COL: “Consumo en EE.UU. también llevó al alza de cultivos de coca”

Semana

Eduardo Díaz, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia, le responde a Tillerson. Dice que la expectativa de campesinos por incentivos del proceso de paz incidió en el aumento de las cifras pero no fue el único factor.

SEMANA: El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dice que Colombia cometió un error al diseñar en el acuerdo de paz incentivos para la sustitución de los cultivos ilícitos ya que esto llevó al incremento de las siembras. ¿Qué opina?

Eduardo Díaz: El acuerdo de paz es la primera y gran oportunidad que tiene Colombia para salir del tema de los cultivos ilícitos. Afirmar lo contrario no corresponde a la verdad por cuanto el Estado podrá llegar con los programas de sustitución y desarrollo territorial a los sitios donde está concentrada la producción de coca que, en su mayoría, son los sitios donde se produjo el conflicto. En el 68% de los territorios donde hoy hay coca nunca llegó un programa de desarrollo alternativo dirigido por las Naciones Unidas. Y esto ocurrió en razón al conflicto armado, era imposible llegar a esos territorios por razones de seguridad.

Atribuir el crecimiento de los cultivos al acuerdo de paz es desconocer que el acuerdo de paz es la primera oportunidad que se abre para salir de ese flagelo. Ahora bien, es cierto y es preocupante ver cómo en esas zonas y en otras partes han crecido los cultivos, producto de muchas circunstancias. Una de ellas tiene que ver con lo que el acuerdo pudo significar para algunos cultivadores o algunos campesinos que vieron ahí la oportunidad de acceder a programas del gobierno. Pero es igualmente cierto que ha habido un fenómeno de devaluación del peso colombiano que ha incidido también en el crecimiento de los cultivos; así como la caída del precio del oro implicó el traslado de muchos capitales ilegales de la minería ilegal hacia los cultivos ilícitos.

Puede leer: La apuesta de acabar con la coca por las buenas

La razón por la cual han crecido los cultivos tiene que ver con muchos factores, incluído, el comportamiento de la demanda de cocaína en Estados Unidos, en Brasil y en Europa. Por tanto, este es un fenómeno global y no se puede mirar sin una sola de las partes de la cadena. Pero lo que sí le quiero reiterar es que el acuerdo de paz es la primera gran oportunidad que tiene el país para, en el marco de paz y el desarrollo regional, avanzar en la sustitución de cultivos de la mano de los campesinos.

SEMANA: ¿Cuánto impacto pudo haber tenido esta expectativa de incentivos frente al aumento de cultivos?

E.D.: Me parece que poner la lupa en ese tema es como ver el árbol y no el bosque. Es una visión desenfocada en donde por andar mirando un tema no se ven los demás. Entonces insistir en ello es encontrar una hipótesis que es falsa. Pero sí tuvo incidencia, si se quiere ver así. Lo que pasa es que no es la mayor ni la única explicación. ¿Qué tanto pesó la devaluación del peso? ¿Qué tanto pesó la crisis de la economía? Los expertos no lo han definido pero al menos sí consideran que esos otros aspectos tuvieron incidencia. Entonces, no solo son fenómenos internos, también son fenómenos externos. ¿Qué tanta incidencia tuvo el incremento de consumo de coca en Europa, Estados Unidos y Brasil? Eso es también parte de la pregunta.

SEMANA: El efecto que tuvo el anuncio de incentivos en la realidad del campo no es nuevo, hay alertas desde hace unos tres años de parte del informe anual de Simci. ¿Se hizo algo en el acuerdo para contrarrestar el incremento?

E.D.: El tema de frenar los cultivos tiene que ver con las herramientas que se utilizan para evitar el crecimiento de los mismos. Y por eso he reiterado que la principal herramienta que propone el acuerdo para superar el flagelo de los cultivos ilícitos es ayudarle a los campesinos para que pasen del confrontación a la cooperación. Es posible que algunas personas hayan interpretado el acuerdo como una oportunidad para hacerse a unos recursos por cuenta de los acuerdos de sustitución. Pero es una interpretación que recae en las personas porque el acuerdo, por ejemplo, es más potente en relación con los campesinos, con la reforma rural integral y regiones enteras donde hay conflicto, como los Montes de María, el Tolima o el Huila, donde no se presentó ningún crecimiento de cultivos. O sea que uno no podría decir que esa es la razón única. Puede ser que haya personas que asumieron ese comportamiento pero lo que no se puede hacer es descalificar la oportunidad inmensa que significa el acuerdo de paz para la reducción drástica de cultivos; y segundo, dejar de ver que el problema tiene múltiples causas como las mencionadas anteriormente.

Le recomendamos: El glifosato casi extingue a una comunidad en Guaviare: Corte

SEMANA: ¿Cómo responderle al Secretario de Estado que dice que es urgente que reanuden las aspersiones aéreas con glifosato? 

E.D.: Creo que ya el Gobierno ha sido bastante claro -el señor vicepresidente de la República, el ministro del posconflicto, Rafael Pardo, y el ministro de justicia- en cuanto a que eso es una página ya pasada. Que lo fundamental en la lucha contra los cultivos es abordar de manera distinta el tema de narcotráfico y los cultivos. Tener una estrategia contra las redes de narcotraficantes y buscar avanzar significativamente en la sustitución de cultivos de la mano de los campesinos. Por ello, no sobra recordar lo que señaló el vicepresidente cuando dijo que en los últimos ocho años se intervinieron 2 millones de hectáreas de las cuales 1,6 millones fueron asperjadas con glifosato y 400.000 fueron erradicadas manualmente para un balance final de una reducción de 100.000 hectáreas. Estos resultados, repito, sobre la base de 2 millones de hectáreas intervenidas. Creo que lo que hay que mirar es la oportunidad que el proceso de paz le ofrece a la superación de este problema.

SEMANA: ¿Qué resultados reportan en la sustitución con la implementación del acuerdo?

E.D.: La implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que es el pactado en el acuerdo final, inició el 27 de enero de 2017 cuando se decidió por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y las Farc, en cabeza de Pastor Alape, la implementación del punto cuatro del acuerdo de paz. Desde entonces han transcurrido 4 meses y medio, y puedo decir por ahora que se han realizado compromisos de interés por parte de comunidades, han expresado su voluntad de avanzar por el camino de la sustitución voluntaria. Esto involucra a 80.000 familias en distintas regiones del país e incidencia sobre unas 70.000 hectáreas de coca.

De ahí hemos pasado a una segunda fase que consiste en hablar con esas comunidades que expresaron su voluntad a través de los líderes para iniciar procesos de sustitución y se inició un proceso de socialización de los acuerdos. A partir del 11 de mayo se inició la tercera fase que tiene que ver con inscripción de acuerdos familia por familia en esos territorios donde se comprometen a abandonar toda relación con los cultivos ilícitos e involucrarse en procesos reales de sustitución, no comercializar derivados de la coca.

SEMANA: A hoy, ¿cuántas familias han firmado?

E.D.: Se han realizado a la fecha procesos de registro y compromisos individuales en el Meta, Putumayo, Guaviare, Tumaco, Antioquia, Vichada y estamos avanzando en Montañita (Caquetá) en donde el sábado se formaliza este proceso. Estamos hablando que con lo hecho y con lo que se hará en los próximos 20 días, en total entrarían 11.398 familias comprometidas con la erradicación voluntaria de 9.308 hectáreas de coca.

Puede leer: La polémica propuesta de volver a las fumigaciones

SEMANA: ¿Cuántas familias creen que terminarán por acogerse?

E.D.: Estamos hablando de cerca de 170.000 familias.

Beneficios que reciben al suscribir el acuerdo:

Deben comprometerse a la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucrados en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas.

Durante el primer año: $1 millón al mes como remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario. Este dinero se entrega hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

$1,8 millones para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.

$9 millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

Segundo año: El Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta $10 millones en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.

Se creará un plan de asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de $3,2 millones de pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.

 http://www.semana.com/nacion/articulo/eduardo-diaz-director-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos/528705

COL: La erradicación aérea y manual de coca ha fracasado: director de Indepaz

El Espectador

En entrevista con El Espectador Camilo González afirmó que para disminuir los cultivos de coca en el país se debe atacar a los grandes beneficiarios del narcotráfico y brindar más oportunidades a los campesinos.

Mucho debate han ocasionado las declaraciones hechas esta semana por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien le solicitó al Gobierno colombiano reiniciar la aspersión aérea, como medida inmediata para ponerle freno al aumento considerable de cultivos ilícitos. Sobre todo porque según cifras de la Casa Blanca actualmente en Colombia hay cerca de 188 mil hectáreas cultivadas que pueden producir  710 toneladas métricas de cocaína.

Sin embargo, para  Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, la fumigación aérea no es una opción pues incluso ya fue descartada por la Corte Constitucional.

Aún así, el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró, en entrevista con Blu Radio, que si en 2017 no se erradican cien mil hectáreas de coca, “nos veremos obligados a pensar nuevamente el tema de la aspersión aérea”.

 El Espectador habló con Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien aseguró que las formas de erradicación de cultivos (aérea o manual) han fracasado en el país y que en la lucha contra el narcotráfico el Gobierno debe combatir a los grandes beneficiarios del negocio y no al “eslabón más débil de la cadena”: los campesinos. 

¿Qué significa el aumento de los cultivos en el país?

Por un lado, la economía campesina y la producción tienen muchísimas dificultades de crédito, mercadeo, transporte, etc., entonces se buscan opciones para obtener beneficios, al menos, para subsistir. También tuvo que ver la caída del precio del oro pues quienes trabajan en esto cambiaron o volvieron a los cultivos ilícitos. El problema es de oportunidades.

La agricultura está en crisis porque el Gobierno se concentró en los grandes monocultivos, que no dan tanto empleo como la economía campesina. Esto tiene unas consecuencias sociales porque la gente se la tiene qué rebuscar haciendo lo que puede.

¿Qué impacto tendría volver a la aspersión aérea de cultivos ilícitos?

Las fumigaciones en cerca de 1,8 millones de hectáreas han demostrado que lo único que se produce es un efecto globo, es decir, la resiembra en otros lugares. Es un procedimiento bárbaro que incluso ha sido calificado por algunos de guerra química, pues tiene un daño en el medio ambiente y en general en la economía de los pequeños productores. Además, varios estudios demuestran que el costo-beneficio es desventajoso: es muy caro, pero poco eficiente y sin una visión social.

En ese sentido, ¿cuáles son las consecuencias de que el presidente Donald Trump pida a Colombia que use de nuevo este método?

Cuando Trump fumigue los cultivos de marihuana, primer producto agrícola de Estados Unidos, podrá pedirles a los demás países que echen químicos sobre sus suelos y su población. No tiene ningún sentido ético que reclamen ese método bárbaro, de echar tóxicos en sus cultivos y su población, cuando ellos no lo aplican.

¿Ha sido efectiva la erradicación manual de los cultivos de coca?

Todas estas prácticas de erradicación, manual o aérea, según análisis de las entidades oficiales, han fracasado. El problema no es arrancar las matas, sino ofrecerles oportunidades a los campesinos. Hay cerca de 200 mil familias directamente vinculadas a estos cultivos y otras 200 mil en las economías asociadas al narcotráfico. Entonces la solución no es erradicar, sino hacer lo que dice el acuerdo de La Habana: desarrollo rural integral. El enfoque no debe ser punitivo, sino social, de salud, de derechos humanos.

¿Se deberían replantear, entonces, las políticas antidroga en el país?

Sí, o por lo menos entender que el problema no está en el eslabón más débil, sino precisamente en las organizaciones macrocriminales internacionales, en el lavado de activos. Se debe atacar donde están las ganancias del negocio, no donde está la pobreza.

¿Qué garantías tendría que dar el Estado para decirle a los campesinos que cambien sus cultivos?

Ya hay un programa que se llama “Plan de acción inmediata”, que busca la sustitución voluntaria. Ya 90 mil familias están inscritas, lo que corresponde a 70 mil hectáreas. Se debe seguir implementando ese plan y generalizarlo. El Gobierno debe dejar de hacer cosas a cuenta gotas.

¿Qué pasa entonces con la lucha contra los grupos ilegales que se dedican al narcotráfico?

También es necesario replantearlo, porque estos grupos se siguen reproduciendo, exportando unas 500 toneladas métricas de cocaína al año. Por eso es necesaria una política que ataque el lavado de activos que genera de seis mil a siete mil millones de dólares. Se debe golpear es donde están las conexiones de los grandes negocios de estos grupos narcoparamilitares y no a los campesinos.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/la-erradicacion-aerea-y-manual-de-coca-han-fracasado-director-de-indepaz-articulo-698387

COL: 12.000 presos pueden salir libres el 1 de julio

Semana

En menos de dos semanas esa cifra de internos quedarían en libertad, con graves implicaciones para la seguridad ciudadana. ¿Cómo se llegó a esto y que se puede hacer?

En dos semanas Colombia podría enfrentarse a una de las mayores oleadas de inseguridad en la historia reciente. Centenares de raponeros, atracadores, sicarios, mafiosos, integrantes de bandas y ladrones de cuello blanco, entre muchos otros, saldrían de los penales y quedarían en libertad. No se trata de un asunto menor. El próximo 1 de julio 12.000 personas, la mayoría sindicadas por los delitos que más afectan a los ciudadanos comunes, regresarán a las calles.

La historia por la cual esto está a punto de ocurrir comenzó hace dos años. En 2015 la Fiscalía y el Ministerio de Justicia de la época promovieron ante el Congreso la aprobación de la Ley 1760. Fue así como quedó consagrado a partir de la entrada en vigencia de esa ley que la Fiscalía y la Justicia tendrían un plazo máximo de un año para resolver la situación de las personas sindicadas con privación preventiva de la libertad. De no hacerlo, quienes estuvieran detenidos en calidad de sindicados sin que se iniciaran sus respectivos juicios podrían reclamar su libertad al cumplir los 12 meses tras las rejas.

Puede ver: En video: Así se inundó la cárcel de Villahermosa en Cali

En ese momento una de las motivaciones para promover esa iniciativa tuvo que ver con las demandas contra el Estado por privaciones injustas de la libertad, que eran un desangre para las arcas de la Nación. Las pretensiones en contra del aparato judicial superaban los 18 billones de pesos en las últimas dos décadas. La mayoría de esas acciones legales fueron instauradas por personas que permanecieron varios años tras las rejas a la espera de que un juez resolviera su situación, es decir, que los condenaran o los absolvieran. Esa ley también buscaba modificar los criterios para aplicar las medidas de aseguramiento, con el argumento de que la privación de la libertad debería ser la excepción del sistema penal y no la regla.

La Ley 1760 entró en vigencia el 6 de julio de 2015 y un año más tarde el propio gobierno se dio cuenta del inmenso lío creado por esa norma. Para julio de 2016 cerca de 10.000 sindicados estaban listos para recobrar la libertad, pues ya había pasado un año y aún no iniciaban los juicios en su contra ni les definían su situación. Ante esa inminente excarcelación masiva de presos, muchos de ellos de gran peligrosidad, el gobierno convocó de urgencia al Congreso para expedir otra ley que amplió un año más el plazo a la Fiscalía y la Justicia para mantener las medidas de aseguramiento y resolver la situación jurídica. En ese momento se logró atajar la salida masiva de detenidos. Sin embargo, ese nuevo plazo es el que termina el próximo 1 de julio.

Sugerimos: A prisiones de máxima seguridad, por extorsionar desde la cárcel

Problema de fondo

 Desde hace varios meses uno de los funcionarios que más ha alertado sobre la inminencia de esta nueva excarcelación es el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. No han sido pocos los escenarios en los que el jefe del ente acusador ha advertido sobre lo que está por ocurrir. El último llamado desesperado que hizo el fiscal fue hace pocos días durante el Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria que se desarrolló en la sede de la Procuraduría en Bogotá.

“Sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año, de tal manera que debe haber condena a lo sumo en un año. Eso va a dar lugar a excarcelaciones masivas”, afirmó el fiscal Martínez. “Las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año. En la medida en que la Fiscalía sea más efectiva, más se va a colapsar el sistema penal acusatorio. Hoy hay represadas 112.000 audiencias en todo el país como resultado de que el sistema judicial no tiene alternativas. El número de jueces en 1994, cuando yo era ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy en 2017, 23 años después. Adicionalmente, el sistema demuestra que en un año ni siquiera se alcanza a instalar el juicio oral. ¿Cómo se expidió entonces esa ley que dice que en un año se debe resolver la situación del sindicado?”, dijo Martínez, al explicar parte de las razones por las cuales podrían quedar en libertad próximamente esos 12.000 detenidos.

Le puede interesar: Fiscal alerta por excarcelación de 12.000 personas en un mes

Entre las causas por las que el país nuevamente está enfrentando el peligro de las excarcelaciones masivas tiene que ver la falta de una política criminal seria y definida, que permita que en los penales estén aquellas personas que realmente son un peligro para la sociedad. Este colapso se explica, según Martínez, porque “se volvió un deporte construir en todos los periodos legislativos más y más tipos penales”.

De acuerdo con el fiscal en la actualidad hay más de 400 tipos de penales, lo que hace que todo sea un delito que merece cárcel. “Solo en lo que va de 2017 ya tenemos 27.236 denuncias por inasistencia alimentaria. El 15 por ciento de la capacidad investigativa de la Fiscalía se dedica a eso. Un muchacho que rompe el vidrio de una casa: eso hoy está tipificado como daño en bien ajeno y puede terminar en la cárcel, lo cual es absurdo”, afirma Martínez.

Si bien para el fiscal general ese tipo de delitos, entre otros, deben merecer un tratamiento diferente que obviamente no implica detención, el gran problema es que como no hay política criminal clara se volvió común hacer “tabla rasa con todos los delitos”, para lidiar con problemas como el hacinamiento en los penales. Es decir que una ley como la 1760 que podía beneficiar justamente con la libertad a un padre de familia que no pudo cumplir con su cuota alimentaria también cobija a un sicario peligroso o un temido atracador. “¿Cómo puede pretenderse que existieran iniciativas que contemplaran realizar un descuento del 20 por ciento de la penas a todos los delitos?”, se preguntaba el fiscal, en clara referencia a las iniciativas legislativas que planteaban esa rebaja en las condenas de todos los criminales como medida de descongestión carcelaria y con motivo de la visita del papa Francisco.

Tanto el fiscal como el procurador Fernando Carrillo anunciaron la presentación de un proyecto de ley el próximo 20 de julio, en el que propondrán la despenalización de un amplio número de delitos que podrán ser perseguidos y sancionados de otras formas, como es el caso de la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno o la expedición de cheques sin fondos, entre otros. Una propuesta realizada con la ayuda del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

Si bien esto es una contribución para enderezar la política criminal del país, se trata de medidas que se verán a mediano y largo plazo. Por ahora la única salida viable que existe para evitar que en dos semanas miles de delincuentes salgan de prisión parece ser que nuevamente el gobierno y el Congreso expidan una nueva ley que, otra vez, prorrogue esta inminente ola de excarcelaciones. De no hacerlo, serán los ciudadanos de todo el país quienes sufran las consecuencias.

http://www.semana.com/nacion/articulo/12000-presos-pueden-salir-libres-el-1-de-julio/528110

COL: Por cada mujer en prisión hay 15 hombres; 7.683 mujeres están privadas de la libertad

RCN Noticias

Más de la mitad de las mujeres recluidas en prisión están por delitos relacionados con tráfico de drogas. La población LGBTI ni siquiera está contabilizada. Si son homosexuales no tienen posibilidad de visita conyugal y si son transgénero no se les respeta su identidad.

 http://www.noticiasrcn.com/videos/cada-mujer-prision-hay-15-hombres-7683-mujeres-estan-privadas-libertad

 

COL: Así influye el cambio climático en la Amazonia

El Espectador

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, WWF y otras organizaciones publicaron un atlas interactivo que muestra los efectos del cambio climático en esa región y propone alternativas para mitigarlo.

Ya es un lugar común decir que la Amazonia es el pulmón del mundo. También es dato conocido que sus casi siete millones de kilómetros cuadrados ocupan el 40 % del territorio de Suramérica. Lo que no está tan claro es cuán vulnerable es este ecosistema al cambio climático y sus consecuencias.

Por esta razón, la iniciativa Visión Amazonia reunió los esfuerzos de la organización ambientalista WWF, Redparques, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (Pnuma) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y publicaron el primer atlas interactivo del Amazonas con enfoque de cambio climático.

En pocas palabras, se trata del primer mapa que pretende responder preguntas como qué tan vulnerable es la Amazonia al cambio climático o porqué las áreas protegidas son claves para enfrentar este problema. La necesidad de estudiar los efectos del cambio climático en el ecosistema amazónico responde a que, según el informe, “el bioma amazónico es el segundo ecosistema más vulnerable al cambio climático después del Ártico”.

Las primeras pinceladas de este informe que recoge datos de todos los países que comparten la selva amazónica se trazaron en 2014. Ese año se creó un comité “asesor y de apoyo para la realización del análisis de vulnerabilidad y riesgo climático del bioma amazónico y sus áreas protegidas”. Desde entonces, el comité viene trabajando para identificar los peligros que encara la selva de cara al cambio climático.

Uno de los datos más relevantes del atlas es que si las cosas siguen igual, para el año 2030 la temperatura en algunos sectores de la selva podría incrementarse hasta en 3 °C. Eso pondría en riesgo la capacidad de la Amazonia para regular el clima del continente o para ayudar a generar las nubes que luego, impulsadas por los vientos, llegan hasta la cordillera de los Andes y caen en forma de lluvia en los páramos, creando los ríos, arroyos y quebradas que surten de agua a buena parte de la población.

Los autores del estudio pusieron la lupa en las principales actividades humanas que tienen amenazada a la región: la minería y la deforestación. Citando estudios de 2016, señalaron que cerca del 15 % del bioma amazónico está bajo concesiones mineras y contratos para explotación de hidrocarburos y gas, sobre todo en la zona del piedemonte andino amazónico: es decir, entre Colombia y Bolivia, Brasil y Guyana.

En términos generales, señala el informe, el 8,4 % del Amazonas se encuentra en muy alto riesgo y el 11,86 % de su extensión está en alto riesgo por cuatro amenazas cruciales: deforestación, ampliación de la frontera agrícola, minería y construcción de vías. En cuanto a las áreas protegidas, el 13 % de ellas están en muy alto de riesgo y alto riesgo de desaparecer.

Lo grave es que la amenaza minera se extiende a las zonas protegidas de la selva: tras analizar 439 áreas protegidas, se dieron cuenta de que casi la mitad de ellas “se traslapaba parcial o completamente con concesiones mineras y 13 %, con contratos de exploración para hidrocarburos y gas”. Por si fuera poco, más de 600 territorios indígenas (el 37 % del total) se han visto afectados por más de 400 contratos de minería y 100 de hidrocarburos y gas.

Pero el atlas no se quedó con el diagnóstico sino que se arriesgó a proponer estrategias de conservación, en el cómo y en el dónde. Por eso plantea que hay 24 especies, entre fauna y flora, cuya conservación sería clave para asegurar la salud del ecosistema amazónico. Además explica que, si bien el 28 % de la Amazonia está bajo alguna figura de protección, “la cifra debería llegar al 50 % del territorio para que la gran biodiversidad amazónica y sus funciones permanezcan en el futuro”.

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-influye-el-cambio-climatico-en-la-amazonia-articulo-696859