Vientos de cambio en las políticas globales sobre drogas

La canciller María Á. Holguín explica la importancia de la cumbre de la ONU en la lucha antidrogas.

En una sesión extraordinaria que se realiza desde ayer y que irá hasta el 21 de abril, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas se dedicará a debatir sobre el problema de las drogas a nivel mundial. Los resultados están recogidos en un documento, producto de un arduo y complejo proceso de negociación, que duró siete meses, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena. Seguramente, como es usual, la Asamblea General, que reúne a los 193 miembros de la ONU, acogerá y aprobará ese documento, concertado entre los 54 países que hacemos parte de la Comisión de Estupefacientes.

El documento en mención registra avances muy valiosos en la dirección de conseguir un nuevo consenso global, consenso que se sustenta en aceptar que el problema mundial de las drogas es mucho más complejo de lo que se puede resolver solo con medidas represivas. Este consenso deberá replantear este enfoque, pues los Estados no hemos logrado llevar a la práctica el fin último de las convenciones, el cual es “preservar la salud y el bienestar de la humanidad”, lo que implica otorgarles un lugar primordial en las políticas a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud.

 El documento que saldrá de la sesión extraordinaria da cuenta de un debate en el que, por primera vez en las Naciones Unidas, se pusieron sobre la mesa dos maneras de ver y de abordar los problemas relacionados con las drogas: los partidarios de la revisión a fondo y de ajustar las políticas, y los que consideran que tenemos que hacer más de lo mismo para acabar el consumo, los cultivos, la producción, el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y todas las demás conductas relacionadas con el tema.
Los resultados más significativos, que hablan de la ruptura del viejo y sólido consenso, se pueden resumir en tres líneas: 1) cada país podrá decidir políticas nacionales, con mayor autonomía, de acuerdo con sus particularidades, partiendo de una interpretación flexible de las Convenciones de Drogas, atendiendo a la realidad cambiante, tendencias y circunstancias específicas de cada país; 2) las políticas en esta materia deberán cumplir con los compromisos que implican las Convenciones de Drogas y otros instrumentos internacionales relevantes, que son para Colombia y muchos otros países la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 3) la salud deberá tener un lugar preponderante en prevención, atención, reducción del daño y acceso a medicamentos controlados para usos médicos y científicos.

Si bien los cambios no son como la situación lo amerita, los pasos andados en esa dirección son significativos, tomando en cuenta la enorme dificultad que entraña llegar a que todos los países del mundo reconozcan que ha sido erróneo afrontar los problemas relacionados con las drogas mediante la guerra, poniendo en un mismo plano a los consumidores y los pequeños cultivadores junto con los grandes traficantes, que han sido los generadores de violencia y corrupción, aprovechándose de la pobreza y de las vulnerabilidades sociales.

Este debate en las Naciones Unidas lo inició Colombia cuando el Presidente de la República junto con sus homólogos de México y Guatemala, en septiembre del 2012, se pronunciaron en la Asamblea General para pedir una discusión a fondo sobre las políticas de drogas y abogaron por un cambio de enfoque, argumentando la ineficacia de las medidas vigentes y los grandes perjuicios que estas han implicado para los países de América Latina y el Caribe, en particular.

Desde la creación de las Naciones Unidas se han realizado dos sesiones extraordinarias sobre drogas; la primera, en el 90 y la segunda, en el 98. Esta semana es la tercera vez que la Asamblea General se reúne para deliberar sobre el asunto, lo que nos parece poco para la magnitud del problema. La diferencia de esta tercera ocasión es la evidente ruptura de la mirada única en la que se han sustentado las políticas de drogas durante décadas, la represión, lo que derivó en que se haya logrado abrir ventanas para que circulen los vientos de cambio.

Vientos de cambio que son, en resumen, el entender la realidad que vive el mundo frente a este problema; la realidad evidencia que no estamos controlando el consumo, que, por el contrario, va en aumento en el mundo, ni la producción, ni el tráfico de drogas. Por otro lado, varios países han puesto en marcha políticas que se salen de lo “normal”; el mejor ejemplo de ello es la regulación del uso recreativo de la marihuana, que promete extenderse a otros.

Más temprano que tarde, la comunidad internacional tendrá que asumir el problema de las drogas de manera más honesta para lograr mejores resultados, concentrando las fuerzas de los Estados en perseguir y desmontar el negocio de las drogas, en los eslabones donde se produce mayor valor agregado.

Comenzamos este proceso en la Cumbre de las Américas en el 2012, cuando Colombia propuso hacer un análisis serio y profundo de la realidad del problema y fue acogida por todo el continente. La OEA fue la encargada de realizar el Informe sobre las Políticas de Drogas en el Hemisferio.

En el 2014 se hizo una Asamblea Extraordinaria de la OEA en la que los cancilleres acogimos las conclusiones del informe y aprobamos una Declaración del Hemisferio, en la que anticipamos los elementos que hoy estamos comprobando a nivel global: la salud como eje primordial, y una mirada desde los derechos humanos en esta lucha, así como el entender que las realidades son distintas y, por ende, que cada país puede avanzar en decisiones de políticas acordes con sus particularidades.

Junto con México y Guatemala, Colombia propuso esta cumbre extraordinaria a nivel global. Pocos para dar esta batalla de cambiar el enfoque en Naciones Unidas. Hoy somos un grupo muy significativo que suma al menos 30 países que abogan por una revisión a fondo de las políticas. Los Estados latinoamericanos y del Caribe, en su gran mayoría, hacen parte de este propósito; pero también países de todos los continentes.

En este camino Colombia ha ganado el lugar de articulador de visiones afines, gracias a que hemos sido sensatos, responsables y a que se nos reconoce la legitimidad que nos otorgan los indudables éxitos en las batallas contra la delincuencia organizada y los grandes carteles dedicados al narcotráfico, pagando por ello un altísimo costo en vidas humanas y en un alto grado de violencia que ha desangrado al país. Colombia es, sin duda, el país que más alto ha pagado en la lucha contra el terrible flagelo de las drogas.

El debate ha comenzado, hemos dado pasos importantes hacia un nuevo consenso que se deberá seguir desarrollando, sosteniendo la discusión para profundizar los acuerdos, globales y también regionales, porque la realidad impone un cambio más profundo.

Los años que siguen serán importantísimos para profundizar el debate. En el 2019 vence el plazo para conseguir los objetivos globales que se trazaron en la Declaración Política y Plan de Acción del 2009. Resulta evidente que no se van a cumplir las metas, que consisten en acabar o reducir considerablemente el consumo, el cultivo, la producción y el tráfico de drogas en todo el mundo.

Colombia seguirá comprometida en la lucha incansable contra las drogas, con el convencimiento de que es un problema global, no solo de unos pocos, que no se podrá resolver solo con represión.

Lo que quiere decir Colombia

Ayer, en Nueva York, comenzó oficialmente la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS –por sus siglas en inglés–), en la cual los 193 países que hacen parte de la ONU buscan alternativas para redefinir la lucha contra las drogas a nivel mundial.

Por Colombia participaron los ministros de Exteriores, María Ángela Holguín; de Justicia, Yesid Reyes, y de Salud, Alejandro Gaviria, y la embajadora ante la ONU, María Emma Mejía.

“El tema de drogas es realmente grave, porque no hemos visto resultados en nada, ni en la reducción del consumo, ni en la producción, ni el tráfico. El mundo tiene que hablar más del tema y en cómo avanzar en este sentido”, precisó Holguín.

El presidente Juan Manuel Santos, quien interviene ante el pleno de UNGASS mañana, tiene lista una propuesta para buscar consenso político en un nuevo enfoque que deje de ser punitivo con los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico y en el que se mire más desde la perspectiva de los derechos humanos.

Y además, frente a los consumidores de drogas, lo que se quiere es que sean abordados desde una de óptica de la salud pública.

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