Minjus pide informe a la Policía por descontrol en penal de Lurigancho

Seguridad interna está a cargo de institución. Titular del sector, Aldo Vásquez, rechaza acusación de Prisontec sobre presuntos actos de corrupción.

El ministro de Justicia, Aldo Vásquez Ríos, calificó de “indignante” que la seguridad en el penal de Lurigancho “no haya podido impedir” que los reclusos utilicen celulares, y negocien la venta de chips y recargas de baterías, como se observa en un video difundido por un canal de televisión.

“Estamos pidiendo los informes pertinentes a la Policía, que está a cargo de la seguridad interna y externa de este centro de reclusión”, manifestó. Además, aclaró que en este lugar aún no están operativos los bloqueadores.

En tanto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Julio Magán, quien el lunes dijo que las imágenes correspondían al año 2013, explicó que dio esta versión en base a un informe preparado por el director de esta cárcel, Carlos Díaz Orbegoso.

“Al parecer, el medio publicó un nuevo video que correspondería a otra fecha, por lo que he solicitado me amplíen la información para remitirlo a la Inspectoría de la Policía, que tomará las acciones del caso”, detalló.

Se defiende. Por otro lado, el titular del sector Justicia rechazó las acusaciones de actos de corrupción en la supervisión de la instalación de bloqueadores de celulares en los penales del país a cargo de la empresa Prisontec.

“Descarto esta imputación de forma contundente”, manifestó respondiendo a la denuncia hecha el martes por el gerente de esa compañía, Augusto Fernández, quien dijo ante el Congreso que ese ministerio no le dio las facilidades para la instalación de este importante sistema en los establecimientos penitenciarios.

“El Minjus ha cumplido con la labor de defender al Estado. Prisontec pretende una desinstalación inmediata de los bloqueadores y ello podría afectar la seguridad de esos penales (El Milagro y Trujillo) y de la población penal de dichas zonas”, advirtió.

Contrato

Según Vásquez, el contrato con Prisontec se firmó en octubre del 2014 y obliga a colocar bloqueadores en 33 penales del país en un plazo de dos años.

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