COL: Las cárceles que están al borde del colapso

Semana

Ir a la cárcel en Colombia parece que representa cumplir un doble castigo: la pena que dicta la ley y las penurias que se soportan en los centros de reclusión. El hacinamiento en cárceles que supera el 52 %, por ejemplo, no es nuevo pero hace parte de la realidad de miles de colombianos.

Precisamente ha sido la Defensoría la encargada de volver a pedir medidas radicales. En menos de dos semanas ha solicitado a la Corte Constitucional el cierre de la cárcel de Bellavista y de Riohacha que, valga decir, son sólo la punta del iceberg, casi todas las cárceles del país tienen problemas de hacinamiento, prestación del servicio de salud e infraestructura.

Semana.com realizó una selección de algunas cárceles que están en una situación crítica y que necesitan medidas urgentes.

Riohacha, la más hacinada

Esta cárcel no es la más grande del país, sólo tiene capacidad para 100 presos, sin embargo, en este momento alberga 454, es decir, tiene un hacinamiento del 454 %, según el Inpec. Allí llegan reclusos de toda La Guajira, y, como reza el adagio popular, “no hay cama pa tanta gente”.

La escena es impresionante, en una misma celda puede haber más de 30 presos en medio del calor, que alcanza 38°C. Ellos se acomodan como pueden, hay casos en los que duermen en dos cuadros del piso o en hamacas, se han visto obligados a recortar los colchones por la mitad y para colmo de males, algunas celdas no tienen baño, entonces en un balde hacen sus necesidades y en otro tienen agua.

Esto se traduce a una cifra concreta: cada interno tiene sólo 60 centímetros cuadrados a su disposición, según el informe de la Defensoría Delegada para la Política Criminal.

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Ahora, si el hacinamiento se calcula teniendo en cuenta las condiciones de reclusión respetuosas de los derechos de los internos, como lo hace la Defensoría del Pueblo, entonces el hacinamiento es del 930 % en esta cárcel.

Otro argumento para pedir el cierre de la cárcel es la “infraestructura obsoleta” que data del año 1979 y que tiene problemas en sus redes eléctrica e hidrosanitaria, al punto de que los presos construyeron una red artesanal para poder conectar los ventiladores y soportar el sofocante calor. Se ha dicho que existe un lote para construir y solucionar dicho inconveniente, sin embargo, fuentes cercanas a la cárcel de Riohacha le aseguraron a Semana.com que el lote está en pleito pues comunidades wayuú alegan que son tierras ancestrales.

Bellavista, una cárcel a punto de derrumbarse

El problema de esta cárcel de Antioquia no es sólo el hacinamiento, que corresponde al 71 %, sino el riesgo inminente de que sus estructuras colapsen y produzcan una tragedia. Es el caso del patio 2, el cual “ante un evento sísmico no se puede garantizar la seguridad de los ocupantes por lo que se recomienda la demolición”, según un estudio de vulnerabilidad presentado por la directora general de la USPEC, Claudia Alejandra Gélvez.

Eso no es todo, también tiene “humedades, problemas de corrosión, asentamientos y problemas graves estructurales que son detectables mediante observación directa; además se pudieron evidenciar fallas en el concreto y en el acero”, se lee en la solicitud de cierre que envió la Defensoría a la Corte Constitucional.

Una de las situaciones que más preocuparon al defensor del Pueblo, Carlos Negret, fue el denominado “pico y placa” para dormir, que consiste en que los internos se turnan para descansar, esto ocurre en los patios 2, 4 y 8.

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En Bellavista también hay problemas con el servicio de salud. Cuentan con el personal, pero no hay medicamentos para los internos.

Además, fuentes cercanas a la cárcel le aseguraron a Semana.com que el personal de guardia y el administrativo no son suficientes, “entonces los guardias también asumen tareas administrativas”.

A raíz de la denuncia pública del defensor del Pueblo empezaron a trasladar a más de 100 internos a otras cárceles de Antioquia.

Valledupar y su grave falta de agua

La Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, también conocida como la ‘Tramacua’, fue noticia en días pasados debido a que algunos de sus internos decidieron coser su boca y entrar en huelga de hambre para protestar.

En la cárcel de Valledupar se han denunciado graves problemas en la prestación del servicio de agua, incluso la Corte Constitucional llegó a proponer a mediados del año pasado un ‘pico y placa‘ para garantizar el consumo del líquido.

“Por ejemplo, en vez de abrir la llave en un solo lugar durante un período continuo de 30 minutos, en el que los internos prácticamente tienen que arriesgar su vida para llenar sus recipientes de agua, tal como actualmente ocurre, se podrían hacer algunas pruebas piloto para establecer turnos por cada piso de la torre, de manera que no se formen tumultos, que no se desperdicie el agua y que cada interno cuente con una cantidad mínima vital del líquido”, precisó el alto tribunal en su momento.

En ese entonces la Corte advirtió que de no mejorar las condiciones, la cárcel se debía cerrar, y así ocurrió. Actualmente los internos siguen sufriendo por el agua, la alimentación, las condiciones de salubridad y el hacinamiento.

Leticia, entre el hacinamiento y la humedad

La cárcel de Leticia es una de las más hacinadas, tiene capacidad para 118 internos pero alberga 274. En esta cárcel aunque los internos sufren por el reducido espacio, incluso duermen en los baños, son los mismos familiares los que piden que no los trasladen, es lo que se denomina arraigo familiar. Por lo menos allí pueden visitarlos.

El clima propio de Amazonas hace que la humedad sea un factor a considerar: las paredes se afectan, se filtra el agua y los internos se enferman. Según fuentes consultadas por este portal, “el clima es tan malsano, que los internos se enferman con frecuencia”. La situación se agrava por los problemas en la prestación del servicio de salud, pues “no han llegado los medicamentos y los familiares son los que tienen que conseguirlos”.

Los problemas con la prestación de servicios de salud son a nivel nacional; según la Defensoría del Pueblo hay insuficiencia de medicamentos básicos y de alto costo para tratar patologías como las del VIH, cáncer, hipertensión y diabetes. Además, hay represa de procedimientos especializados y “falta de contratación con la red externa de operadores en salud en todos los municipios”. La prestación de los servicios de salud antes estaba a cargo de Caprecom, después pasó a manos del Consorcio Fondo de Atención en Salud a la PPL.

http://www.semana.com/nacion/galeria/carceles-con-mayor-hacinamiento/515537

COL: Hallan más de 50 armas blancas en centro de reclusión de menores en Santander

El Espectador

El hallazgo se produjo en el Centro de Resocialización Hogares Claret, ubicado en el municipio de Piedecuesta, tras denuncias de agresiones al interior del centro.

La Policía de Infancia y Adolescencia realizó un operativo en el municipio de Piedecuesta al interior del Centro de Resocialización Hogares Claret tras una serie de denuncias sobre agresiones entre los menores infractores.

En el centro de reclusión las autoridades encontraron 51 armas blancas, 13 celulares y 8 pipas artesanales usadas para el consumo de sustancias psicoactivas.

Estos registros se hacen esporádicamente con el fin de ejercer un control permanente en este lugar. La seguridad interna la tiene a cargo las instituciones facultadas para ello”, afirmó el comandante del primer distrito de la Policía de Bucaramanga, coronel Clauder Cardona. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/hallan-mas-de-50-armas-blancas-en-centro-de-reclusion-de-menores-en-santander

COL: Gobierno y Distrito lideran consejo para hacerle frente a inseguridad en Bogotá

El Espectador

El presidente Santos y el alcalde Peñalosa, en compañía de autoridades nacionales y distritales, acordarán estrategias para combatir con mayor eficacia a la delincuencia.

La ola de robos que agobia a los usuarios del SITP, el hurto de celularesy el homicidio –la primera causa de muerte violenta en Bogotá a lo largo 2016, según Medicina Legal– obligó a las autoridades nacionales y distritales a desarrollar un consejo de seguridad en la capital del país para acordar medidas y estrategias que permitan hacerle frente a la delincuencia.

La cita, que será liderada por el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Enrique Peñalosa, se realizará este martes a partir de las 9:00 de la mañana en el Palacio Liévano.

Una vez concluya el consejo, el jefe del Estado y el mandatario distrital se dirigirán a la Plaza de Bolívar, donde se efectuará la entrega a la Policía Nacional de parque automotor y equipos de vigilancia de alta tecnología para combatir con mayor eficacia a la delincuencia.

Entre los equipos de los que dispondrán las autoridades encargadas de la seguridad de los capitalinos hay un helicóptero, 13 camionetas doble cabina (ocho para la Policía Metropolitana y cuatro para la Fiscalía Seccional de Bogotá), y 220 bicicletas.

El consejo de seguridad también contará con la participación del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hoover Penilla; funcionarios de la Fiscalía General, y altos funcionarios distritales, entre otros.

Según la más reciente encuesta de percepción ciudadana del programa ‘Bogotá Cómo Vamos’, el 45% de los bogotanos se siente inseguro en la ciudad. Los problemas más graves de seguridad que se presentan, de acuerdo con ese sondeo, son los atracos callejeros, la drogadicción y los asaltos a casas o apartamentos. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/gobierno-y-distrito-lideran-consejo-para-hacerle-frente-inseguridad-en-bogota

COL: Narcotráfico y minería criminal, causantes de asesinatos de líderes sociales

El Espectador

Así lo explicó el Gobierno en la última reunión informal de la comisión que le hace seguimiento a esta situación. Instó a acelerar la sustitución de cultivos.

Las amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera sistemática es una realidad inocultable. Las cifras más recientes, reveladas por la organización Paz y Reconciliación, revelan que el país está al borde de un nuevo genocidio muy similar al que vivió la Unión Patriótica y, lo más grave, las principales causas de estos hechos aún no se han combatido. 

Para eso, el Gobierno conformó una comisión de alto nivel del que hacen parte, entre otras, la Fiscalía General y la Procuraduría, para hacerle seguimiento a estas denuncias, investigarlas y judicializarlas. Este miércoles, justamente, se llevó a cabo el último encuentro informal para verificar en qué han avanzado las autoridades y cómo combatir las amenazas. 

Es la última porque el presidente Juan Manuel Santos expedirá este mismo miércoles el decreto (en uso de sus facultades para implementar el acuerdo de paz) la normativa que constituye formalmente dicha comisión. Lo cierto es que, como lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “partimos de la base de que más allá de las cifras, se está presentando una situación grave, especialmente en territorios como Antioquia y Cauca, y tenemos que tomar varias medidas”, señaló. 

 Esas decisiones tienen que ver con superar la reacción básica de reforzar los esquemas de seguridad o trasladar de un lugar a otro a las personas amenazas. Según Cristo, las medidas que se deben adoptar tienen que ver con, por ejemplo, acelerar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos por proyectos productivos. 

“Nuestras Fuerzas Militares y de Policía harán esta semana una revisión exhaustiva del plan que se ha diseñado para que no haya un solo sitio del país dejado por las Farc que sea ocupado por grupos como el Eln  o el Clan de El golfo y pretendan apropiarse de las fuetes de financiación ilegal”, dijo el ministro Cristo, afirmando que las fuentes de financiación ilegal como el narcotráfico o la minería criminal son dos causas importantes para que se produzcan esos asesinatos.
 
La próxima reunión, una vez el presidente Santos emita el decreto, serán dentro de dos semanas para explicar la operación de la misma comisiónque se dedicará a diseñar las políticas y aplicarlas, y a sugerir a las distintas entidades del Estado cómo enfrentar esas amenazas “para lograr que cesen las amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Necesitamos llegar a cero asesinatos para consolidar la paz y ese es el objetivo.”, concluyó Cristo.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/narcotrafico-y-mineria-criminal-causantes-de-asesinatos-articulo-677733

COL: “El Código de Policía va a mejorar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”: Santos

El Espectador

El presidente de la República aseguró que la norma no es para encarcelar a más gente. Sino para prevenir y evitar que problemas de convivencia se conviertan en asuntos penales.

A partir de este lunes entrará en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, una norma que le da más herramientas a la institución para intervenir cuando se presenten malos comportamientos ciudadanos. El código reglamentó distintos castigos que pueden ser económicos o, incluso, con privación de la libertad. Pese a las críticas a la reglamentación, que se considera da excesivas facultades a los uniformados, esta noche el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en una alocución le dio su bendición. (Puede leer: Así se aplicará el nuevo Código de Policía)

El mandatario aseguró que el Código “va a contribuir enormemente a mejorar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos” y que su actualización obedece a que “claramente no respondía a las necesidades y a las exigencias de nuestra vida moderna”. “Imagínense, en esa época ni siquiera había teléfonos celulares. Y todos sabemos que el robo de celulares se ha convertido en uno de los mayores problemas de seguridad ciudadana”, aseguró. (Le puede interesar: ¿Un código a la altura de la Policía y los ciudadanos?)

Según Santos, la nueva norma fue producto de un extenso proceso en que participaron congresistas, gobernaciones, alcaldías y comunidades. De éste, dijo el presidente, los ciudadanos serán los principales beneficiados y lo definió como un “manual de convivencia” que contribuirá a la paz. “Este código no es para encarcelar a más gente. Sí es para prevenir y evitar que problemas de convivencia se conviertan en asuntos penales”, señaló.

 Entre, otros, destacó que la norma tiene en cuenta lo siguiente:

1. El cierre de cualquier venta no autorizada de celulares. 

2. Impone multas a quien inicie o participe en riñas callejeras. 

3.Poner música a alto volumen y en horarios que puedan molestar a vecinos le puede costar a los ciudadanos casi 400.000 pesos. 

4.Sancionar a los que botan la basura en la calle.
5.Colarse en Transmilenio o cualquier sistema de transporte masivo traerá una multa de $196.000. Y si daña las compuertas o los buses tendrá que repararlos y además recibirá una multa. 

“No se pueden repetir situaciones como la de Leonardo Licht hace unas semanas en Bogotá. Hay que romper esa cultura de pasarse por la faja las normas”, manifestó Santos recordando el asesinato del funcionario de Transmilenio que fue asesinado por Wilson Monroy, luego de que Licht le solicitara pagar por el uso del servicio.

Durante los próximos seis meses las sanciones serán pedagógicas. “Alcaldes y Gobernadores deberán adoptar el Código y socializarlo con sus comunidades. Es fundamental que lo armonicen con la normatividad local y que trabajen en coordinación con la Policía”, aclaró Santos.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-codigo-de-policia-va-mejorar-seguridad-y-tranquilida-articulo-677231