COL: La ruta de la marihuana medicinal

El Espectador

Aunque el Congreso le dé aval al proyecto que reglamenta su uso, aún hay escollos por superar, entre ellos renegociar con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes el cupo sobre el número de plantaciones que puede tener el país.

Si no surgen contratiempos, la plenaria de la Cámara de Representantes deberá aprobar esta semana en último debate el proyecto de ley por medio del cual se reglamenta el cultivo, producción, fabricación, adquisición, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis, sus derivados y los productos que lo contengan, con fines medicinales y científicos. Mientras tanto, los ministerios de Salud y Justicia avanzan en la socialización de la resolución 1816 de 2016, que definió las condiciones especiales para otorgar la licencia de producción y fabricación de la marihuana medicinal.

Dos iniciativas, la primera de origen legislativo y la segunda gubernamental, marcan un nuevo rumbo para el país, apartándose de la línea prohibicionista, con el fin de ofrecerles a los colombianos con enfermedades crónicas y terminales una herramienta compasiva para el manejo de los síntomas de su condición médica. Sin embargo, aún queda un camino largo por recorrer, el cual involucra, además de la definición de ese marco regulatorio, a entidades internacionales como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano independiente dentro de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los tratados sobre drogas.

En un reciente documento, la JIFE les advirtió a cinco países suramericanos que el uso del cannabis con fines no terapéuticos infringe lo establecido por los tratados internacionales de drogas: “Varios países, entre ellos Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, debaten y promulgan nuevas leyes, decisiones y resoluciones sobre el uso del cannabis, desde la regulación del cultivo de plantas y la importación de medicamentos que contienen cannabidiol, hasta la regulación más elaborada del mercado del cannabis con fines no terapéuticos, como sucede en Uruguay. La legislación que permite el uso del cannabis con fines no terapéuticos infringe lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas”, dijo.

 Y aunque, según el presidente de dicho organismo, el alemán Werner Sipp, los tratados no exigen una “guerra contra las drogas” y, por el contrario, ofrecen a los estados flexibilidad para establecer los castigos por consumo, así como “aplicar medidas alternativas a las sanciones para los delitos de menor gravedad”, en su concepto “los llamamientos simplistas a la legalización y regulación del uso de sustancias fiscalizadas para fines no médicos deberían considerarse inadecuados para resolver los problemas relacionados con las drogas”.

Por eso, en el proyecto de ley se aclara, antes que todo, que no se trata de la legalización del uso recreativo de la marihuana, sino de ofrecerles a los colombianos con enfermedades crónicas y terminales alternativas en el manejo de los síntomas. Y el articulado incluyó en su último debate cambios claves que apuntan a permitir el acceso seguro a productos farmacéuticos de calidad y con precios controlados.

En otras palabras, el proyecto está guiado por los principios de acceso, seguridad, calidad y precio. En lo que tiene que ver con la accesibilidad, se refiere a que todos los colombianos podrán obtener los productos terapéuticos a base de cannabis en condiciones de igualdad, es decir, bajo normas de no discriminación, accesibilidad física, asequibilidad económica y acceso a la información. En relación con el principio de seguridad, se habla de garantizar las condiciones de higiene en los procesos de fabricación, comercialización y utilización final de cualquier sustancia de marihuana medicinal.

Por otra parte, los medicamentos que se pretende regular deben responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas y, finalmente, se busca que el Gobierno entre a regular los precios de las sustancias farmacéuticas, garantizando un valor que les permita a los pacientes de enfermedades crónicas y terminales acceder a estas como tratamiento.

Ya en un informe publicado por El Espectador, en abril pasado, se reveló que hay laboratorios, casas productoras, organizaciones campesinas e indígenas, así como inversionistas nacionales y extranjeros, interesados en meterse a un negocio que, sin duda, resulta muy atractivo. Y por el lado del Ministerio de Salud, han llegado 86 derechos de petición de distintas personas y empresas, muchas de ellas extranjeras, preguntando por la forma de sacar licencia o para conocer los detalles de la reglamentación.

Eso sí, la ley plantea que el Estado debe proteger y fortalecer a los pequeños y medianos productores y comercializadores de cannabis medicinal. Y señala que, en el marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, se pondrán en marcha iniciativas encaminadas a la siembra y formalización de pequeños y medianos cultivadores nacionales de plantaciones de marihuana con fines exclusivamente medicinales y científicos. De hecho, el Gobierno tiene que reglamentar esto en un término máximo de seis meses posteriores a la expedición de la ley. La obligación, dice, es proteger la mano de obra local (ver recuadro).

Asimismo, a través de Colciencias se promoverá la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de cannabis y sus derivados. Y en julio de cada año, esta entidad tiene que presentar a las comisiones sextas del Congreso un informe de esa tarea. Igualmente, el Estado tiene que apoyar las iniciativas económicas de producción, transformación y distribución de productos derivados de la planta de cannabis que desarrollen los pueblos y comunidades indígenas con fines medicinales y científicos.

Ahora, ¿cuántas plantaciones o cuántas matas de marihuana se podrán sembrar en Colombia? El tema no fue incluido en el proyecto, pues, según explicó el senador liberal Juan Manuel Galán, su autor, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes tiene una regulación sobre los cupos para poder tener plantaciones de marihuana. “Y Colombia tiene un cupo ridículo, medido en gramos, ni siquiera en libras. Hay que buscar una nueva negociación para establecer un nuevo cupo sobre el número de plantaciones que se pueden tener”, dijo.

El otro asunto de la ley tiene que ver con los costos. Y el artículo 7° señala: “El Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, deberán cobrar por los servicios de evaluación y seguimiento a los solicitantes o titulares de las licencias, establecidas en la presente ley y en sus normas reglamentarias”. Los recursos obtenidos se utilizarán para sufragar costos del proceso, así como para financiar a Colciencias.

Por supuesto, se establecen sanciones cuando quien tenga una licencia incumpla con los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella. Estas pueden implicar la suspensión de la licencia, y la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes estará en la obligación de compulsar copias de la actuación a la Fiscalía, que determinará si los hechos constituyen la comisión de una presunta conducta punible.

Por último, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas, desarrollará estrategias, programas o proyectos para la promoción de estilos de vida saludables que contribuyan a la prevención del consumo de sustancias sicoactivas en niños, niñas y adolescentes. La financiación del programa contará con recursos específicos de una contribución aplicada a quienes desarrollen actividades comerciales relacionadas en la nueva ley.

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