ECU: Siete guías penitenciarios fueron condenados a cinco años de cárcel

El Comercio

El Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a cinco años de cárcel a 10 personas, entre ellos siete guías penitenciarios, quienes fueron investigados por asociación ilícita.

El fiscal César Peña, en audiencia de juicio, presentó a 13 testigos, entre ellos policías de la Unidad de Inteligencia e internos del centro de rehabilitación social de Guayaquil.

La Fiscalía presentó como pruebas el informe de investigación de los objetos ingresados al centro penitenciario, el reconocimiento del lugar y la pericia química de la droga incautada a los procesados.

Estas pruebas fueron acogidas por los integrantes del Tribunal conformado por Dora Vargas, Mónica Suárez y Alexandra Yépez, quienes emitieron la sentencia condenatoria.

Además, dispusieron una multa de 12 salarios básicos unificados (USD 4 392) para los diez procesados.

La investigación de este caso inició el 12 de enero del 2016, tras un operativo realizado por la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, en el que detuvieron al grupo que operaba en el centro de rehabilitación.

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ECU: Long visitará Bolivia para promover lucha contra paraísos fiscales

El Comercio

Agencia AFP

El canciller de Ecuador, Guillaume Long, visitará Bolivia este lunes 21 de noviembre para reunirse con el presidente de ese país, Evo Morales, e impulsar la lucha contra los paraísos fiscales, informó la cancillería. El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, promueve una consulta popular, que fue aprobada el miércoles 16 de noviembre por la Corte Constitucional, para impedir que los funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular tengan empresas o cuentas en paraísos fiscales. “Un tema central de la visita será la lucha contra los paraísos fiscales. En ese marco, el jefe de la diplomacia ecuatoriana visitará la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga a las empresas bolivianas involucradas en los ‘Panama Papers’”, señaló la Cartera en un comunicado. El jefe de la diplomacia ecuatoriana se reunirá en privado con el gobernante boliviano y con su homólogo David Choquehuanca, para tratar temas de cooperación económica y política. Además, dictará una conferencia sobre el denominado “pacto ético” propuesto por Correa para combatir los paraísos fiscales. “Expondré la posición del Ecuador en su lucha contra los paraísos fiscales y nuestra propuesta por un pacto ético. Los abusos por las empresas offshore es un tema que también preocupa al gobierno de Bolivia”, dijo Long, según cita la cancillería. Tras estallar el escándalo de los ‘Panama Papers’, que revelaron activos financieros de personalidades del mundo en paraísos fiscales, Correa planteó que el referendo se realice en las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de febrero del 2016. De ganar el Sí en la consulta, que deberá ser convocada por el Consejo Nacional Electoral, los servidores públicos deberán acatar inmediatamente el mandato, cuyo incumplimiento será causal de destitución. Además, en un año a partir de la proclamación del resultado, el Congreso deberá reformar las leyes.

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ECU: Los estados deberán fortalecer la institucionalidad en la frontera

El Comercio

Los analistas coinciden: la etapa del postconflicto será muy complicada, no solo para Colombia sino para sus países vecinos como Ecuador. Una parte fundamental que, tanto Colombia como nuestro país, deben poner en marcha tras la firma del acuerdo es la institucionalización de las zonas de frontera donde los estados han permanecido ausentes durante décadas. En estas regiones se deberá dotar de más servicios a la población, como hospitales, ministerios y escuelas.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador han levantado un informe completo de lo que sucede en la frontera norte y revelan que al frente, en territorio colombiano, venían operando nueve estructuras de las FARC, dos del ELN y tres de los denominados Grupos Armados Organizados o lo que hasta hace poco se conocía como las Bacrim. Por eso, advierten que uno de los principales riesgos de la desmovilización de la guerrilla es que otros grupos ocupen su espacio.

De hecho, hace una semana, un jefe guerrillero llegó a la población colombiana de Tumaco (frente a San Lorenzo, Esmeraldas) y señaló que tras su salida esos territorios serán ocupados por el ELN.

Pero grupos criminales como el Clan Úsuga o La Comuna también han enviado mensajes con paros armados (1 de abril) o amenazas a los pobladores.

“Si las FARC se van pueden venir otros a imponer, mediante la fuerza, la misma dinámica y esto posiblemente genere desplazamiento a nuestro país”, advierte el general Javier Pérez, jefe del Comando de educación y doctrina del Ejército.

Por estas complejidades, el general Carlos Égüez, jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las FF.AA., advierte que los militares mantendrán sus operaciones en la zona,pese a la disminución de presupuesto y el aumento de tareas no fundamentales.

Francisco Carrión-Excanciller “La firma de un papel no significa el fin del conflicto”

¿Qué implicaciones tendrá la ­firma de la paz, en la relación entre Ecuador y Colombia? Primero déjeme referirme al contexto. Este tratado demuestra que América Latina es una región madura. Tiene la convicción y la práctica de que los problemas internos e internacionales se resuelven a través de soluciones pacíficas. Ahora, lo que viene es la época de la posfirma, no la del posconflicto.

¿A qué se refiere? Que se firme un papel no quiere decir que el conflicto se acabó. Hay todo un proceso de dejación de armas, factores que tienen que cumplirse de ambos lados. Es un proceso que se debe basar en la confianza. Será prioritario, desde el lado ecuatoriano, lograr una presencia institucional: hospitales, ministerios, escuelas, etc.

¿Cómo hacerlo, tomando en cuenta que eso requiere de recursos y el país está en crisis? Ahí está la gran responsabilidad del Estado. Será complicado. Creo y soy optimista de que tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente de frontera tenga una mejor vida.

¿Qué papel pueden jugar organismos internacionales como la Unasur o la OEA? Ninguno. Aquí lo que se necesita son recursos y voluntad política. Más responsabilidad tendría el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo regional, el Banco Mundial, el banco de los europeos. Que parte de los recursos que se negocien con Colombia, se destinen a Ecuador. No para el ecuatoriano, sino para el colombiano que se va a quedar o va a venir al país.

¿Qué política de movilidad deberán adoptar las naciones? Este es un problema compartido por Colombia y Ecuador. Nosotros no podemos hacer otra cosa que permitir el paso de los colombianos. Ahí es donde la comunidad internacional debe ayudar. El 90% de los colombianos que ya están en Ecuador no tiene intención de volver a su país, aun si la paz se consolida. Ya tienen sus familias, negocios…

¿Cuál debe ser el papel de Colombia? Colombia no ha sabido cumplir con sus compromisos adquiridos. Por ejemplo con los problemas que causaron las fumigaciones. El impacto que tuvo el Plan Colombia. Los costos militares y de vidas humanas del conflicto en general.

¿Cuál debería ser la posición de Ecuador frente a eso? Debieron sentarse ya, a hablar frente a esta inminente suscripción de la paz. No sé si lo hayan hecho. Ahora, sí hay que reconocer que Colombia ha sido un país difícil de confiar. Recordemos que llegó a incursionar en territorio ecuatoriano matando también a ciudadanos ecuatorianos (caso Angostura). Se hizo bien al romper relaciones, pero qué pasó con la reparación a las víctimas y la destrucción de instalaciones. Colombia no ha cumplido muchos de sus acuerdos, por diferentes razones. Ecuador ha tenido tolerancia, una falta de exigencia. No es que yo quiera decir que debimos mantener rotas las relaciones, sino que debió existir una verdadera reparación.

¿Qué pasó con las remediaciones por el efecto del glifosato en la población fronteriza, que usted conoció cuando era Canciller? El Gobierno del presidente (Rafael) Correa puso la demanda ante la Corte Internacional de Justicia por el uso de glifosato y también la retiró. Era un ­juicio prácticamente ganado para Ecuador. A cambio de no sé cuántos millones de dólares, que para los miles de habitantes de frontera afectados en su salud fue muy poco. Se perdió la oportunidad de alcanzar una verda­dera reparación.

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ECU: Organizaciones de derechos denuncian supuestas torturas en el país

El Comercio

Organizaciones de derechos humanos dieron a conocer sobre la situación actual de los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes que se han dado en Ecuador y que aparentemente aún no reciben sanciones por parte de la justicia. Así lo dieron a conocer Elsi Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Luis Ángel, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), David Cordero y Mario Melo del Centro de Derechos Humano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, durante una rueda de prensa que se desarrolló este martes 20 de septiembre en las oficinas de (CEDHU), en el norte de Quito. Según Monge, en el 2010, la Comisión de la Verdad presentó a la Fiscalía 118 de los casos, que aún se encuentran en indagación previa y que solo uno tuvo sentencia condenatoria. “Este método se mantiene por impunidad no se sanciona esta práctica de tortura”, agregó la representante de CEDHU. Estas organizaciones mostraron un video que circula en la red donde se ve alrededor de 80 efectivos de la Policía insultar y proporcionar maltrato físico a las personas privadas de libertad mientras los agentes realizaban una requisa en la cárcel de Turi, en Cuenca, en pasado 31 de mayo de 2016. Se otorgó un Habeas Corpus a los afectados. Además denunciaron otros casos como el de Ángelo Ayol, estudiante que fue detenido en 2014 durante una manifestación del colegio Mejía y en 1998 el de los hermanos Jiménez quienes fueron detenidos en un operativo militar en Lago Agrio, Sucumbíos. También se refirieron a lo sucedido con Daniel Tibi, en 1995, quien fue encarcelado en Guayaquil sin una orden judicial, este caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en 2003 puso una demanda contra el Estado ecuatoriano. “Son seres humanos con derechos que no pueden ser violentados”, comentó Monge.

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ECU: Defensoría Pública denuncia uso de símbolos nazis en sello para ingresar a la cárcel de El Inca

El Comercio

A través de un comunicado, el defensor Público, Ernesto Pazmiño, expresó su “preocupación por el uso institucional del emblema nazi por parte del Ministerio de Justicia, en el sello de registro de visitas al Centro de Detención Provisional de El Inca”, indica la tarde de este miércoles 7 de septiembre del 2016. Según el Defensor, el sello contiene la cruz esvástica y un grabado del año 1939 “en clara alusión al Partido Nazi y a ese gris período histórico de la Humanidad”. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, también rechazó el aparente uso de este símbolo del fascismo y aseguró a El Comercio que el sello se lo coloca tanto a abogados que visitan a los detenidos como a los familiares. “Abogados ya han expresado su rechazo. Nosotros emitiremos un comunicado de prensa para que se den explicaciones”. María Isabel Bonilla, esposa de Víctor Hugo Erazo, sentenciado por el caso Ecuador TV (30-S), fue una de las primeras personas en denunciar la utilización del símbolo. En su cuenta de Facebook publicó fotografías de los sellos que -asegura- le colocaron al ingreso del Centro de El Inca. Allí se ve de forma clara un águila similar a la utilizada por el partido Nacional Socialista Alemán, de Adolf Hitler. “Fui a visitar a mi esposo Víctor Hugo Erazo a la cárcel de El Inca donde se encuentra este momento, al ingresar me pusieron cuatro sellos en el brazo para poder pasar y o (sic) sorpresa la mía cuando veo que uno de los sellos lleva la insignia del fascismo, es decir del totalitarismo”, cuenta la mujer. “Seguro muchos abogados, familiares y funcionarios públicos no se han percatado de ese símbolo colocado en sus muñecas, debido quizás a la premura de las diligencias judiciales o personales. No solo que se mantiene como práctica el antihigiénico sellado al ingreso de las cárceles, sino que, en el caso del ahora CDP de varones de Quito (El Inca), el sello es aquel símbolo nazi que recuerda el genocidio de cerca de veinte millones de víctimas, entre judíos, rusos, europeos, homosexuales, comunistas, entre otras identidades”, indica el Defensor. Una de las características del nazismo fue el uso de la propaganda a favor del exterminio judío como fue justamente a través de símbolos como la esvástica. La Defensoría Pública expresó su desacuerdo con que los funcionarios públicos hagan “apología de ese símbolo en pleno siglo XXI, más aún cuando significa una afrenta contra los Derechos Humanos. Por tanto pedimos una explicación sobre este tema a la Ministra de Justicia y el retiro inmediato de dicho sello junto con la disculpa pública a la ciudadanía y a la comunidad judía, rusa, gitana y europea que reside en el país“, finaliza el comunicado. El Ministerio de Justicia, a cargo de los centros de privación de la libertad en el país, prepara un comunicado sobre el tema.

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