PER: Narcotráfico se posesiona de chacras, rutas y calles

Diario Uno

ENTREVISTA. Director del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH), Ricardo Soberón, atribuye responsabilidad a DeVida por priorizar erradicación y hacer mal manejo de la información.

Luis Revoredo
Diario UNO

Experto en políticas públicas sobre drogas y seguridad, director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Ricardo Soberón, es un crítico de la política de erradicación de los cultivos de coca que priorizó la psicóloga Carmen Masías en su primera gestión al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DeVida).

Soberón advirtió hace poco que más allá de la erradicación de área, el Perú sigue produciendo anualmente 285 toneladas de clorhidrato de cocaína y la policía incauta 11 toneladas de pasta y 8 de clorhidrato de cocaína. Además, cuestiona seriamente el retorno de Masías a DeVida, porque el solo hecho de tener una denuncia penal en curso, la inhabilita para volver a ocupar el cargo.

—¿Cuál es su opinión acerca de la gestión de la señora Masías en DeVida? Ella afirma que no se trata de la cantidad de hectáreas de coca que se erradique, sino que hay que llegar muy rápido con un programa de desarrollo después de la erradicación que hace el Ministerio del Interior con el Corah (Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga).
—Ella ha sido la principal defensora de las políticas de erradicación de cultivos, de la criminalización indiscriminada. Desde la década de los 80, ella representa la visión de los EE.UU, la misma que está cambiando radicalmente, pero se mantiene como una excusa en el Perú.

—Masías ha calificado de “fracaso” la reconversión agraria en el VRAEM, ¿Cree usted que fue una política equivocada? Ella asegura que se habló de reconvertir 5 mil hectáreas y no hubo tal reconversión, o se reconvirtió muy pocas, y se metió más de 7 mil millones de soles sin ningún resultado.
—Los últimos cuatro gobiernos democráticos no han tenido idea de cómo aproximarse al VRAE, desde la época del Plan Vrae I y II, hasta la Comisión Multisectorial de Humala. Desconfianza al campesino, nula participación en la toma de decisiones, militarización de la política pública, políticas centralistas, y un profundo grado de corrupción, han caracterizado al Estado peruano.

Que no venga ella a tomar distancia de lo hecho por el gobierno de Humala, fue su funcionaria entre 2012 y 2014, ha compartido gran parte de las iniciativas, al final de cuenta Masías y Otárola representan dos caras de una política mentirosa, secuestrada y absolutamente dependiente de la Embajada de los EE.UU.

—Ella asegura que en su nueva gestión va a haber mayor armonía, mayor balance entre las metas de erradicación del Corah del Ministerio del Interior y las metas de desarrollo de DeVida. ¿Cree que eso será posible?
—Su sola presencia, por segunda vez consecutiva, rompe cualquier posibilidad de armonía desde el lado del Estado, porque ella permite que alrededor suyo giren una serie de contratistas, proveedores que son parte del negociado del desarrollo alternativo, desde DeVida. Si analizamos el Presupuesto 2017 en materia de programa presupuestal de Drogas, éste es manejado desde DeVida.

—¿Y qué opina sobre los problemas de “puerta giratoria” que tiene Masías?
—Si bien empiezo señalando que tiene derecho a la presunción de inocencia, el solo hecho de tener una denuncia penal en curso, la debe inhabilitar. Pero el mayor argumento es que las políticas que ella implementó son un “cuentazo”. Hoy en día el Perú es un territorio donde el narcotráfico se ha posesionado de chacras, rutas y calles.

En todo caso, exigiríamos que presente los convenios suscritos por ella como Presidenta de DeVida con el AID y el Narcotics Affairs Section de la Embajada que benefician a CEDRO (la organización no gubernamental de la Masías que es parte), a Consultandes, a Inforegión, a IDEI, entre los más importantes.

—¿Es verdad que se requiere más presencia del Estado en las zonas productoras de coca?, ¿Falta más conectividad para sacar los productos del desarrollo alternativo?
—El problema de la Selva Alta y de su gente rural, no solo es de infraestructura, es también de servicios, de confianza y de ciudadanía. Gran parte de esta región se encuentra bajo emergencia, manejada como si los pobladores fueran sospechosos de cometer delitos.

—Masías afirma que si el Ministerio del Interior erradica 30 mil hectáreas, debería tener un contrapeso en el desarrollo que haga DeVida, que es fundamentalmente un ente articulador que hace desarrollo.
—No es cierto que DeVida haga desarrollo, lo que hace es negocio con el sueño del desarrollo. Las apuestas dependen más del presupuesto del Estado que de la cooperación internacional, que progresivamente se aleja del país pese a que el Perú se convierte en un importante exportador de pasta base al Brasil, a través del “corredor del sur”. Atribuyo una gran responsabilidad en DeVida por el manejo perverso que hace de la data, de la información que se maneja.

—La presidenta de DeVida asegura, también, que durante su gestión se logró reducir el espacio cocalero 17.5% con mucho menos dinero. Pero ese dinero muy bien empleado en desarrollo, mientras que en la gestión anterior a la suya se redujo solamente 6 por ciento el espacio cocalero habiendo erradicado el Ministerio del Interior muchas más hectáreas.
—¿De qué sirve esa reducción de áreas de cultivos, si con la tecnología agrícola disponible hoy, con menos espacio cultivado se puede lograr producir igual, o mayor cantidad de droga? Lo más grave es que siendo su especialidad la prevención y el tratamiento, nuestro sistema curricular y el sistema de salud mental con énfasis en adicciones es un desastre.

—¿Qué se debería de hacer en el caso de los campesinos que todavía se oponen a la erradicación forzada y no aceptan la política de cultivos alternativos?
—Propondría un gran pacto social con las cuencas cocaleras del país, empezando porque el Estado debe dar una señal, levantando los estados de emergencia, reconociendo y apoyando las rondas campesinas en su participación y cooperación en el resguardo de la seguridad ciudadana en los ámbitos rurales, y reconvirtiendo ENACO en empresa regional con participación de los productores en la determinación del precio. Hay un concepto clave que funciona en Bolivia, es el control social por parte de las propias organizaciones sociales, apoyadas desde el Estado, solo en última ratio (“última razón” o “último argumento”) se puede producir la erradicación forzosa.

Luego, comprometería a la comunidad internacional para que se detenga la tendencia decreciente de la cooperación internacional y la determinación de los términos de intercambio de producción agrícola.

—¿En su opinión, debe continuar el Corah?
—El Corah debe ser objeto de una inmediata intervención por parte del Estado peruano. En los últimos 25 años el General Zárate ha sido un oficial adscrito a esa dependencia, sustentada en la cooperación de la Embajada norteamericana y no sujeto a las reglas del Estado peruano. Cuando estuve a cargo de DeVida, el entonces presidente Humala me pidió una ayuda memoria sobre este señor. ¿Usted cree que pudo sacarlo?

http://diariouno.pe/2016/12/04/narcotrafico-se-posesiona-de-chacras-rutas-y-calles/

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