EDITORIAL: Poder, Política de Estado y Criminalidad Organizada

Fecha: 25 de agosto de 2014

Por: Ricardo Soberón

rsoberon

Mientras el Gobierno de Presidente Humala no logra consolidar el sexto gabinete en tres años, otra vez la prensa peruana –revista Poder-, destapa un caso de corrupción asociada al manejo del Estado, que confirman los fuertes vínculos entre Política y TID, esta vez no en candidatos, sino en funcionarios en ejercicio. El ex alcalde de Lima, ex candidato presidencial y actual número 1 en las encuestas para las elecciones de 5 de Octubre a la Alcaldía de Lima, Fernando Castañeda de Solidaridad Nacional, se le acusa por los vínculos de su empresa Comunicore como instrumento de lavado de dinero procedente del TID; esta nueva acusación vincula a varios de sus ex funcionarios con el lavado de activos, delito autónomo. Lo curioso es el mantenimiento de un silencio político como estrategia de marketing por parte de Castañeda, que, por la gravedad de esta acusación, debe terminar inmediatamente.

Lo que se pone en cuestión en esta ocasión, son dos cosas. En el Perú, los grandes delitos de TID son cubiertos por un manto de impunidad política y judicial, tanto en el Congreso de la República, pero sobretodo en el Poder Judicial. Tal es el caso de los diversos delitos cometidos por el ex Presidente Alan García (desde el tren eléctrico, la venta de aviones Mirage), hasta las actuales acusaciones, como es el caso de los “narco indultos”, en  los que o transfiere la responsabilidad de funcionarios de menor jerarquía, o se atribuye la cuestión de la cosa juzgada, como ocurrió durante su primer mandato. 

En el caso del ex alcalde Castañeda, en su primera gestión la Municipalidad de Lima, en el 2006 pagó a COMUNICORE la suma de 39.5 millones por concepto de una deuda no cobrada por RELIMA (encargada de limpieza), de la Municipalidad. Esta empresa, tenía relaciones con el Señor Castañeda y varios de sus componentes[1], asociados a un caso de exportación de 3.5 tm de cocaína en latas de alcachofa (rol de procesado/sentenciado, Alex Montoya Agüero) ocurrido en el 2009. La Unidad de Inteligencia Financiera,  mandó en su momento el informe sin embargo la Fiscalía contra criminalidad organizada dice no haberlo recibido y su Fiscal, Mateo Castañeda, que luego pasó a ser abogado de Alcalde Castañeda, lo ve tan solo como defraudación tributaria.

La otra cuestión que se pone aquí en evidencia, es la íntima relación entre las políticas neoliberales puestas en práctica en los últimos dos décadas desde el MEF, que en la práctica, reducen el Estado a su mínima expresión[2]; lo convierten en un gestor presupuestal (algunas veces de intereses privados como lo demuestran los ministros y asesores lobbyistas). Estas políticas, de otro lado, debilitan los órganos de control y permiten que órganos como la Contraloría, el propia Fiscalía, dependan del poder político y/o económico. Finalmente se convierten en cómplices de un conjunto de actividades delictivas, a través de mecanismos como el testaferrato o la tercerización de actividades.

 

___________

[1] Carlos Chávez Málaga, quien cobraba por empresa CSI- Perú Logística. O, Miguel garro, antiguo Gerente General de RELIMA, conocido de procesado por TID, Alex Montoya Agüero. Asimismo, Arturo y Martín Belaúnde, que podrían llevar a conexiones dentro del actual gobierno (Diario La Primera) o del anterior (a través de Luis Nava ex Secretario de Alan García).

[2] Es el caso de los diplomáticos, cuyas funciones son recortadas por agentes comerciales, o el caso de organismos reguladores que son prácticamente concesionados.

Anuncios

El Narcotráfico y su entrada a la Política Peruana

Fecha: 11 de agosto de 2014

Por: Juan Manuel Torres

Mi fotoEn los últimos días, a propósito de las elecciones de octubre próximo, se han visto casos que han dado cuenta de la relación que existe entre el narcotráfico y algunos elementos de la política peruana. Sin duda alguna, el caso más sonado hace referencia al hallazgo de media tonelada de clorhidrato de cocaína en la van de un candidato de Fuerza Popular (fujimorismo) a la alcaldía provincial de Barranca. No obstante, otros casos más recientes han involucrado a partidos como Alianza Por el Progreso y al APRA, evidenciando aún más la complejidad de un fenómeno que resulta altamente peligro para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.

Pero, ¿qué permite la incursión del narcotráfico en la política peruana? Existe una serie de factores que pueden ayudar a dar respuesta a esta crucial interrogante. En primer lugar, la actual crisis partidaria da cuenta de una ventana de oportunidad para el narcotráfico. La proliferación de partidos que carecen de solidez institucional, de legitimidad, de ideología y de mecanismos de democracia interna (por solo mencionar algunas características) facilita la penetración de dinero del narcotráfico (y otros tráficos ilícitos) en esta esfera. Es por eso que algunos partidos políticos terminan convirtiéndose en simples vehículos del poder ilegal. En segundo lugar, la debilidad del Estado en cuanto ente fiscalizador de partidos y candidatos (a través del Jurado Nacional Electoral) es un elemento que debe considerarse para este análisis. Su poca capacidad operativa (y el marco normativo que la regula) permite que muchos candidatos ingresen a la competencia electoral sin haber sido exhaustivamente investigados. No solo basta con solicitar una declaración jurada sino que también debería existir un registro único y disponible con antecedentes policiales, penales y judiciales.

En tercer lugar: el aumento cuantitativo del narcotráfico en el Perú. A pesar de las recientes reducciones en las hectáreas de cultivo de coca ilegal en el nuestro país, el narcotráfico como actividad ilegal continúa su expansión. Y es que, más que hectáreas reducidas, se necesita reducir la productividad por hectárea. Así mismo, cada mes hay mayor dinero involucrado por lavado de activos. Además, la realidad y la percepción sobre inseguridad ciudadana nos dan cuenta de su incremento, mientras que cada día ingresan nuevos internos a los penales por el delito del tráfico ilícito de drogas. La situación, obviamente, se vuelve inmanejable cuando tenemos un fenómeno incapaz de ser controlado.

El caso aprista debe ser tomado en cuenta para el análisis. ¿Es posible que una persona que ha sido sentenciada por el delito del tráfico ilícito de drogas pueda postular a un cargo de elección popular? De hecho, sí es posible pues la ley no lo prohíbe y existe la presunción de inocencia, la rehabilitación, entre otras garantías. Pero, ¿es moralmente correcto? En una coyuntura en la que temas como “narcopolítica”, “narcoindulto” y “narcocandidaturas”, pueden crear una crisis política severa, es necesario que los partidos políticos dejen de albergar a candidatos con antecedentes judiciales, pues quizá existe (y existirá) con estas personas el riesgo latente de volver a delinquir en un fenómeno que tanto daño le causa al país. El ex presidente García ha tratado de deslindarse de cualquier responsabilidad sobre este caso, pero lo cierto es que le resultará difícil dada la pésima utilización de las conmutaciones y gracias presidenciales durante su gobierno.

Corrupción y narcotráfico en el Perú. Una aproximación.

Fecha: 11 de agosto de 2014

Fuente: Revista Argumentos

Por: Ricardo Soberón

rsoberonLa hipótesis central de este corto artículo es mostrar la evolución reciente del narcotráfico en el Perú, que le ha permitido tomar una posición más importante en el escenario regional y global de la droga, pero que ha evolucionado de forma de poder distraer la atención de un Estado formalmente “duro” para identificar o atrapar varias formas delictivas, pero que simultáneamente es permeable a la alta criminalidad de las drogas, y desde el que se reproducen con facilidad prácticas corruptas que involucran a vastos sectores sociales y al poder político. Nuestro análisis se basa en diversas fuentes: el seguimiento que hacemos desde el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) a las dinámicas de producción/tráfico1 de los últimos años en la región andina y en el país, y la revisión de la literatura especializada sobre este complejo tema, así como los instrumentos de trabajo institucionales: un consultorio jurídico y una Línea Verde de atención a usuarios detenidos ilegalmente por la policía peruana.

El gran marco general es el de la confluencia en el Perú de factores históricos,2 sociales y culturales3 que promueven la penetración de la corrupción asociada al narcotráfico en todos los niveles de la sociedad y el Estado peruanos, pero con mayor énfasis en zonas donde no existe el Estado de derecho (es el caso de la falta de transparencia, de participación ciudadana, de equilibrio de poderes y de una prensa crítica y objetiva). Atizados por el narcotráfico como principal actividad ligada a la economía global, en los distritos, provincias y regiones de la selva alta peruana, la producción de coca y su transformación en cocaína se convierte en un modus vivendi propio de la zona.

Asimismo, ahora en el siglo XXI y después de 18 años de crecimiento económico basado en la minería, 16% del territorio nacional se encuentra concesionado (21 millones de hectáreas) (Monge 2013), y pese a los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza, persisten gruesos bolsones concentrados en el mundo rural (que alcanzan el 53% según el Censo nacional de 2007). Esto, en el caso de gran parte de los 32 distritos del Vraem, ocasiona una fuerte dependencia del asistencialismo de los programas sociales, como es el caso de Pensión 65, que cuenta con hasta 380.000 usuarios en el país. Todos estos factores de éxito macroeconómico han promovido el incremento de la economía ilegal del narcotráfico: el creciente abandono de tierras de los 2,2 millones de productores agropecuarios en el país, particularmente en la sierra y en la misma selva, ha favorecido una nueva reconcentración en manos de poderosos grupos económicos; igual sucede con el aumento del desvío de insumos químicos producidos por la minería o importados directamente de los países desarrollados. Asimismo, según la UIF Perú (Unidad de Inteligencia Financiera), ha aumentado del lavado de dinero4 en inversiones dudosas como los juegos de azar y la actividad de la construcción (Lima, balnearios de Asia, Trujillo, Chiclayo), así como la necesidad de una mayor mano de obra informal o ilegal.

En ese contexto, el tráfico ilícito de drogas (TID) en sus distintas modalidades es una forma de incorporación de vastos sectores de la sociedad peruana a la economía de libre mercado, articulándose a circuitos, ciclos y cadenas productivas asociadas a la coca, la pasta básica de cocaína (PBC) y el clorhidrato de cocaína como producto final. De paso, se convierte en una forma de inclusión social de sectores marginales de la sociedad, como pueden ser aproximadamente los 2 millones de campesinos y sus hijos, especialmente los de origen altoandino, que ahora habitan los valles cocaleros o las comunidades altoandinas, o los mototaxistas de barrios populares en la costa, que ayudan en la distribución desde más de 1800 puntos de venta de drogas, según Devida y Cedro. Frente a este grueso tejido social en riesgo de caer en actividades ilícitas, la amenaza de sanción penal es menor al beneficio que importa “coronar” una actividad de TID.

Como es comprensible, este ciclo se relaciona con otros fenómenos como la migración dentro y fuera del país, que facilita la salida de pequeñas cantidades de droga pura, dentro o fuera de los cuerpos de quienes la transportan. Lo mismo sucede con el “hueco negro” de la trata de personas en Madre de Dios, relacionada a la minería ilegal del oro. Ambos fenómenos ilícitos comparten la disposición de rutas, insumos usados, contactos, mercados, etc.

Hay pocos estudios sobre la criminalidad organizada en el Perú, como los de Prado Saldarriaga5 y Durand6 desde sus perspectivas jurídicas o sociológicas, o los de victimización que realiza la UNODC.7 Si bien las organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico comparten características con las de otros países, a diferencia de estas, no ejercen brutalmente la violencia, lo que se verifica en la tasa de homicidios del Perú (la cual es inferior a la tasa promedio latinoamericana).8 Ahora describiremos algunos elementos que caracterizan a los distintos agentes intervinientes.

En la lógica de los productores agrarios, un factor que define su situación como el primer eslabón de la cadena es el manejo del ciclo agrario, que tiene como producto bandera a la hoja de coca, cultivo que puede dar de tres a cuatro cosechas anuales, lo que la convierte en la caja chica de la economía rural. De acuerdo con esto, los niveles de ingreso en el proceso ilegal son mínimos, y no pasan del 4% del total que se monetiza proveniente del TID en el país.

En cuanto al cargacho, mochilero o burrier, todos eslabones relacionados al transporte fragmentado de droga desde los sitios de producción a los centros de despacho o exportación, se trata de jóvenes provincianos, con pocas perspectivas de ingresar a la universidad.9 En la gran mayoría de casos, el problema de las burriers extranjeras es su dependencia económica, afectiva o sanitaria10 y el hecho en común de que son perfectamente sustituibles. Al respecto, el proceso del transporte de pequeñas o medianas cantidades de droga es fácil en relación con los grandes envíos.

El paquetero suele ser desempleado y habitante de barrios urbano marginales, usualmente parte de una familia que tiene el negocio en algún distrito limeño. Hace el expendio al detalle, incluyendo el delivery, cuyo mercado suele ser la clase media alta limeña. Cuando son detenidos, todo puede arreglarse en la comisaría, según la información recabada mediante la Línea Verde, un instrumento de asistencia legal que otorga el CIDDH en casos de detención policial.

En todos los casos, se trata de actores secundarios, reclutables a bajo precio y fácilmente reemplazables. Según el INEI, en el Perú hay 2,4 millones de adolescentes de entre 14 y 17 años, de los cuales 1,1 millones son parte de la PEA y 500.000 no trabajan ni estudian. Esto es una muestra de la compartimentalización de cada una de las fases del ciclo, por medio de la cual se tercerizan los servicios, como señala De Rementería, en búsqueda de la minimización de riesgos (Rementería 2011). Al menos en el Perú, que solo monetiza 4% del total de los US$ 85.000 millones que produce anualmente la cocaína, el lavado se hace más fácil en ciudades intermedias o Lima. Además, la tecnología, más la globalización de las comunicaciones y el comercio, promueven el ingreso de una mayor base social a alguna de las actividades ilícitas.

Respecto de la Policía Nacional del Perú, está compuesta por escaso personal y mal pagado, que recibe poca atención, corre mucho riesgo y trabaja en condiciones deplorables (sistema denominado 24×24), es decir, en medio de todas las condiciones que generan los diferentes casos de corrupción en la Dirandro, el Vraem y el aeropuerto de Lima, es decir, en cualquiera de sus unidades.

En los últimos años, en el caso peruano se ha producido una fragmentación y compartimentalización de los servicios de acopio, transformación, transporte y almacenamiento de la droga, desde su salida de las pozas de maceración/laboratorios hasta antes de dejar el territorio peruano por las fronteras o la costa. En la forma moderna de funcionamiento del tráfico de drogas en el país, se reducen las áreas de cultivo de coca (mayor productividad por unidad de producción) y se hace uso de diversas rutas y formas de transporte para distraer a la policía; en general, se prefiere lo pequeño/mediano para reducir los riesgos de la interdicción policial/militar. Asimismo, el narcotráfico ha aumentado su capacidad de penetrar negocios formales e instituciones del Estado como el Congreso y el Poder Judicial; a guisa de ejemplo, 19 de 24 gobiernos regionales están siendo investigados por sospecha de actos de corrupción, con mayor énfasis en aquellos como Áncash, que reciben ingresos por canon.

Los casos dentro del propio Gobierno no son nuevos, una triste trayectoria cuyo principal hito fue la dupla de Fujimori/Montesinos en los años noventa y más recientemente el escándalo de los narcoindultos que involucra al expresidente Alan García (2006/2011, la plata llega sola). En este último caso, sin distinción se beneficia a grandes corporaciones ilegales, como refiere Scarpinato cuando se refiere a la “burguesía mafiosa” en Italia (Scarpinato 2007). Últimamente sobresale el novedoso caso del clan de Rodrigo Orellana y Coopex (Cooperativa de Ahorro), que tuvo influencia en 15 regiones. En relación con este destape, destaca la reciente captura de Benedicto Jiménez y las relaciones del caso con dos partidos políticos, Fuerza Popular (Jesús Neyra) y Solidaridad Nacional (Heriberto Benítez), lo que demuestra la capacidad del narcotráfico para penetrar el Estado.

Las fuerzas de seguridad en el Perú11 tienen poca capacidad de negociación en el mercado, lo que explica, por ejemplo, que hasta hoy hayan pasado seis ministros por la cartera del Interior. Sin embargo, lo poco que tienen lo potencian: la (in)seguridad, la extorsión, el comercio de bienes ilícitos y un largo etcétera. No debemos olvidar que, en el mundo de las bandas, el poder de armamento determina su grado de coerción delictiva.1

De acuerdo con las cifras sobre población penitenciaria en el Perú,13 lo que no existe aún es una voluntad para hacer selectivo el trabajo de represión policial y focalizarlo en grandes estructuras criminales. Es lo que pretende el gobierno actual con la reciente puesta en vigencia de la Ley N.º 30777 contra el crimen organizado, pero que aún aguarda la llegada de recursos financieros frescos que la hagan viable en un sistema judicial débil, lento y corroído por la corrupción. Seguimos pensando en grandes discursos de represión, más penas, más delitos, pero en medio de menos capacidades, con un Poder Judicial desbordado en el ámbito penal. Por ello, intentamos una reforma desde el CIDDH (Soberón 2012) para evitar el uso desmedido de la represión penal en el Perú y lograr una mayor eficiencia, realismo y objetividad en la persecución de un crimen complejo, reconociendo los difíciles límites que tiene con actividades grises en el país. Se trata de provocar un cambio acorde con la tendencia creciente en América Latina de reformar las políticas sobre drogas y aplicarlas solo a los casos de criminalidad compleja.14

En definitiva, llegamos a la conclusión de que en el Perú se produce un complejo y difícil dilema. El crecimiento de unos pocos obliga a arrojar a muchos otros al mundo de la ilegalidad. Así, simultáneamente a todos los indicadores favorables relacionados al boom de la demanda de minerales y el auge de los principales indicadores económicos ocurridos entre 1992 y 2014, se han dado las condiciones necesarias para una mayor dependencia de los sectores sociales excluidos de ese boom, dentro y fuera del Estado, respecto de las economías ilegales, particularmente en el caso del TID. En paralelo, las organizaciones que componen el sistema de seguridad y política criminal del Estado peruano resultan fácilmente desbordadas.

 


 

* Abogado, experto en políticas públicas sobre drogas y seguridad. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (www.ciddh.com) y expresidente ejecutivo de Devida (2011).

Véase los informes globales de UNODC (http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//noticias/2014/06/World_Drug_Report_2014_web_embargoed.pdf) y los informe hemisféricos Cicad-OEA (http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf) y nacionales (Observatorio Peruano de Drogas, http://www.opd.gob.pe).

2 Desde el impacto del virreinato y el monopolio comercial español, la organización administrativa de la nueva república desde 1821-1850 (consignaciones, guano, salitre) y la aparición de lo criollo hasta las denuncias de González Prada.

3  Por ejemplo, la ausencia de cultura de la legalidad en diversos estamentos de la sociedad peruana.

4 Véase http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/2/jer/esta_transparenciaoperativa/20140604-BolEstUIFAbril2014.pdf

5 Véase https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_65.pdf

6Véasehttp://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/el%20peru%20fracturado%20-%20francisco%20durand.pdf

7 Véase http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Victimizacion_Resumen_2011.pdf

8 http://www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/Alertamerica2012.pdf

9 En el colegio secundario de la localidad de Aucayacu, cuatro quintas partes de sus 120 alumnos lograron llegar a universidades de provincias en 2011 según información recogida por el autor durante un viaje.

10  Información procedente del consultorio jurídico del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos.

11  Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE y Fuerzas Armadas asentadas en zonas de emergencia.

12 El autor recogió testimonios en el distrito de Mala, donde campean la extorsión y el sicariato junto con seudosindicatos de construcción civil (mayo/junio de 2014).

13  Véase http://www.inpe.gob.pe/pdf/Diciembre2013.pdf

14 Lamentablemente, en el Perú se produce una serísima situación en la que pese a que no es motivo de detención, más del 55% de detenciones llevadas a cabo por la PNP son por actos de consumo, según información de la Dirandro (2013, ver:  http://www.opd.gob.pe/_mTree.asp?div=II).

Referencias Bibliográficas

Monge, Carlos (2013). “Continuidad y cambios en las varias políticas agrarias del presidente Ollanta Humala”. En Perú hoy. Susurros desde Babel. Lima: Desco.

Rementeria, Iban de (2011). “Que dan las drogas y que no da su represión”. Revista Quehacer, n.º 184, octubre diciembre.

Soberón, Ricardo (2012). “Política sobre drogas. Un intento de reforma”. Revista Quehacer, n.º 185, enero/marzo.

Scarpinato, Roberto (2007) “El Peligro de una Democracia Mafiosa”, En Mafia Mediática, Mafia Burguesa. Disponible en: http://encontrarte.aporrea.org/media/62/mafia.pdf

Odisea de una burrier en el Perú

Fecha: 22 de mayo de 2014
Por: Katya Pinedo y Jérôme Mangelinckx
Fuente: Ajuaa.com.

Fuente: Ajuaa.com.

La realidad de los y las burriers detenidos en el Perú es muy dura. Si bien algunos deciden transportar drogas por razones económicas, otros han sido utilizados y/o amenazados. Los burriers son actores fácilmente intercambiables y representan los últimos eslabones de la cadena del  tráfico de drogas; por ende, su detención no afecta la dinámica del tráfico. Sí tiene un impacto sobre la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y los costos asociados a su internamiento.
La privación de la libertad no es el único castigo que sufren los internos extranjeros en los penales del Perú. Muchos no hablan el idioma español, no tienen contacto o apoyo de sus familias y embajadas y, sobre todo, desconocen el sistema penal peruano, que dependiendo del lugar es o no reformado. Éste prevé penas muy severas para las personas involucradas en delitos de drogas, sin distinción ni guardando proporcionalidad; sin embargo, en la experiencia del Consultorio Jurídico del Centro de Investigación Drogas y DDHH (CIDDH), observamos que la gran mayoría de personas detenidas por tráfico ilícito de drogas no son grandes criminales y, según el INPE, no tienden a reincidir.
Nuestro Consultorio Jurídico brinda apoyo legal a mujeres detenidas por delitos de drogas ya que 6 de cada 10 mujeres internadas lo están por este tipo de delito. Noelia, de 28 años, es una de ellas. Esta colombiana fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez con un kilo de cocaína en cápsulas que había ingerido. Fue sentenciada a una pena de 7 años e internada en el penal de Ancón II, en las afueras de la capital. Solicitó el apoyo legal del CIDDH en defensa de su beneficio penitenciario ante un Juzgado Penal del Callao.
Su audiencia fue reprogramada en varias oportunidades por un tema económico, el pago de la reparación civil que no podía efectuar ella mientras estuviera presa. En efecto, en el juzgado nos informaron que el pago de la reparación civil que había abonado mientras estaba en el penal era mínimo, por lo cual se suspendió la audiencia en varias oportunidades y para que pudiera tratar de una mayor cantidad de dinero. Recordemos que muchos burriers decidieron transportar drogas debido a la situación económica precaria en la cual se encontraban. Por lo tanto, el pago de la reparación civil representa una carga adicional para estas personas que tienen como único y escaso ingreso los talleres en los penales. Finalmente, se pudo pagar parte de la reparación civil con el apoyo de su futura empleadora (quien le brinda un hogar también) y el CIDDH.
Finalmente, el 15 de mayo del presente año, luego de 42 meses de prisión efectiva, le otorgaron su libertad a Noelia gracias al apoyo del Consultorio Jurídico del CIDDH. Cabe precisar que tuvo opinión favorable del Fiscal, el cual no apeló la decisión. Salió en libertad dos días después.
Sin embargo, su odisea no acaba aquí. Todavía tendrá que quedarse en el Perú hasta cumplir su sentencia de 7 años y pagar la totalidad de su reparación civil. Noelia tuvo la suerte de ser acogida por una persona – una religiosa que trabaja en los penales – y quien la dará un trabajo y un hogar. Pero, ¿qué ocurre en el caso de las personas que no tienen esta suerte? Muchos quedan abandonados a su suerte sin documentos y sin posibilidad de encontrar un trabajo formal. Así muchos ex burriers se refieren a la etapa post-penitenciaria como a un castigo suplementario, una suerte de secuestro, ya que no pueden tramitar su regreso a su país. Esta problemática es clave para el CIDDH que se encuentra acualmente coordinando acciones con el Ministerio de Justicia a fin de encontrar un mecanismo distinto que agilice la salida del país para extranjeros que cumplen una pena privativa de la libertad.
Es necesario, no solo por una cuestión de costo-beneficio sino también humanitaria, encontrar formas alternativas para luchar contra el tráfico de drogas ya que los castigos severos no previenen ni disuaden la comisión de un delito y apuntan a los eslabones más débiles de la cadena. Llenar las cárceles de personas acusadas de tráfico de drogas no ha frenado su crecimiento; solo ha contribuido a generar otras problemáticas a nivel social y económico. Es tiempo de cambiar de estrategia.

Los usuarios no son pastrulos, Sra. Meier

Fecha: 07 de mayo de 2014

Fuente: NoticiasSer

jm

Parece que hubiera hablado con Rose Likins (la ex embajadora de Estados Unidos en el Perú), o quizá con la no tan querida por muchos Carmen Masías (presidenta de DEVIDA). Tal vez fue asesorada por Alejandro Vassilaqui (director de CEDRO) ¿quién sabe? Pero su más reciente artículo de opinión acaba de ser publicado en El Comercio bajo el nombre “Y ahora… el lobby de los pastrulos”, por Martha Meier M.Q.

Antes de analizar cada una de sus opiniones, me gustaría agradecerle. Y esto lo hago porque, gracias a su nota, el tema de la regulación del mercado de cannabis en el Perú va ganando espacio en la tan banal agenda mediática del país, para posteriormente hacer presión, por histórica tradición, al sector político del país. Este es el debate que hace falta y que, ahora, va consolidándose en el marco de los principios republicanos del Estado.

Dicho esto, me gustaría comenzar señalando el atrevido y peligroso nivel de estigmatización y prejuicios que utiliza el lenguaje de la señora Meier para referirse a los usuarios de cannabis. Sí pues, para ella, todos los usuarios son “pastrulos” (y también los lobistas). Me pregunto qué significará, para ella, serlo. Quizá, en su mente, el “pastrulo” es un individuo harapiento, sentado en alguna esquina de algún barrio de escasos recursos, donde predomina la violencia y la delincuencia, utilizando cannabis y esperando que pase una señorita bien vestida para arrebatarle su celular. No lo sé, tendría que aclarárnoslo. Me pregunto también si este tipo de expresiones alcanza algún nivel de discriminación, tema tan sensible hoy en día en nuestro país.

Hay un error muy grave en su segundo párrafo: “…el pretexto suena lógico: romper el vínculo de los consumidores, es decir del adicto, con los narcotraficantes…”. ¿Ya lo vieron? El grado de generalización de Meier es tal que se da la licencia de igualar términos: consumidor es igual a adicto, cuando esto no es así. La señora debe entender que no todos los consumidores son adictos, y que existen clasificaciones reconocidas por organismos internacionales (como la OMS) que incluyen términos como consumo recreacional, consumo social, problemático, entre otros.

En esa onda de malinterpretar términos, Meier afirma que todos los usuarios tienen un amigo narcotraficante. No, para ella no existen los amigos que se reúnen un fin de semana para usar cannabis en grupo. Tampoco existen los micro-comercializadores. Parece que no conoce a las “mulas”. Todo usuario, para Meier, tiene un amigo que es narcotraficante (con todo lo que implica serlo).

Ella habla sobre el grado de adicción de la marihuana. Señala que es muy adictiva (10% se hará dependiente). ¿Habrá comparado el grado de adicción con otras sustancias, tipo heroína, cocaína, PBC, o incluso el alcohol? Solo con algún nivel de comparación es que podemos darnos alguna idea de que la marihuana es la droga menos dañina que el resto, incluyendo las legales que millones de muertes han causado (por accidentes automovilísticos, cirrosis y cáncer al pulmón). Reto a Meier a que me señale, con nombre y apellido, la primera muerte por solo consumo de cannabis.

A ver, cultivar una planta de cannabis es como dejar un arma al alcance de los niños. Aquí la señora asume, de forma incorrecta (una vez más), que los usuarios de cannabis tienen el nivel de madurez intelectual, cognitiva y emocional de un menor de edad. Es decir, los que consumen marihuana tienen 9 años. No tienen capacidad de evaluación para la decisión, discernimiento ni la madurez necesaria para asumir ningún tipo de responsabilidad.

Me gustaría saber algo: ¿de dónde saca ella la idea de que la marihuana contiene 70% más agentes cancerígenos que un cigarro? Pues si esto es cierto, seré uno de los primeros en averiguar quién tuvo cáncer solo por consumir marihuana. No, no hay un solo caso.

Lo que se busca actualmente en el Perú no es legalizar. Es hora de dejar de utilizar ese ambiguo término que no hace más que liberar los más rebuscados “argumentos” del conservadurismo para mantener el status quo. Se busca alguna suerte de regulación estatal que sirva como forma de lucha contra el narcotráfico, a la vez que aplique modelos de intervención que vayan acorde con el respeto a los principios de Derechos Humanos establecidos en la normativa internacional. Así, los usuarios no son “pastrulos”, señora Meier.