COL: Colombia se asoma a una nueva guerra contra el narcotráfico

El País

El Estado combate el ‘plan pistola’ de grupos armados como el Clan del Golfo: 700 dólares por cada policía asesinado.

Colombia intenta pasar la página del conflicto armado con las FARC después de más de 50 años de violencia, pero el país que todavía lucha contra el fantasma de Pablo Escobar se asoma ahora a una nueva guerra con el narcotráfico. Mientras la insurgencia está a punto de dejar las armas y se encuentra en plena transición hacia la vida civil, el campo colombiano va camino de convertirse en el fortín de las bandas criminales que controlan la producción de coca y la minería ilegal. El Clan del Golfo, el grupo más articulado, ha iniciado una ofensiva contra las fuerzas de seguridad que desde principios de mayo ha dejado nueve policías fallecidos y 37 heridos en distintos atentados.

Se conoce como plan pistola y consiste en un ofrecimiento mafioso. Estas organizaciones prometen entregar a los sicarios hasta dos millones de pesos, unos 700 dólares, por cada agente asesinado. Las autoridades, preocupadas por la escalada de ataques, han activado protocolos especiales en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, ante el temor a que se produzcan asaltos con explosivos. “Estas estructuras están reaccionando al avance de la fuerza pública y la manera de reaccionar son estos cobardes atentados”, explica a EL PAÍS el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Emboscadas en zonas rurales, disparos a quemarropa y lanzamiento de granadas. Así respondió esta banda a una operación contra uno de sus cabecillas, Uldar Cardona, Pablito. “Hace unos días, la fuerza pública dio muerte a Pablito, en una finca en Antioquia. Eso les dolió muchísimo”, señala Fernández de Soto.

Guerrilla, paramilitares y narcotráfico

El Clan del Golfo no es una banda armada nueva. Aunque con otros nombres -Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia- es una de organización que existe desde 2006. El Gobierno asegura que en los últimos siete años “se han neutralizado” 1.300 miembros y, más recientemente, la policía se ha incautado de unos 10 millones de dólares y 94 toneladas de cocaína. Su capo se llama Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, que pasó por la guerrilla maoísta y fue paramilitar de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, se ha convertido en uno de los criminales más buscados del país y Estados Unidos ofrece por su captura 5 millones de dólares.

Ariel Ávila, politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación, afirma que tras la concentración de la guerrilla en determinados espacios, el 98% del territorio en el que tenían presencia quedó vacío y es evidente que organizaciones como las del Clan del Golfo están ocupándolo. Pero no es la única. Existen otros grupos de características similares, como Los Puntilleros o Los Pelusos. Este último es responsable de la muerte de dos uniformados en los últimos días. El Estado intenta hacer frente a este nuevo conflicto con las fuerzas que había desplegado hasta ahora contra la guerrilla: decenas de miles de militares y policías que pueden comenzar a desempeñar nuevas tareas. “Nosotros veníamos teniendo planes de guerra”, continúa el viceministro de Defensa. “Haber sacado al actor violento principal de la ecuación, permite que nuestra actividad se concentre en el sistema de amenaza persistente que es un crimen residual que vamos a confrontar”.

Sustitución de cultivos

Los soldados protegerán, por ejemplo, a la población de las comunidades de campesinos que decidan iniciar un programa de sustitución de cultivos de coca. Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína en el mundo y el Ejecutivo se ha propuesto reducir las plantaciones ilegales en 50.000 hectáreas en un año. Durante una visita a una finca cocalera del departamento del Meta, este periódico pudo comprobar que la principal inquietud de la vereda La Uribe es el yugo de mafias como el Clan del Golfo.

Camilo Echandía, experto en conflicto y docente de la Universidad Externado de Colombia, recuerda que este grupo ilegal surgió tras la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas, un frente paramilitar, y desde entonces ha estado al servicio del narcotráfico y ha intentado construir una estrategia para que lo reconozcan como un actor del conflicto armado, con el propósito de obtener beneficios jurídicos, principalmente. Explica que el plan pistola, que se ha agudizado en los últimos días, no es comparable con el que Pablo Escobar ordenó en los años noventa para no ser extraditado (400 policías asesinados sistemáticamente en enero de 1990). “Se trata de una reacción de ese grupo que no es nueva y que ha sido reiterada junto con los paros armados para presentarse como paramilitares e intentar una negociación como la que en el pasado hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Gobierno de Álvaro Uribe”.

Diferencias con Pablo Escobar

“Es serio, es la organización criminal más poderosa. Pero hay que poner todo dentro de la proporción adecuada. Esta ofensiva no es sostenible en el tiempo”, señala Jorge Restrepo, director del centro de investigación sobre conflictos armados CERAC. En su opinión, se trata de un narcoterrorismo que busca provocar terror, aunque “muy diferente del narcoterrorismo del narco de los ochenta, que perseguía una política pública nacional”. “Hoy en día a mi juicio se trata de encontrar una vía de escape y por otro lado abrir la posibilidad de exportación”, agrega.

Jimena Reyes, abogada y directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, asegura que el fin del conflicto con las FARC ha reducido las violaciones de derechos humanos como los incesantes asesinatos de líderes sociales, pero no será suficiente para resolver la crisis humanitaria de Colombia. “Nos preocupa que podamos ir hacia una mexicanización en algunas zonas de Colombia, donde se atacan a los líderes y a los que quieran recuperar sus tierras”.

El golfo de Urabá, al este de la frontera entre Panamá y Colombia, es uno de los territorios del Clan del Golfo. No dejarse sacar de allí es parte de lucha. Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, se refiere a la alerta que han lanzado las autoridades locales sobre los posibles planes de atacar a las ciudades capitales. “Más que una estructura, ellos tienen una economía alcanzada desde la ilegalidad que les permite contratar bandas para acciones puntuales. No tienen un ejército, pero sí la capacidad de hacer daño”. Ese es el riesgo que Colombia trata de conjurar.

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/21/colombia/1495388049_004346.html

COL: Así nace el movimiento de Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia

El Espectador

Esta organización, que tuvo su primer encuentro en marzo pasado, denuncia que el Gobierno pretende excluir a las mujeres procesadas por delitos menores de drogas de los beneficios penales. Algo que contraría lo pactado con las Farc en la Habana. A través de podcast radiales cuentan la historia que tienen marcada en sus manos.

“No nos den trato de narcotraficantes a quienes tenemos relación con los cultivos de coca”, es la consigna de las Mujeres Cocaleras del Sur del Colombia, cuya organización agrupa a las trabajadoras de la mata de los departamentos de Caquetá, Cauca, Meta, Nariño y Putumayo. El pasado 17 y 18 de marzo, en Puerto Asís, setenta y cinco de ellas se reunieron por primera vez para analizar su realidad como cultivadoras, recolectoras y realizadoras de otras actividades asociadas a la economía de la hoja.

Estas mujeres, más que nadie, tienen claro que, tras el acuerdo de paz con las Farc, el arbusto que durante tantos años permitió la subsistencia de las comunidades de estas regiones, hoy tendrá que acabarse. Y lo dicen sin apego a un cultivo que las ha mantenido en el anonimato, escondidas de las autoridades y, otras, con las secuelas de lo que la cárcel les dejo.

El temor no es arrancar las matas de coca para empezar una nueva vida, el miedo es quedarse sin qué comer en unos territorios que tienen tierras de vocación agrícola, en un país en el que la agricultura local no vale un peso para el mercado.

 

Por eso, en esa brega, las mujeres están levantando la voz para no ser excluidas de tajo en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Excluidas del trato diferencial, como quedó pactado entre el Gobierno y las Farc para poner fin a la guerra. “Que las mujeres que están en las cárceles dentro y fuera del país por su relación con la economía de la coca (cultivadoras, raspadoras, transformadoras, transportadoras y vendedoras) sean beneficiarias de excarcelamiento y cesación de procesos penales”, dice la carta que le enviaron al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tras conocer que los beneficios punitivos para las mujeres procesadas por otros delitos menores asociados a drogas, serían excluidos del proyecto de ley vía fast track que el Gobierno tramita solo para cultivadores de coca.

 

A la par, las mujeres traerán a Bogotá la declaración final del último encuentro, en el que manifiestan sus preocupaciones y demandas entorno a: planes de sustitución, participación equitativa, economías sostenibles y no criminalización de la cadena de la coca en la que participan las campesinas del país.

 

Según datos de la Corporación Humanas, quien asesora a la organización de Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia, es importante recordar que en el país, desde 1991, el número de mujeres encarceladas se ha multiplicado 5.5 veces y que cerca de cinco de cada diez están en prisión por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres y el 52% son madres cabeza de hogar.

 

Por estas razones, el próximo 17 de mayo llegarán a la capital. A pedir que el Gobierno cumpla con lo acordado en la Habana. A hacerles escuchar estas piezas radiofónicas que dan cuenta de su realidad: testimonios de cotidianidades, dificultades y anhelos de las mujeres cocaleras que quieren seguir siendo campesinas.

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/asi-nace-el-movimiento-de-mujeres-cocaleras-del-sur-de-colombia-0

COL: Control policial y armas ‘no letales’

El Espectador

El Gobierno debe presentar un proyecto de ley que regule la protesta social. Por limitaciones de espacio, no explico todo lo que creo que debería tener una adecuada regulación de la protesta y me concentraré en un solo punto: el uso por la Policía de las llamadas armas no letales.

Por: Sebastián Lalinde*

El Gobierno debe presentar un proyecto de ley que regule la protesta social. Lo debe hacer porque revisar el marco normativo sobre la materia es uno de los compromisos de los acuerdos de La Habana con las Farc y porque debe aprovechar que el Congreso tiene la obligación de adoptar una nueva regulación de este derecho tras la reciente decisión de la Corte Constitucional que así lo ordenó al examinar el Código de Policía.

Por limitaciones de espacio, no explico todo lo que creo que debería tener una adecuada regulación de la protesta. Me concentraré en un solo punto: el uso por la Policía de las llamadas armas no letales.

Fusiles lanza gases, escopetas calibre 12, lanzadores de agentes químicos, granadas y cartuchos con carga química, entre otras armas “no letales” que utiliza el Esmad de la Policía, parecen dispositivos para lidiar con enemigos más que para tratar con ciudadanos, que es su verdadera función. Por eso no debe sorprender que la Policía invoque normas de derecho internacional que regulan la guerra y los conflictos armados como fundamento para utilizar estas armas. Esto explica por qué ciudadanos (o enemigos, como al parecer ve la Policía a quienes protestan) han muerto y sufrido lesiones graves cuando el Esmad ha intervenido en protestas.

“En lugar de trazos de sangre o moretones, el gas lacrimógeno se evapora de la escena, y los daños son mucho menos pronunciados en la superficie de la piel, o ante la mirada de una cámara”, señala la profesora inglesa Anna Feigenbaum para explicar que la invisibilidad y lo efímero del gas lacrimógeno dan una apariencia de uso de la fuerza razonable. Apariencia que la Policía prefiere al escándalo de la sangre que generan los bolillos y las armas de fuego.

Pese a las muertes y lesiones que han ocurrido, la Policía sigue empleando estas armas y sustancias químicas. Las armas químicas están prohibidas en la Convención sobre las Armas Químicas de 1997, salvo cuando se destinan a la represión de disturbios. Quizás, apelando a esta excepción, es que la Policía se tranquiliza con que “los estudios técnicos y científicos se encuentran desarrollados por parte de sus fabricantes y proveedores”, como me respondió a un derecho de petición, y los fabricantes las ofrecen como tecnología no letal.

En compras de elementos para controlar protestas, Colombia se ha gastado un poco más de $105.000 millones de pesos en diez años. Increíble que tanta plata se haya gastado para reprimir a quienes protestan, quienes en su mayoría no tienen otro medio para hacer sus reclamos, manifestar sus inconformidades, demandar sus derechos… que tomarse las calles para ser efectivamente escuchados.

Si el Estado no quiere más protestas, en vez de reprimirlas violentamente, debería empezar por garantizar derechos y por cumplir los acuerdos a los que se compromete con los manifestantes, pues, según el CINEP, cada vez más la motivación de las protestas son los incumplimientos de los pactos que dan fin a protestas anteriores.

También podría ser creativo para evitar desmanes por parte de quienes protestan porque, no soy ingenuo, los abusos no solo provienen de la Policía. Controlar la protesta solo con el Esmad es como ponerle un trapo rojo a un toro. Hay alternativas ya inventadas que podrían reducir la violencia. En la celebración del día del trabajo en el centro de Bogotá ha ocurrido que los manifestantes rayan paredes y tiran piedras contra edificios emblemáticos. En el 2009 la Alcaldía tapó las fachadas de estos edificios con pendones de imágenes de íconos sociales y sindicales, lo que funcionó porque nadie iba a rayar o coger a piedras a sus propios líderes, como me contó un funcionario de la Alcaldía de aquel entonces.

Podría también el Estado pensar en gestores de convivencia, como se ha ensayado en algunas alcaldías de Bogotá. Los gestores son funcionarios de la alcaldía -no de la Policía-, que acompañan las protestas con el fin de generar espacios de conciliación y facilitar el diálogo con las autoridades competentes para atender sus reclamos.

Foucault, al ser preguntado por qué siguen existiendo cárceles pese a ser contraproducentes, responde que producen delincuentes y los delincuentes tienen una utilidad porque a más delincuentes, más crímenes y más miedo en la población, lo que hace más aceptable y deseable el control policial. Algo parecido ocurre acá. El desconocimiento de derechos e incumplimiento de pactos producen protestas. Más protestas conducen a mayor reclamo de control policial y a un mayor uso de armas “no letales”. Y, a mayor demanda de estas armas, mejores negocios para quienes las producen. Ojalá el Gobierno sea capaz de romper con la utilidad económico-política de la protesta y, al revisar su marco normativo en cumplimiento de los acuerdos de paz, replantee la Resolución 00448 de 2015 de la Policía Nacional, que regula el uso de armas “no letales”.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

http://colombia2020.elespectador.com/opinion/control-policial-y-armas-no-letales

COL: Proceso de paz y drogas: de eso hablarán Trump y Santos el 18 de mayo

Semana

En un comunicado, la Casa Blanca informó sobre el encuentro entre los mandatarios que tiene como fin afianzar lazos entre las dos naciones. Es la primera vez que se ven cara a cara.

En un comunicado, la Casa Blanca confirmó que el próximo 18 de mayo se dará el esperado encuentro entre Juan Manuel Santos y Donald Trump. “El presidente Trump y el presidente Santos discutirán maneras de reforzar los fuertes lazos de que gozan Estados Unidos y Colombia”, se lee en el documento de prensa.

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Líneas más adelante, dice: “Los dos líderes intercambiarán visiones sobre varios temas bilaterales y regionales, incluyendo la implementación del acuerdo de paz, el acercamiento a objetivos de seguridad compartidos, como la guerra contra las drogas y el crimen internacional, y contrarrestar los problemas democráticos de Venezuela”.

El de Santos y Trump ha sido un encuentro anhelado desde Colombia. Santos había hablado con su homólogo estadounidense en febrero pasado vía telefónica. Pero no se habían visto cara a cara.

 Por eso causó revuelo que el expresidente Andrés Pastrana, uno de los líderes de la oposición en Colombia, hubiese insinuado que se había reunido con Trump y Álvaro Uribe en el club Mar-a-Lago, en la Florida, para hablar de temas trascendentales para la región.

Pero poco después se fue confirmando que el de Pastrana había sido un trino exagerado. Trump había conversado con los expresidentes colombianos de manera fugaz, en un pasillo. Una fuente de la Casa Blanca le dijo a Univisión que incluso solo hubo un “hello” entre Trump, Uribe y Pastrana.

Otro de los temas que estará en la agenda que abordarán Santos y Trump será la situación en Venezuela. Este no ha sido un tema indiferente para los Estados Unidos. El 27 de abril, Trump sorprendió a los medios de comunicación con una frase que resumía su preocupación: “Venezuela es un lío”.

En aquella oportunidad, Trump recibía justamente la visita del presidente de Argentina, Mauricio Macri. “Estoy muy triste por Venezuela, muy triste de ver lo que ha pasado. Es una situación muy triste”, dijo Trump.   

http://www.semana.com/nacion/articulo/confirmado-santos-visitara-a-trump-el-18-de-mayo/524133