COL: La “intención de paz” de las bacrim en Medellín

El Espectador

En la madrugada del pasado 1º de noviembre, dos miembros de combos de Medellín y su área metropolitana entraron al Palacio de Justicia de la ciudad. No iban esposados ni habían sido capturados. Alias Caliche o Cangri, quien delinquía en el barrio Manrique, y alias Buche, uno de los criminales más buscados del municipio vecino de Itagüí, se entregaron por su propia voluntad a las autoridades. Llegaron hablando de una contribución a la paz. Y no son los primeros. De hecho, en los últimos cinco meses ya van ocho miembros de grupos criminales de Medellín que se presentan ante la justicia de forma voluntaria.

La desbandada comenzó el 28 de julio, cuando se entregó John Montoya, alias Puto, quien hacía parte del combo Altavista. Luego, en septiembre, cuatro miembros de la odín La Terraza —que tiene nexos con la Oficina de Envigado— acudieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Medellín. Entre ellos estaba Juan Carlos Bedoya Duque, alias Cabezón, su máximo líder. El 26 de octubre se entregó Jhon Fredy Galvis, alias Chómpiras, el segundo al mando de la banda La Libertad, que delinque en el oriente y el centro de la capital antioqueña. Finalmente, cinco días después, se entregaron Carlos Alberto Mazo Cortés, Caliche, y Alexánder de Jesús Molina Londoño, Buche.

Según las declaraciones que la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Seguridad Ciudadana han dado al respecto, estas entregas se deben a la presión que han ejercido las autoridades sobre los combos en toda la ciudad, los cuales ascienden a 250 en toda el área metropolitana, de acuerdo con la municipalidad. No obstante, Michel Pineda, el abogado defensor de los miembros de La Terraza que se entregaron en septiembre, y quien además asesoró a los demás integrantes de combos que hoy están ante la justicia, señala que las intenciones de estos grupos son otras.

 “Le aseguro que ninguno de ellos manifestó que el motivo era la presión que sentía por parte de las autoridades. Todos manifestaron que querían hacer un aporte por la paz”, señaló el abogado penalista en diálogo con El Espectador. Las entregas no son un hecho aislado. Desde principios de este año, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o el clan del Golfo, vienen pidiendo pista al Gobierno para entablar diálogos de paz. Por su parte, a comienzos de enero trascendió la noticia de que la Oficina de Envigado, de la cual depende la banda La Terraza, supuestamente le había enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le solicitaba hacer parte de la construcción de una paz completa y ayudar a consolidarla en las ciudades, “como complemento necesario al esfuerzo por la paz rural”.

El abogado Pineda señala que hay dos documentos recientemente expedidos por el Gobierno que permitirían considerar una negociación. Se trata del decreto presidencial 1175 de 2016, que se emitió con el fin de destrabar las negociaciones con el Eln, después de que Carlos Arturo Velandia, exmilitante de esa guerrilla, fuera capturado en el aeropuerto El Dorado al ingresar al país. El decreto creó la figura de gestores de paz: miembros o exmiembros de “grupos armados organizados al margen de la ley” que, designados por el Ejecutivo, podrían acceder a una “suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa”.

“En el decreto nunca se hace mención de que estos grupos tengan un carácter político, sólo se habla de grupos armados organizados por fuera de la ley. Esto es, para mí, como penalista, una ventana abierta y una salida jurídica viable para buscar la paz urbana”, dice Pineda. El abogado es enfático en que los grupos armados organizados (GAO), bacrim, odines y combos heredaron el poder del paramilitarismo, que se desmovilizó en diferentes procesos de paz. De aceptarse esta salida jurídica, hombres como alias Barney o alias Douglas, claves en la Oficina de Envigado y hoy condenados a 17 y 32 años de prisión respectivamente, eventualmente podrían salir libres para ejercer como gestores de paz.

El otro documento que los combos argumentan puede beneficiarlos es el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y las Farc. Allí, específicamente en el punto 3.4.13, se plantea que el Gobierno y el poder judicial “presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia” de las organizaciones de crimen organizado tipo GAO o bacrim, “mediante el procedimiento legislativo especial para la paz”. “La palabra clave aquí es el acogimiento a la justicia, que es distinto a un sometimiento por la vía armada, que es el planteamiento que se viene manejando”, dice el abogado Pineda.

No obstante, por parte del Ejecutivo, tanto a nivel local como central, aun no hay una respuesta oficial frente a las intenciones que desde hace ya varios meses vienen manifestando este tipo de grupos. Cuando el clan del Golfo planteó la posibilidad de un proceso de paz al otorgarles un estatus político, tanto el presidente Santos como el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la negaron de manera tajante. Es más, poco tiempo después se expidió la directiva 15 de 2016 del Ministerio de Defensa, en la que se autorizó el bombardeo de los tres grupos armados organizados (GAO) más poderosos: clan del Golfo, los Pelusos y los Puntilleros.

Por su parte, la Fiscalía, que en este momento es la única entidad estatal que podría tramitar las peticiones de estos grupos, señala que jurídicamente lo único que pueden hacer es una anotación en las capturas sobre la entrega voluntaria, la cual se tendrá en cuenta a la hora de firmar preacuerdos con los implicados. Según el ente investigador, los ocho miembros de odines y combos que se han entregado ya están tramitando sus preacuerdos, y en el caso de Juan Carlos Bedoya Duque, alias “Cabezón”, sólo falta que el juez de conocimiento lo apruebe. Con esto, la condena del jefe de La Terraza quedaría en seis años y medio.

La Fiscalía señala que cualquier negociación deberá ir encabezada por el gobierno de Santos, que hasta el momento sigue sin pronunciarse sobre la carta que le envió la Oficina de Envigado y que insiste en el discurso sobre el carácter exclusivamente criminal de estas estructuras. La directiva 15 de 2016 sigue vigente y, si bien el desmonte del paramilitarismo es un punto neurálgico en los acuerdos de paz con las Farc, no se ha ligado este aspecto del acuerdo con una posible negociación con los GAO y las bacrim, que cada vez cobran más fuerza.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/intencion-de-paz-de-bacrim-medellin-articulo-669525

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