ECU: Rafael Correa indultó a 3000 presos vinculados al narcotráfico

La República

Poco antes de dejar la presidencia, el entonces jefe de Estado ecuatoriano firmó un decreto que beneficia principalmente a condenados por narcotráfico.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa emitió hace poco, cuando aún estaba en el poder, un decreto que permitirá que unos 3000 presos salgan del sistema penitenciario, todos ellos sentenciados por vínculos con el narcotráfico.
 
El Decreto Ejecutivo 1440, firmado por Correa el 23 de mayo de este año, establece la “rebaja de 360 días a los internos sentenciados por un delito que tenga una pena máxima de cinco años y hubiesen cumplido el 30 % de la condena”.
 
De acuerdo con el medio local Expreso, además se concede el indulto presidencial a los sentenciados por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que hubiesen intentado ingresarlas o sacarlas del país. Aquellos que padezcan “enfermedades catastróficas en etapa terminal” también son los beneficiados.
 
De acuerdo con Ledy Zúñiga, secretaria de Drogas y exministra de Justicia, el sistema penitenciario ecuatoriano tiene unos 30 000 privados de la libertad. De ellos alrededor de 4000 están detenidos por delitos relacionados con el ‘microtráfico’.
 
La determinación de la cifra final de beneficiados con el indulto está a cargo del Ministerio de Justicia. Su titular, Rosana Alvarado, informó que a fines de junio saldrán los primeros favorecidos de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país”.
 
Frente a algunas críticas contra este decreto, el Gobierno de Lenín Moreno, sucesor de Correa, explicó que van a iniciar un proceso riguroso para identificar a quienes se beneficiarán y evitar que sean víctimas de engaños.
 
Dependerá de “cómo se interpreta el decreto de indulto para proyectar el número de beneficiarios”, indicó el defensor Público, Ernesto Pazmiño.
 
En tanto, la Secretaría Técnica de Drogas hará un seguimiento a las personas que sean indultadas. Ofreció apoyo para que no existan casos de reincidencia o que vuelvan a ser presa de las bandas relacionadas con drogas.
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ECU: Ni multa ni cárcel: trabajo comunitario

El Comercio

No cometieron un delito mayor o una falta grave, pero irrespetaron las normativas de convivencia en la ciudad, o la Ley, y recibieron una sanción. Pagaron una multa o una condena no con dinero ni con días tras las rejas, sino con el sudor de su frente: se acogieron al trabajo comunitario. Limpiar un poste, arreglar un juego dañado, recoger la basura de un parque o limpiar un grafiti de un muro son las formas más frecuentes mediante las cuales una persona que fue hallada culpable de una falta puede resarcir su mal. 
Con escoba en mano, se puede encontrar a Juan, de 19 años, quien fue pillado bebiendo en su automóvil en el sur luego de salir de clases; y a Andrés, sorprendido mientras grafiteaba una pared junto a sus amigos en Calderón. Y a Alberto, culpable de estafa, pero también a Luis, quien por descuido chocó a un auto al irrespetar una señal y le causó heridas menores al otro conductor. 
Tanto las ordenanzas municipales como el Código Orgánico Integral Penal contemplan la figura de trabajo comunitario. Es decir, puede beneficiar tanto a quien comete una infracción (en lugar de pagar la multa), como a quien es hallado culpable de un delito menor (en lugar de ir a prisión). En el primer caso es el comisario de Aseo, Salud y Ambiente del Municipio el encargado de permitir esa alternativa; en el segundo es un juez .
Según la Agencia de Control, en el 2016, 147 personas prefirieron esa opción. 
 La semana pasada cuatro personas terminaron sus servicios en Calderón. A la administración Eloy Alfaro llegan en promedio unas tres personas semanales a realizar ese tipo de labores, generalmente jóvenes libadores. Sebastián Cornejo, asesor de la Agencia Metropolitana de Control, explica que hay tres ordenanzas que brindan esa alternativa. Una de ellas es la 332, que habla sobre la disposición de residuos sólidos, pero a diferencia de las otras, condiciona esa figura únicamente para aquellas personas que no disponen de los recursos para hacer el pago . Si tiene trabajo o bienes, debe cancelar. 
 Cornejo explica que esta normativa habla de un rango de cuatro horas de labor comunitaria, pero no detalla las actividades que debería realizar el infractor. Usualmente, se le asignan trabajos que mejoren el ornato de Quito. 
En cambio, la ordenanza 201 que habla sobre convivencia ciudadana, especifica que cualquier persona (sin importar si dispone o no de recursos) puede optar por el trabajo voluntario. Pero esta normativa tiene un vacío legal, ya que no determina un rango de aplicación de horas. El tiempo de trabajo comunitario lo determina el comisario según su criterio. 
Cornejo asegura que justamente se ha planeado presentar una propuesta de instructivo para que se tome en consideración como anexo a la ordenanza y se determine los horarios de trabajo y los lugares. 
 La Ordenanza 282 que regula aceras, fachadas, cerramientos, arbolado público y publicidad electoral sí tiene una disposición clara en la que se determina un cálculo específico; se compensa USD 10 por cada hora de trabajo.
 ¿Cómo es el cumplimiento? José, de 23 años, fue sorprendido libando junto a sus amigos en Solanda. Luego de ser notificado, se puso a órdenes del comisario de aseo quien fijó los espacios donde José deberá limpiar la publicidad de los postes. El joven debió firmar un acta de compromiso y deberá ingresar un archivo fotográfico de su trabajo. Finalmente el inspector recorrerá la zona y se asegurará de que el trabajo fue realizado.
Según David Guadalima, comisario de aseo de la zona Eugenio Espejo, los infractores tienen 30 días luego de que se le notifica con el auto de inicio, para solicitar la medida.
 Hacer trabajo comunitario en lugar de ir a la cárcel es también una opción. Víctor Romero, juez de la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha, explica que el trabajo comunitario es una suspensión condicional de la pena que se aplica para delitos que no superan los cinco años de cárcel, que no sean contra el interés del Estado ni delitos sexuales, o violencia familiar. Tampoco debe ser reincidente. Dependiendo de la pena,puede realizarse entre 180 y 240 horas de trabajo.
La judicatura coordina con la Unidad de Parques y Jardines del Municipio para el trabajo en espacios verdes y para verificar el cumplimiento de la sanción. Pero además contempla otro tipo de labores. 
 Romero explica que en uno de sus casos, una doctora tuvo un accidente de tránsito y fue condenada a seis meses de cárcel, pero optó por esa figura y fue enviada al Hospital Baca Ortiz, donde debió hacer cirugías por seis meses. Pedro, en cambio, debió ir al Hospital del Padre Carollo a hacer trabajos en radiología, su especialización. Esa casa de salud es uno de los lugares donde los sentenciados por un juez pueden ayudar a la comunidad. En Contexto
 La Fundación Tierra Nueva es una de las entidades que acoge a quienes desean hacer trabajo comunitario. Marcela Cruz, directiva, explica que se les asigna tareas como ayudar en el centro de jóvenes, trabajos de limpieza, de jardinería…

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ECU: Droga H puede tener hasta 80% de heroína

El Comercio

Las primeras investigaciones de laboratorio comenzaron en el 2014. Entre ese año y el 2016, los químicos farmacéuticos que operan en el Centro Científico de la Secretaría de Drogas encontraron que la droga H está compuesta básicamente por heroína, cafeína y diltiazem, una sustancia utilizada para tratar la hipertensión.

Tras analizar 15 muestras durante el año pasado se descubrió además que la heroína es lo que más se usa en este narcótico. En unos casos equivale al 40% de todos los componentes, y en otros el 80%, y de eso depende también que cada pequeño sobre cueste entre USD 0,25 y USD 3.

Desde cuando estallaron estos casos, en el 2014, esta es la primera vez que se revela cómo se produce la H, pues inicialmente en los barrios, especialmente de Guayaquil, se decía que las mafias mezclan heroína con raticida, cemento, analgésicos, heces de animales, anestésico para el ganado, y otros compuestos tóxicos.

Diego Tipán, subsecretario de Prevención de Políticas de Drogas, dice que los análisis también señalaron que en estos cocteles esporádicamente se usa carbonato de calcio, que es empleado para la producción de vidrio y cemento.

¿Por qué se comenzó a investigar este narcótico? Tipán asegura que lo hicieron por los daños y la adicción que representa este consumo. “La dependencia y tolerancia son mucho más fuertes comparados con otras drogas. El síndrome de abstinencia es mucho más complejo en el caso de la heroína, pues no solo se requiere un tratamiento psicológico, sino farmacológico”. El director de Análisis y Estudio sobre Drogas, Javier Paspuel, advierte además que la H “es más adictiva, hay dependencia física y psicológica, a diferencia de otras en las que la dependencia únicamente es física y la desintoxicación puede ser más tranquila”. En el 2015, de las 7 392 atenciones por consumo de opiáceos (sustancias ilegales, como la H) en el país, el 89% se concentró en la denominada Zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y Samborondón. La mayoría de los pacientes reportados en esos cantones del Guayas tenía menos de 18 años. El año pasado, el 67% de los adolescentes que llegó a centros de tratamiento ambulatorio en esas ciudades lo hizo por consumo de drogas como la H. Por ahora, las autoridades dicen que este narcótico básicamente está concentrado en la Zona 8. Marcelo Tobar, comandante de la Policía de ese sector, indica que se busca disminuir estos casos con operativos y detención de microtraficantes, pero advierte que este es un “fenómeno social” que está arraigado en la gente. De hecho, la calle es uno de los sitios que mayores facilidades presta para acceder a sustancias ilícitas en Guayaquil. José, de 47 años, vive en el Suburbio y cuenta que a diario hombres y mujeres llegan en carros, motos, bicicletas, para comprar la H en el sector. Sabe que la estrategia para el expendio es simple. Cuando el interesado llega lo primero que hace es tener contacto visual con el vendedor. Luego se produce la venta con un cruce de manos y todos se alejan. La mañana del pasado martes, dos uniformados realizaron un operativo de control en las calles 29 y la L, en el Suburbio. Los agentes pararon los carros y las motocicletas que transitaban para revisar el interior y a los conductores. Hasta el mediodía habían revisado más de 10 autos y ocho motos y no detectaron novedades. Un policía contó que en otras ocasiones han hallado “paquetitos de H” en las cajuelas de los vehículos o en los bolsillos de los motorizados. Una vecina del sector dice que allí se vende droga todos los días. “Por la noche llegan carros, hacen cambio de luces; el chofer se estaciona metros más adelante y los vendedores se acercan para hacer negocio”, dijo la mujer a los gendarmes. En otro sector del sur de Guayaquil también hay quejas de los moradores. Los habitantes de Los Esteros señalan que desde hace más de cinco años ven que adultos y jóvenes se drogan en las calles, donde también las compran. Una mujer cuenta que incluso ha tenido que lanzarles aguas desde su balcón para que se vayan. “Casi todos los días vienen a fumar abajo. El olor es insoportable. No sé qué más hacer para frenar esto”. Por circunstancias como estas, Paspuel asegura que la idea es realizar estudios permanentes, para detectar cómo las bandas varían los componentes usados ilegalmente. Esos análisis también se usan para determinar el tratamiento que se administra a los consumidores y para la prevención de este problema.

En contexto

La venta de la droga H despuntó en el 2014, especialmente en los barrios de Guayaquil. Por eso, las autoridades intervinieron sectores como la Bahía de la Droga, que luego fue denominada como Barrio 10 sobre 10. En Durán se intervino el cerro Las Cabras.

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ECU: Siete guías penitenciarios fueron condenados a cinco años de cárcel

El Comercio

El Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a cinco años de cárcel a 10 personas, entre ellos siete guías penitenciarios, quienes fueron investigados por asociación ilícita.

El fiscal César Peña, en audiencia de juicio, presentó a 13 testigos, entre ellos policías de la Unidad de Inteligencia e internos del centro de rehabilitación social de Guayaquil.

La Fiscalía presentó como pruebas el informe de investigación de los objetos ingresados al centro penitenciario, el reconocimiento del lugar y la pericia química de la droga incautada a los procesados.

Estas pruebas fueron acogidas por los integrantes del Tribunal conformado por Dora Vargas, Mónica Suárez y Alexandra Yépez, quienes emitieron la sentencia condenatoria.

Además, dispusieron una multa de 12 salarios básicos unificados (USD 4 392) para los diez procesados.

La investigación de este caso inició el 12 de enero del 2016, tras un operativo realizado por la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, en el que detuvieron al grupo que operaba en el centro de rehabilitación.

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ECU: Long visitará Bolivia para promover lucha contra paraísos fiscales

El Comercio

Agencia AFP

El canciller de Ecuador, Guillaume Long, visitará Bolivia este lunes 21 de noviembre para reunirse con el presidente de ese país, Evo Morales, e impulsar la lucha contra los paraísos fiscales, informó la cancillería. El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, promueve una consulta popular, que fue aprobada el miércoles 16 de noviembre por la Corte Constitucional, para impedir que los funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular tengan empresas o cuentas en paraísos fiscales. “Un tema central de la visita será la lucha contra los paraísos fiscales. En ese marco, el jefe de la diplomacia ecuatoriana visitará la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga a las empresas bolivianas involucradas en los ‘Panama Papers’”, señaló la Cartera en un comunicado. El jefe de la diplomacia ecuatoriana se reunirá en privado con el gobernante boliviano y con su homólogo David Choquehuanca, para tratar temas de cooperación económica y política. Además, dictará una conferencia sobre el denominado “pacto ético” propuesto por Correa para combatir los paraísos fiscales. “Expondré la posición del Ecuador en su lucha contra los paraísos fiscales y nuestra propuesta por un pacto ético. Los abusos por las empresas offshore es un tema que también preocupa al gobierno de Bolivia”, dijo Long, según cita la cancillería. Tras estallar el escándalo de los ‘Panama Papers’, que revelaron activos financieros de personalidades del mundo en paraísos fiscales, Correa planteó que el referendo se realice en las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de febrero del 2016. De ganar el Sí en la consulta, que deberá ser convocada por el Consejo Nacional Electoral, los servidores públicos deberán acatar inmediatamente el mandato, cuyo incumplimiento será causal de destitución. Además, en un año a partir de la proclamación del resultado, el Congreso deberá reformar las leyes.

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