#ProyectoEnVuelo. América Latina Alternativa Social y CIDDH

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Como parte de la alianza estratégica que conforman el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (Perú) y Libera Internacional (Italia), y en el marco de la Red ALAS (América Latina Alternativa Social), el CIDDH ha venido desarrollando un proyecto de investigación denominado “Un Estado Analítico Descriptivo de la Situación Actual del Crimen Organizado en el Perú – Realidades y Proyecciones (2015 – 2020)”. Dicho proyecto busca a) conocer la estructura de la criminalidad organizada en el Perú, lograr el compromiso de la mayor cantidad de organizaciones públicas y privadas para integrar los principios de la Red Alas a sus políticas de trabajo y proponer marcos e instrumentos normativos a instituciones públicas a fin de resolver los problemas estructurales de la gestión pública en materia de prevención y sanción de la criminalidad organizada en nuestros país.

Para tal efecto, el CIDDH, como ejecutor del proyecto, se ha planteado diversas actividades, tales como el mapeo general de la problemática de la criminalidad organizada, la sistematización de información, publicación del análisis, reuniones para cooperación en línea, redacción de propuestas normativas, reuniones para presentación de las mismas y monitoreo y seguimiento a los resultados obtenidos.

Se espera que a fines del mes de diciembre de 2015 pueda presentarse el análisis de la situación actual de la criminalidad organizada en nuestro país. Consideramos fundamental primero contar con diagnósticos generales y específicos de los fenómenos relacionados a fin de, posteriormente, proponer iniciativas de corte normativo y/o político para enfrentarlos.

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PERÚ: SEGUIMIENTO DE LOS CASOS REPRESENTATIVOS DEL CIDDH 2015

CONSULTORIO JURÍDICO

HOJA DE SEGUIMIENTO

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PROMOTOR LEGAL: Katya Pinedo Torres.

1. Nº de folio  

 

2. Nombre Elena Villalta Bernedo
3. Delito imputado TID

Art. 296

4. Juzgado

     Sala

12 JPLN

2SPLN

5. Secretario Sara Muñoz

 

6. Nº Expediente Exp. 4004-2010

Exp. No.5624-2013 BP

7. Sit. Procesal  

Sentenciada

8. Solicitud[1] Defensa, seguimiento , Defensa en BP
9. Acciones Apersonamiento, lectura del expediente, seguimiento, presentación de escritos y pruebas, defensa en Juicio Oral y apersonamiento en el BP.

 

Fecha  

 

09/05/11. Se encuentra detenida desde el 26/07/10, es una señora de 56 años natural de Puno, en su domicilio fue encontrad un kilo de marihuana.

Ella nos informa que su expediente se encuentra con D.F. Y con Opinación de 12 años de pena. Está en la 4 Fiscalía Superior Penal desde el Regreso de Vista Fiscal con acusación opinando 8 años de pena.

5/09/11 Ingreso a relatoría con Dictamen Fiscal.
12/09/11 Se nos notificó el control de la acusación fiscal y se nos informa que tiene fecha de audiencia para el día 20 de setiembre a las 9.30 a.m en la Sala de Audiencias de Lurigancho.
19/09/11 Se preparó alegatos para la audiencia.

 

20/09/11 Se  tubo audiencia de control y se realizó el auto de enjuiciamiento llevándose a cabo la audiencia de Conclusión anticipada solicitando la proporcionalidad de la pena y la rebaja de la reparación civil, se suspendió la audiencia hasta las 4.00 p.m en la que fue sentenciada a 5 años de pena privativa de la libertad y a 2,000 de pago de Reparación Civil el Fiscal se reservó el derecho. Estamos a la espera que se cumplan los 10 días para verificar si interpone R.N.

Para continuar leyendo el documento, dar click en: Casos Representativos al 18 de septiembre del 2015

PERÚ: Informe Linea Verde

Fuente: CIDDH

Fecha: 6 de octubre de 2015

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En los diversos casos que tuve como abogado de la Línea Verde me tocó lidiar con policías, fiscales y jueces.

A nivel de la policía el trato es pésimo, mayoritariamente corrupto, insinúan sutilmente o piden sin tapujo alguno dinero, asustan a los usuarios con temas como: antecedentes, detención policial de 15 días, prisión preventiva, comunicar a su familia que son consumidores de marihuana.

A nivel del MP, los fiscales que van a las comisarías no tienen decisión propia, todo lo consultan con el Fiscal titular y ello genera demora en las decisiones y que siga afectándose innecesariamente la libertad de las personas, en la mayoría de los casos no sustentan adecuadamente sus dictámenes; asimismo cubren los malos actos de la policía.

A nivel del PJ, existe decidía de revisar adecuadamente el expediente, parten en muchos casos de considerar culpable a una persona si ésta no demuestra su inocencia. No toman en cuenta la presunción de inocencia, no valoran adecuadamente los medios de prueba. Cubre al Fiscal, pues en muchos casos el Fiscal no tiene pruebas y la defensa sí, sin embargo el Juez da valor probatorio –cuando legalmente no lo tiene a la investigación policial la cual casi siempre es en contra del imputado.

El impacto de nuestra labor considero que ha sido pequeña pero importante, lográndose en los casos en los que hemos-desde su inicio participado, el cese de la afectación de la libertad de los usuarios, considero necesario que independientemente que los usuarios conozcan sus derechos, tengan una ayuda legal de un abogado para que pueda exigir el respeto de estos derechos, pues las autoridades cuando conocen que están asesorados realizan menos actos arbitrarios.

En los casos que hemos visto siempre hemos metido en el debate que la sola posesión -independientemente de la cantidad – no es delito, sino los que constituye delito es el fin posterior de tráfico.

A nivel policial y fiscal, existe una posibilidad de lograr a nivel macro un mayor resultado, teniendo una conducta más confrontacional, no obstante esta opción podría afectar al comienzo a algunos usuarios en particular pero a futuro ayudaría a los usuarios en general.

Dicha posibilidad consiste en interponer un HC en TODOS los casos y APENAS se conozca una intervención de un evidente consumidor o usuario, es decir, NO SOLUCIONAR EL PROBLEMA EN LA COMISARÍA SINO DE FRENTE INTERPONER UN HC, con ello no caemos en la sustracción de la materia y buscamos un pronunciamiento constitucional que frene a la policía, el punto en contra estaría en que los intervenidos cuyos casos sirvan de base para los HC, no solucionaran rápidamente y de inmediato su problema, sino después de algunos días.

A nivel judicial, existen también posibilidades de lograr a nivel macro un mayor resultado, se debe participar en los plenos anuales que realiza la Corte Suprema y presentarles nuestras propuestas sobre temas de drogas, para ello únicamente necesitamos contar con logística pertinente.

Otra opción en la vía judicial sería buscar casos representativos que se tramiten con el Nuevo Código Procesal Penal, y plantear casaciones con la finalidad que la Corte Suprema establezca doctrina jurisprudencial sobre temas de TID, tal como el nuevo código procesal lo permite.

De otro lado el CIDDH propiamente debería realizar: i.Conferencias informativas dirigidas a usuarios de marihuana y a familiares de usuarios, en las que se les informe -entre otros- el tema jurídico de la posesión no punible, informándoles sobre el tema procesal. Incluso consejos para que en el caso de tener problemas tengan como acreditar arraigo y disminuir las posibilidades de prisión preventiva, ii.Divulgar información a la ciudadanía respecto al tema de usuarios de marihuana y la no punibilidad del consumo, iii. Se realice una revista con artículos escritos por jueces, fiscales y abogados sobre demás de TID, para que en los procesos judiciales podamos argumentar sustentando nuestra posición en criterios de la comunidad jurídica.

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE LAS DROGAS EN LOS DERECHOS HUMANOS: LA EXPERIENCIA DEL CONTINENTE AMERICANO

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La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha tenido un enorme impacto en al funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia y en las cárceles de América Latina. Pese a los altos niveles de violencia que este combate adquirió en algunas zonas y a sus graves consecuencias, durante muchos años no se lo analizó desde una perspectiva de derechos humanos, ni en los ámbitos locales ni en los internacionales. Este escenario comenzó a cambiar. En marzo de 2014, por pedido de 17 organizaciones de 11 países de América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática regional, la primera sobre este tema en sus 150 períodos de sesión. Esta publicación toma como punto de partida el diagnóstico presentado en esa oportunidad
por esas organizaciones.

El paradigma prohibicionista ha incrementado de manera exponencial la militarización y la violencia asociada al narcotráfico. Al crearse un gran mercado ilegal controlado por organizaciones delictivas complejas y cada vez más poderosas, los conflictos violentos han recrudecido en toda la región, en especial en las zonas empobrecidas en donde, además, han profundizado el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de sus habitantes.

Para leer el artículo completo dar click: Informe CELS