PER: Ex penal San Jorge sigue inutilizado tras dos años de cierre

El Comercio

Pese al hacinamiento de cárceles del país, el otrora penal de San Jorge no se vendió como lo anunció el gobierno en el 2014.

El otrora penal de San Jorge no alberga a ningún preso desde el 2014, pero sus instalaciones han servido en los últimos meses como set de televisión. Es decir, mientras que el penal de Lurigancho encabeza el ránking del hacinamiento en el Perú, con una sobrepoblación de siete mil internos, la única utilidad de San Jorge –con un área de 10 mil metros cuadrados– fue acoger a actores.

Los pabellones de lo que fue el penal de reos primarios están desocupados desde octubre del 2014, cuando se trasladó a 440 internos a otros establecimientos penitenciarios porque la cárcel se iba a vender por US$37 millones al Consorcio Promotor San Jorge, que planeaba construir un centro comercial en esa área, ubicada en el Cercado de Lima.

El entonces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, precisó a este Diario que la empresa firmaría un contrato de permuta en el que se comprometería a construir un penal fuera de la capital.

En su momento, la cifra de venta del penal fue cuestionada por ingenieros y congresistas, quienes aseguraron que el precio debía ser US$100 millones, de acuerdo con las tasaciones. Pese a las críticas, el proceso continuó.

En diciembre del 2015, sin embargo, Pro Inversión “dejó sin efecto la adjudicación porque el consorcio no acreditó el cumplimiento de los requisitos para firmar el contrato”.

Un penal perdido–
El último martes, Pro Inversión confirmó a El Comercio que no hay ningún proyecto de venta –a través de una permuta– de San Jorge. César Orozco, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INPE, sostuvo que en el penal solo funciona una oficina administrativa y “como almacén”.

“Es increíble que mientras hay hacinamiento en otros penales, el INPE se dé el lujo de tener una cárcel vacía. Y encima se la usa para grabar una serie de televisión”, cuestionó el trabajador.

El presidente del INPE, Julio César Magán, confirmó que prestaron las instalaciones para grabar capítulos de la serie “Al fondo hay sitio”.

Añadió que ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales que cedan el terreno del San Jorge al INPE para “construir un centro de rehabilitación y reinserción de los internos”.

“Lo podemos adjudicar, si no contamos con los recursos del Estado. Estamos a la espera de la respuesta de Bienes Nacionales”, acotó.  El tiempo le juega en contra.

–Reforma incumplida–
Wilfredo Pedraza, asesor en temas de seguridad ciudadana del gobierno, indicó a este Diario que una de las prioridades del presidente Ollanta Humala, desde que inició su mandato, fue la reforma penitenciaria.

No obstante, al final de su gobierno no se ha mejorado la caótica situación de los penales. Según el Ministerio de Justicia, en el país hay capacidad en las cárceles solo para 33.337 internos pero en total suman 77.298.

“El objetivo era construir cinco megapenales, de tres mil internos cada uno. La preocupación permanente del presidente Humala era que los proyectos de construcción salieran rápidamente […] pero no lograron materializarse”, precisó.

Uno de los propósitos de Humala era poner fin al hacinamiento de Lurigancho, que tiene capacidad para tres mil internos, pero alberga a 10 mil. “La infraestructura de ese penal  no sirve para nada, es un depósito de personas”, apuntó el ex ministro del Interior.

Refirió que al INPE y al Ministerio de Justicia les tomó casi dos años terminar los expedientes técnicos que sustenten la inversión. Construir cada penal costaría más de S/300 millones, detalló.

“En Arequipa e Ica se iban a construir dos penales, pero las empresas que postularon hicieron presupuestos más altos que los del expediente técnico y hace poco el ministro de Justicia anuló esos procesos”, señaló.

La tarea de la reforma penitenciaria sin duda la tendrá el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien ha sostenido que se debe terminar con la instalación de bloqueadores de celulares. Además, propone reducir la sobrepoblación carcelaria al 30% para el 2021 con intervención privada.

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