ARG: Mala noticia para Aníbal Fernández

Clarín

Aníbal Domingo Fernández y el reciente prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi comparten al menos una misma pasión. La del conocimiento de lo máximo posible de lo que sucede en los ámbitos que les interesan.

“El mundo es el del que tiene información”, definió esa filosofía el ex funcionario. Pérez Corradi también es un obsesivo de los datos. Quienes lo investigaron dicen que usaba la última tecnología para conectarse con su familia y saber qué se decía sobre él en los medios, la Justicia, e internet.

Su historia personal, sus negocios, y ese entusiasmo particular por el conocimiento, hace de Pérez Corradi un potencial testigo judicial de riesgo para Fernández en la causa que investiga el tráfico ilegal de efedrina en la Argentina.

Ese precursor químico se prohibió en México y en nuestro país creció la importación diez veces más por año durante la gestión de Fernández como influyente funcionario de la era K.

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El ex jefe de Gabinete, ex ministro del Justicia Seguridad y Derechos Humanos, ex ministro del Interior, negó siempre haber estado involucrado con el tráfico de precursores químicos para fabricar drogas ilegales.

Pero hay evidencias en contrario que lo vinculan a Pérez Corradi, entre otros protagonistas de esta trama capitalista y mortal.

Uno de los abogados de Pérez Corradi es uno policías que estuvo preso por el caso AMIA, Juan José Ribelli. El ex comisario le dice a su defendido “ahijado”.

Ribelli fue jefe de la Brigada de Quilmes en los tiempos en los que Fernández era el jefe territorial del PJ en ese distrito. El ex comisario aportó fondos a la campaña Scioli Presidente- Fernández Gobernador.

Pérez Corradi podría hacer caer la coartada sostenida por Fernández sobre su desvinculación con el caso contrario.

El hasta ayer prófugo está acusado de ser el autor ideológico del triple crimen de General Rodríguez. Así se conoce al caso en el que murieron a balazos tres empresarios farmacéuticos que se entremezclaron con el submundo del narcotráfico, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Forza fue aportante de la campaña de Cristina Kirchner en el 2007. Pérez Corradi era socio de Forza.

Uno de los condenados a cadena perpetua por los tres homicidios de General Rodríguez, Martín Lanatta, primero declaró en el juicio oral de esa causa que Fernández no tenía nada que ver con esa trama. Tras años en prisión, cambió sus dichos y declaró ante Jorge Lanata en televisión primero, y después ante la Justicia, que su jefe en una red de tráfico de drogas y armas había sido Fernández: dijo que lo apodaban “La Morsa”. Y le dio detalles de todo tipo a la jueza de la causa, María Servini de Cubría.

Lanatta, su hermano Cristian y Víctor Schillaci, los otros condenados por ser los asesinos del triple crimen, también dan a entender que fue Fernández el jefe de la organización de la efedrina. Fernández niega haberlos conocido. El ex jefe de Gabinete se enoja, y mucho, con quienes lo vinculan a ese caso.

Él mismo, sin embargo, admitía que entró en una disputa con un ex titular del SEDRONAR, el organismo que lucha contra el narcotráfico, llamado Ramón Granero. ¿Por qué? Por la efedrina. Fernández envió una carta a todos los diputados y senadores cuando en el Congreso se trataba la penalización del tráfico de precursores químicos. Fernández les pidió que no voten esa ley.

Siendo funcionario, Aníbal Fernández manejó políticamente el Registro Nacional de Armas (RENAR), que controlaba, entre otras cosas, la importación de pólvora. En un allanamiento a la casa de Pérez Corradi se encontraron 200 mails en los que se negociaba la compra de efedrina a empresas orientales: los correos explicitaban que quien los enviaba (Jorge Ochoa, un changarín) pedía que sus cargamentos lleguen al país como si fuera pólvora.

Una de las principales denunciantes de Fernández, la legisladora Graciela Ocaña, dijo ayer que “Pérez Corradi puede implicar a figuras como ‘La Morsa’ u otros funcionarios de Cristina” involucrados en esta causa: “Es muy importante su declaración ya que puede apuntar a las cabezas políticas que protegieron y ampararon la venta de droga por más de US$ 500 millones”.

Entre mayo y julio de 2008, Aníbal Fernández tenía a su nombre una línea telefónica de la empresa Nextel número 1154292479. La factura de pago llegaba a uno de sus casas de Quilmes: Solís 339. Según determinó la Justicia, ese celular intercambió 25 llamados con otro Nextel que usaba uno de sus funcionarios más leales, Alejandro Giacristóforo, quien por entonces trabajaba en el Registro Nacional de Armas (Renar): el número era 1160935122. Uno de los autores materiales del triple crimen de General Rodríguez, Martín Lanatta, mantuvo 665 llamados con ese teléfono, reveló Perfil.

El mundo es del que tiene información. Pérez Corradi la tiene.

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