnas y una compañía, ubicadas en doce departamentos y 36 municipios de los cuáles solo dos corresponden a capitales de departamentos en el caso de Norte de Santander y Yopal, aunque según el registro de las acciones bélicas.
No obstante para realizar una comparación con las zonas de cultivos y economías del narcotráfico, se hace necesario observar al menos tres años de acciones bélicas para determinar en promedio donde existió en el período entre el 2005 y el 2007 presencia activa de esta guerrilla en coincidencia con cultivos ilícitos.
Según los censos municipales de cultivos ilícitos desarrollados por UNDOC, de los doce departamentos con presencia del Eln, las acciones bélicas corresponderían para el año 2007 a sólo ocho departamentos con cultivos ilícitos. Si se toma como muestra representativa un promedio de acciones bélicas desde el 2005 hasta el 2007, este número aumenta a diez, incluyendo el departamento del Chocó con el frente Cimarrón y el departamento de Caldas con el frente Carlos Alirio Buitrago, aunque es evidente que en el último año este centró su accionar en el departamento de Antioquia, en cercanías del bajo cauca, comunicándose con Caldas.
De forma detallada, en los diez departamentos seleccionados por registrar en el año 2005 y el 2006 presencia de cultivos ilícitos según el SIMCI se analizará la correlación por cada uno de los frentes, columnas y compañías que registraron presencia promedio superior a 1.5 acciones bélicas por año desde el 2004 hasta el 2007.

Entre los años 2005 y 2007, en el departamento de Antioquia, los frentes de presencia activa del Eln, cada uno de los cuáles está conformado en promedio por 50 combatientes, bajaron drásticamente el número de acciones bélicas. Por otra parte, si se analiza la presencia municipal de estos frentes contra los cultivos ilícitos registrados, se encuentra que el frente Jose Antonio Galán es el que tiene presencia en un mayor número de municipios con cultivos ilícitos que son: Zaragoza, Tarazá, Segovia, Remedios y San Francisco. De ellos, Segovia, Remedios y San Francisco registraron aumento en las hectáreas cultivadas de coca entre el 2005 y 2007, destacándose el crecimiento del área cultivada de San Francisco que pasó de 27 hectáreas a 127 y Segovia que pasó de 403 a 604. El resto de municipios tuvieron crecimiento moderado y los demás tendieron a la baja.
Sin embargo en ninguno de los municipios que registraron alza en las hectáreas cultivadas se registró aumento de las acciones bélicas del frente.

El segundo frente en número de muncipios con cultivos ilícitos es el frente Ernesto Che Guevara en Amalfi, Anorí y Campamento que también registraron aumentos importantes, destacándose anoría que pasa de 759 hectáreas a 836 al mismo tiempo que se constituye el municipio de Antioquia con mayor presencia activa del Eln, aunque con una disminución significativa en el año 2007. A nivel de municipios, El Bagre también resulta representativo en términos de la intención de control de territorio, puesto que hacen presencia tres estructuras guerrilleras: el frente Guillermo Ariza, el Carlos Alirio Buitrago y el frente resistencia Guamacó, aunque se ha reducido de forma drástica el número de hectáreas sembradas. Los demás frentes que hacen presencia se limitan a un municipio en el siguiente orden: el frente Capitán Mauricio en Amalfi y el frente Héroes de Tarazá en Valdivia y Vegachí. El único frente que registró aumento en acciones bélicas fue el Carlos Alirio Buitrago, cuya presencia activa en el municipio de El Bagre, contrasta con la baja en el número de hectáreas sembradas.

En el departamento de Arauca hacen presencia tres estructuras, dos de ellas con el carácter de frente (más de cincuenta hombres) y una columna. Cabe anotar que el frente Domingo Laín es quizás de las estructuras más importantes en los últimos veinte años a raíz del acceso que tuvo a una gran cantidad de recursos económicos provenientes de las economías petroleras.

La presencia activa del Eln mediante estas tres estructuras se divide en los municipios de
Arauquita, Saravena y Tame, el primero con la columna Che Guevara, el segundo con el Domingo Laín y el tercero con el frente Héroes y Mártires del Bloque ABC. Solamente en el municipio de Saravena se registró un aumento del accionar bélico para el caso del Frente Domingo Laín, aunque en ninguno de los municipios éste se corresponde con mayores hectáreas cultivadas. Por el contrario, del año 2006 al 2007 todas disminuyeron.

Una de las consideraciones necesarias para este departamento es la disputa territorial con la guerrilla de las Farc, con los frentes 10 y 45 en estos tres municipios. Según información recolectada en la zona, en los últimos años la disputa ha conllevado a un nivel de agresión contra los cultivadores de coca que se asocian a las Farc en estas zonas del departamento. El frente Domingo Laín del Eln ha sido uno de los más reticentes a la hora de aceptar un tipo de nexo con las economías del narcotráfico. No obstante, con las bajas de las rentas que se extraían de las economías cocaleras, también entran al circuito de la impuestación, aunque no favorecen la expansión.

En el departamento de Bolívar operan el Frente Alfredo Gómez Quiñonez y el frente héroes y mártires de Santa Rosa, más pequeño que el primero. Estas estructuras tienen un nivel de presencia moderado y con tendencias a la baja en los municipios de Cantagallo, Morales, San Pablo, San Jacinto y Santa Rosa del Sur. La competencia territorial en esta parte del departamento, aledaña a la Serranía de San Lucas por el control territorial, no solamente es fuerte, sino que se desarrolla en una red de alianzas – divisiones entre los actores armados, sea por el cobro de gramaje o impuesto al kilo de pasta de coca, o por la expansión de los cultivos.

A pesar de la presencia histórica de esta guerrilla en la Serranía de San Lucas, al día de hoy los frentes se limitan en controlar cierta zona de corredores, con acciones en zonas rurales tendientes a 0 para el año 2007. Sumado a esto, las fumigaciones y el traslado de estructuras privadas del narcotráfico hacia la zona sur de Santander, las hectáreas de cultivo han sido disminuidas, aunque continúan operando las rutas y corredores de coca. Solamente en Santa Rosa del Sur se puede constatar la existencia de dos carteles del narcotráfico con pretensiones de control de tanto las autoridades públicas sino la población en general. Hay que anotar que la fuerza de los sectores sociales cobijados por el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, así como organizaciones del tipo de la federación agrominera del sur de Bolívar, lograron contener a partir del 2005 la formación de mafias más fuertes y grupos privados del narcotráfico, que no logran tener la misma capacidad de control que con las estructuras de las AUC vigentes.

Finalmente, a pesar de que el sur de Bolívar fue una de las primeras zonas en las cuáles el Eln comenzó a realizar cobros de vacunas y extorsiones a economías cocaleras o coaineras, la posibilidad de beneficio directo de los frentes de esta zona no superó el umbral de la necesidad o la sobrevivencia. Mientras por una parte a nivel de extorsión o cobro, el Bloque Central Bolívar de las AUC se encontraba mucho más involucrado con los sectores del narcotráfico y controlaba la vida urbana de las cabeceras municipales de todos los lugares con presencia del Eln, por la otra las Farc disputan parte de las zonas rurales donde la presencia de cultivos es mayor .

En el departamento del cauca la presencia activa se da a partir de sólo una columna con centros de operación en Bolívar, Patía y El Tambo. Los primeros son municipios en expansión y crecimiento de sus áreas cultivadas de coca y el tercero está en proceso de reducción de las mismas. No obstante, en promedio regional, las acciones de la Columna no han aumentado en relación a los cultivos, ni estos han disminuido con ocasión a la baja. El accionar bélico del Eln en el departamento es casi indiferente a la dinámica de las economías ilícitas. No obstante es probable que se intente ejercer un nivel de control sobre las pocas hectáreas de estos tres municipios.

Una situación diferente a la del Cauca se presenta en el departamento del Chocó, en el cual los municipios donde se registran acciones armadas sí presentan crecimiento, particularmente en el año 2006 en las zonas de influencia del Frente Cimarrón como son Alto Baudó, Istmina, Quibdó y Sipí. Mientras en el Alto Baudó y en Quibdó la presencia de los cultivos ilícitos es marginal para el año 2007, en Istimina y Sipí, éstos han aumentado aunque no considerablemente .

La guajira es el único departamento donde el número de acciones bélicas se ha mantenido el mismo nivel que el año inmediatamente anterior. El frente Gustavo
Palmesano Ojeda tiene presencia activa en el municipio de Dibulla, centro de acopio y distribución profundamente conflictivo en el departamento. Este municipio registró 327 hectáreas sembradas, mientras que en 2007 éstas se redujeron a 166. Por otra parte, este es uno de los municipios que ha denunciado mayor presencia de bandas emergentes como las Aguilas Negras, lo que aumenta el nivel de competencia para el acceso a la renta del narcotráfico del municipio. Si bien los cultivos han disminuido, Dibulla opera más como puerto de salida de la droga que como zona de producción de pasta base, lo que también complejiza la posibilidad de introducción del Eln en el circuito de producción.

El departamento de Nariño es tal vez el más complejo de abordar con ocasión a las denuncias e informes sobre las alianzas y entradas del Eln al circuito del narcotráfico en esa zona del suroriente. No obstante, las alianzas establecidas en este departamento se diferencian del sencillo cobro de vacunas o gramajes a la producción de coca, para situarse en un escenario de negociación con el ejército de “los rastrojos” no sólo para permitir y garantizar el negocio de la droga, sino beneficiarse directamente de él.

En el departamento de Nariño el Eln había mostrado una presencia histórica importante con varios frentes registrados, que no necesariamente han desaparecido – a pesar de la disminución de su acción directa. En la zona centro y centro occidente registra una actividad muy moderada del frente comuneros del sur y el frente Manuel Vásquez, ambos registrando únicamente combates con la fuerza pública, en particular con el batallón Boyacá y con el grupo Jungla Antinarcóticos de la Policía Nacional.

La región de centro – occidente de Nariño tiene una alta importancia para la presencia del Eln en la región, en la misma proporción que la región de la costa que presenta mayor competencia armada. De tal forma que el 50% de sus acciones bélicas estuvieron ubicadas en esta zona y en particular en los municipios de Los Andes y La Llanada.
El número de hectáreas cultivadas en los municipios del centro – occidente, donde se ubica no sólo la presencia activa sino la histórica del frente Comuneros del Sur, es bastante mínima, incluso marginal, aunque en municipios como Ricarurte, el crecimiento es asombroso. En la zona rural de esta región, entre el 2005 y el 2006 se pasó de tener una hectárea cultivada a tener 52 a finales de diciembre . La misma situación se presentó en Samaniego, donde se pasa de 7 hectáreas a 46 en tan sólo un año. En contraste, la situación de la Costa del departamento, donde se ubican un número importante de acciones bélicas y además se registra un aumento de 4000 hectáreas cultivadas a 7000 en un año, particularmente en el municipio de Tumaco.
No obstante, donde más se logran registrar acciones bélicas del Frente Mártires de Barbacoas y el Frente Manuel Vasquez es en el municipio de Barbacoas, en el cual – a diferencia del departamento – el número de hectáreas ha disminuido.

Norte de Santander resulta también un caso atípico en el comportamiento militar a nivel nacional, al haber incrementado el número de acciones bélicas año por parte del Frente Capitán Mauricio, aunque el único municipio del departamento donde se logra registrar presencia activa es en Convención que ha mantenido el mismo número de hectáreas durante los últimos tres años.

En Santander, los dos frentes de presencia activa también conservan su número de acciones bélicas en los dos municipios de acción: el frente Efraín Pabón Pabón en Bolívar y el frente Guillermo Vásquez en la Belleza. Las variaciones en el número de cultivos de coca no han variado sustancialmente, manteniéndose en relación con zonas de mayor cultivo como una en la cual la producción de hoja de coca no tiene un impacto importante en las economías regionales.

 

Narcotráfico y Eln: los nuevos actores, las viejas disputas y los riesgos en latencia.
Tal y como se ha asegurado, no existe una relación directa entre la presencia del Eln y los cultivos ilícitos, lo cual no niego que posterior al 2006 esta guerrilla haya planteado la necesidad de intervenir en este tipo de economías ilícitas como forma de superación del problema de mantenimiento de la guerra.
De esta forma, lo que en otro momento pudiera considerarse una mera disputa de control territorial en zonas de circuitos económicos cocaleros y cocaineros, al momento actual es un punto crucial en la posibilidad de avance en los diálogos y las negociaciones de paz con esta guerrilla. Si existe la intención, el primer momento del acercamiento se ha presentado en la zona de mayor disputa actual: el suroccidente colombiano, particularmente el departamento de Nariño. No obstante, esto implicaría un rápido traslado de los frentes más activos hacia la costa norte y la creación de una retaguardia en el centro – occidente para el cuidado y el mantenimiento de los pequeños cultivos, así como para favorecer su expansión. Sin embargo, la situación es más compleja puesto que en esa región – la única donde existe posibilidad real de acceso al circuito – la competencia armada es mucho más fuerte.

También resulta necesario considerar algunas características del fenómeno del narcotráfico para el caso colombiano que determinan en qué medida se puede hablar de un circuito abierto para el ingreso de un actor nuevo, que tipo de roles entraría a jugar y cuál puede ser el desenlace de la entrada.

Como lo señala Gustavo Duncan, el problema del narcotráfico no es solamente de una serie de economías ilegales y de emergentes por lo cual la perspectiva de observación del fenómeno debe ser más relacional y menos centrada en las dinámicas de las rentas. Es decir, posterior a tres décadas de transformaciones estructurales de los órdenes políticos, sociales y económicos del país en relación con el fenómeno del narcotráfico, los tipos de sociedades circundantes a este tipo de circuitos, no son las mismas de hace varios años.

Las modificaciones y los cambios en el trasfondo pasan por pensar en qué medida la actual conformación de grupos sociales tiene relación con la distribución del ingreso, el ejercicio político, las dinámicas territoriales, los valores y comportamientos permitidos alrededor del orden social construido para el ejercicio de este negocio ilícito.

Si se miran las anteriores afirmaciones, el planteamiento de transformaciones drásticas al interior del Eln permitirían un ingreso relativamente rápido y exitoso al circuito donde existiera un orden social ya imperante donde el esfuerzo a realizar se centrara exclusivamente en la adaptación. Pero en el caso de Nariño, donde este tipo de economías son externas y recientes, lo que existe al día de hoy es una disputa entre modelos y tipos de orden social. En medio de esta disputa, el Eln se encuentra en una paradoja entre sí favorecer un tipo histórico determinado de orden social – que al día de hoy pasa por la realización de diálogos o acuerdos de paz – o por el contrario propiciar el orden social de los ejércitos privados en contraposición tanto con comunidades indígenas, como con organizaciones campesinas, de colonos o de sociedad civil que rechazan la posibilidad de este orden. En el caso específico del departamento de Nariño, la existencia de un acumulado fuerte de organización social se contrapone en una medida mucho mayor que en otras regiones, tanto con la posibilidad de este tipo de alianzas, como con el establecimiento a la fuerza de una sociedad determinada, incluso en el momento en el cual el narcotráfico pueda llegar a ejercer funciones de distribución de rentas o excedentes a un nivel relativamente amplio.

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