COL: La propuesta de centros de consumo de droga controlado

El Espectador

El proyecto, que pretende tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública, fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes.

Cuando el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia reveló el último informe sobre el consumo de drogas en Colombia, dejó clara una advertencia que encendió las alarmas en todo el país: a pesar de la política de mano dura en la lucha contra este flagelo —liderado por el Gobierno—, los esfuerzos para contrarrestar las cifras no han logrado los resultados esperados. Más aún si se tiene en cuenta que, aunque el Estado mantiene un fuerte enfoque penal a la hora de castigar a quienes cometan conductas relacionadas con drogas, “la producción y comercialización de sustancias ilícitas continúa en aumento”.

Por eso, es extraño que pasen inadvertidos algunos pasos que está dando el Congreso de la República para modificar, tal y como lo ha propuesto la comunidad internacional, el enfoque en la denominada lucha contra las drogas. Precisamente, esta semana la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio el primer sí a un proyecto de ley que busca, particularmente, tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública. El objetivo, según su autor, Samuel Hoyos, del Centro Democrático, es bajar los índices de criminalidad que van en aumento en todo el país, además de dar de manera progresiva un tratamiento de rehabilitación al consumidor.

Los registros de capturas de la Policía en 2015 indican que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es la primera modalidad delictiva, con un 28,9 %, por encima del hurto a personas, cuya cifra está cerca del 15 %. Y, en ese sentido, una de las propuestas de Hoyos tiene que ver con la creación de salas de consumo controlado. “Con la adecuación de este tipo de salas, se les podría dar acceso a, por ejemplo, habitantes de El Bronx en Bogotá, quienes ya no se verían obligados a salir a las calles a atracar para financiar su consumo”, explicó.

El denominado adicto de calle tendría derecho a permanecer dentro de ese centro de consumo controlado y podría acceder a consultas médicas, jeringas nuevas (para el caso de quienes se inyecten heroína), duchas y hasta comedor para alimentarse. Por supuesto, no para promover el consumo, sino para fortalecer los programas de rehabilitación gratuita por parte del Estado. “Si esto se aprueba, podríamos dar los primeros pasos para quitarles el negocio a los ganchos del microtráfico que operan en todo el país, porque los precios elevados que le ponen estas bandas criminales a la droga estarían compitiendo con la oferta gratuita que haría el Estado”, explicó Hoyos. Por ejemplo, la cartera judicial ha señalado que el precio promedio de clorhidrato de cocaína en Colombia es de US$2.269 por kilogramo. Y a medida que se va traficando, los precios varían así: cuando llega a Estados Unidos su precio puede oscilar entre US$24.000 y US$39.000. Y en Europa prácticamente se duplica su valor.

Y es que una de las recomendaciones que hizo el Observatorio de Drogas al Congreso, a finales del año pasado, sugiere hacer ajustes normativos a la ley vigente que permitan “a partir de un enfoque de derechos humanos y de salud pública, diferenciar cada una de las actividades descritas por el legislador como narcotráfico”. Todo en aras de dar un tratamiento diferenciado a quienes han estado involucrados con la producción, el cultivo, el uso o el consumo de drogas ilícitas. Asunto que, incluso, está incluido en el Acuerdo de Paz de La Habana y que reconoció que, actualmente, el Estado está criminalizando a los eslabones más débiles de la cadena.

“Por la especial trascendencia social o potencial peligro para terceros, las personas que ejerzan actividades, profesiones u oficios en las que ostenten posición de garante sobre el derecho a la vida e integridad de terceros, estarán sujetas a exámenes periódicos o aleatorios para descartar el consumo y/o efectos de sustancias estupefacientes, psicoactivas y/o psicotrópicas ilícitas, durante el ejercicio de dicha actividad”, establece el proyecto de ley en discusión, e incluye una obligación al Ministerio de Salud. Esta cartera tendrá la responsabilidad de entregar, anualmente, un informe que permita conocer la evolución de la política pública de prevención y adicción de drogas ilícitas. Sobre todo porque los informes recientes dan cuenta de que los jóvenes son inducidos con mayor facilidad a consumos riesgosos.

Al proyecto, que fue aprobado con ocho votos en la Comisión Séptima, le quedan tres debates en el Capitolio. Sin embargo, promete una discusión álgida dada la oposición que ha despertado en sectores independientes como la Alianza Verde. La congresista Ángela María Robledo rechazó la posibilidad que se le daría al Gobierno de reglamentar la forma en la que deben realizarse exámenes de consumo de drogas, en qué caso deben ser periódicos y en cuáles aleatorios, para imponer las sanciones, como lo establece el artículo tercero. Según su concepto, “es represivo y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad”.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-centros-de-consumo-de-droga-controlado-articulo-695341

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