El Narcotráfico y su entrada a la Política Peruana

Fecha: 11 de agosto de 2014

Por: Juan Manuel Torres

Mi fotoEn los últimos días, a propósito de las elecciones de octubre próximo, se han visto casos que han dado cuenta de la relación que existe entre el narcotráfico y algunos elementos de la política peruana. Sin duda alguna, el caso más sonado hace referencia al hallazgo de media tonelada de clorhidrato de cocaína en la van de un candidato de Fuerza Popular (fujimorismo) a la alcaldía provincial de Barranca. No obstante, otros casos más recientes han involucrado a partidos como Alianza Por el Progreso y al APRA, evidenciando aún más la complejidad de un fenómeno que resulta altamente peligro para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.

Pero, ¿qué permite la incursión del narcotráfico en la política peruana? Existe una serie de factores que pueden ayudar a dar respuesta a esta crucial interrogante. En primer lugar, la actual crisis partidaria da cuenta de una ventana de oportunidad para el narcotráfico. La proliferación de partidos que carecen de solidez institucional, de legitimidad, de ideología y de mecanismos de democracia interna (por solo mencionar algunas características) facilita la penetración de dinero del narcotráfico (y otros tráficos ilícitos) en esta esfera. Es por eso que algunos partidos políticos terminan convirtiéndose en simples vehículos del poder ilegal. En segundo lugar, la debilidad del Estado en cuanto ente fiscalizador de partidos y candidatos (a través del Jurado Nacional Electoral) es un elemento que debe considerarse para este análisis. Su poca capacidad operativa (y el marco normativo que la regula) permite que muchos candidatos ingresen a la competencia electoral sin haber sido exhaustivamente investigados. No solo basta con solicitar una declaración jurada sino que también debería existir un registro único y disponible con antecedentes policiales, penales y judiciales.

En tercer lugar: el aumento cuantitativo del narcotráfico en el Perú. A pesar de las recientes reducciones en las hectáreas de cultivo de coca ilegal en el nuestro país, el narcotráfico como actividad ilegal continúa su expansión. Y es que, más que hectáreas reducidas, se necesita reducir la productividad por hectárea. Así mismo, cada mes hay mayor dinero involucrado por lavado de activos. Además, la realidad y la percepción sobre inseguridad ciudadana nos dan cuenta de su incremento, mientras que cada día ingresan nuevos internos a los penales por el delito del tráfico ilícito de drogas. La situación, obviamente, se vuelve inmanejable cuando tenemos un fenómeno incapaz de ser controlado.

El caso aprista debe ser tomado en cuenta para el análisis. ¿Es posible que una persona que ha sido sentenciada por el delito del tráfico ilícito de drogas pueda postular a un cargo de elección popular? De hecho, sí es posible pues la ley no lo prohíbe y existe la presunción de inocencia, la rehabilitación, entre otras garantías. Pero, ¿es moralmente correcto? En una coyuntura en la que temas como “narcopolítica”, “narcoindulto” y “narcocandidaturas”, pueden crear una crisis política severa, es necesario que los partidos políticos dejen de albergar a candidatos con antecedentes judiciales, pues quizá existe (y existirá) con estas personas el riesgo latente de volver a delinquir en un fenómeno que tanto daño le causa al país. El ex presidente García ha tratado de deslindarse de cualquier responsabilidad sobre este caso, pero lo cierto es que le resultará difícil dada la pésima utilización de las conmutaciones y gracias presidenciales durante su gobierno.

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Los usuarios no son pastrulos, Sra. Meier

Fecha: 07 de mayo de 2014

Fuente: NoticiasSer

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Parece que hubiera hablado con Rose Likins (la ex embajadora de Estados Unidos en el Perú), o quizá con la no tan querida por muchos Carmen Masías (presidenta de DEVIDA). Tal vez fue asesorada por Alejandro Vassilaqui (director de CEDRO) ¿quién sabe? Pero su más reciente artículo de opinión acaba de ser publicado en El Comercio bajo el nombre “Y ahora… el lobby de los pastrulos”, por Martha Meier M.Q.

Antes de analizar cada una de sus opiniones, me gustaría agradecerle. Y esto lo hago porque, gracias a su nota, el tema de la regulación del mercado de cannabis en el Perú va ganando espacio en la tan banal agenda mediática del país, para posteriormente hacer presión, por histórica tradición, al sector político del país. Este es el debate que hace falta y que, ahora, va consolidándose en el marco de los principios republicanos del Estado.

Dicho esto, me gustaría comenzar señalando el atrevido y peligroso nivel de estigmatización y prejuicios que utiliza el lenguaje de la señora Meier para referirse a los usuarios de cannabis. Sí pues, para ella, todos los usuarios son “pastrulos” (y también los lobistas). Me pregunto qué significará, para ella, serlo. Quizá, en su mente, el “pastrulo” es un individuo harapiento, sentado en alguna esquina de algún barrio de escasos recursos, donde predomina la violencia y la delincuencia, utilizando cannabis y esperando que pase una señorita bien vestida para arrebatarle su celular. No lo sé, tendría que aclarárnoslo. Me pregunto también si este tipo de expresiones alcanza algún nivel de discriminación, tema tan sensible hoy en día en nuestro país.

Hay un error muy grave en su segundo párrafo: “…el pretexto suena lógico: romper el vínculo de los consumidores, es decir del adicto, con los narcotraficantes…”. ¿Ya lo vieron? El grado de generalización de Meier es tal que se da la licencia de igualar términos: consumidor es igual a adicto, cuando esto no es así. La señora debe entender que no todos los consumidores son adictos, y que existen clasificaciones reconocidas por organismos internacionales (como la OMS) que incluyen términos como consumo recreacional, consumo social, problemático, entre otros.

En esa onda de malinterpretar términos, Meier afirma que todos los usuarios tienen un amigo narcotraficante. No, para ella no existen los amigos que se reúnen un fin de semana para usar cannabis en grupo. Tampoco existen los micro-comercializadores. Parece que no conoce a las “mulas”. Todo usuario, para Meier, tiene un amigo que es narcotraficante (con todo lo que implica serlo).

Ella habla sobre el grado de adicción de la marihuana. Señala que es muy adictiva (10% se hará dependiente). ¿Habrá comparado el grado de adicción con otras sustancias, tipo heroína, cocaína, PBC, o incluso el alcohol? Solo con algún nivel de comparación es que podemos darnos alguna idea de que la marihuana es la droga menos dañina que el resto, incluyendo las legales que millones de muertes han causado (por accidentes automovilísticos, cirrosis y cáncer al pulmón). Reto a Meier a que me señale, con nombre y apellido, la primera muerte por solo consumo de cannabis.

A ver, cultivar una planta de cannabis es como dejar un arma al alcance de los niños. Aquí la señora asume, de forma incorrecta (una vez más), que los usuarios de cannabis tienen el nivel de madurez intelectual, cognitiva y emocional de un menor de edad. Es decir, los que consumen marihuana tienen 9 años. No tienen capacidad de evaluación para la decisión, discernimiento ni la madurez necesaria para asumir ningún tipo de responsabilidad.

Me gustaría saber algo: ¿de dónde saca ella la idea de que la marihuana contiene 70% más agentes cancerígenos que un cigarro? Pues si esto es cierto, seré uno de los primeros en averiguar quién tuvo cáncer solo por consumir marihuana. No, no hay un solo caso.

Lo que se busca actualmente en el Perú no es legalizar. Es hora de dejar de utilizar ese ambiguo término que no hace más que liberar los más rebuscados “argumentos” del conservadurismo para mantener el status quo. Se busca alguna suerte de regulación estatal que sirva como forma de lucha contra el narcotráfico, a la vez que aplique modelos de intervención que vayan acorde con el respeto a los principios de Derechos Humanos establecidos en la normativa internacional. Así, los usuarios no son “pastrulos”, señora Meier.

Comisión Interamericana discutió el tema drogas y el caso peruano

Fecha: 31 de marzo de 2014

Por: Juan Manuel Torres

Sociedad civil da un paso más

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Mi foto

El martes 25 se produjo la audiencia temática sobre drogas y derechos humanos ante la CIDH, en Washington. Se presentaron seis representantes de las 17 organizaciones solicitantes y expusieron las diversas aristas del problema mundial de las drogas. Así mismo, señalaron la necesidad de cambiar el actual paradigma (condicionado por la guerra contra las drogas) y abrir el debate hacia nuevas formas para enfrentar este reto.

Me tocó encargarme del caso peruano. Así, tuve la oportunidad de exponer ante los comisionados las continuas violaciones de derechos de los que son víctimas los sectores más vulnerables de la cadena del narcotráfico (como los campesinos cocaleros, las mulas y los usuarios de drogas). Lo cierto es que se logró ejemplificar los daños colaterales que la guerra contra las drogas está causando en países como el nuestro, que se niega rotundamente a esbozar y/o debatir cualquier tipo de posición alternativa a la ya conocida.

Además, se presentó un petitorio en el cual las organizaciones solicitantes requerían a la Comisión que:

a) Se reconozca que las políticas de drogas y sus consecuencias constituyen un problema para los derechos humanos en la región; consecuentemente que la Comisión incorpore en su agenda permanente de trabajo el seguimiento a las diferentes dimensiones de las políticas de drogas; y que dialogue con los órganos e instancias de debate de la OEA (Asamblea General, CICAD, reuniones de ministros) para incorporar allí una agenda de Derechos Humanos. En particular, que la Comisión se involucre y participe activamente en el período extraordinario de la Asamblea General que tendrá lugar en Guatemala para discutir políticas de drogas.

b) Produzca diagnósticos con información empírica confiable sobre los impactos de las políticas de drogas en los derechos humanos, como herramienta para la incidencia y difusión de esta problemática, involucrando el trabajo de las relatorías de privados de libertad, de la situación de mujeres, de la unidad DESC, entre otras; que la Comisión evalúe la posibilidad de elaborar un documento de principios de derechos humanos y políticas de drogas o un informe; que a su vez tenga en cuenta los modelos alternativos que están desarrollándose en algunos países de la región como Uruguay, colaborando en la producción de estudios serios de medición de impacto de estas iniciativas; y que se elaboren a partir de estos informes recomendaciones a los Estados y demás órganos de la OEA.

c) Se documente en particular las cuestiones más sensibles como la situación de las comunidades campesinas afectadas por las fumigaciones y el desplazamiento; el impacto de las políticas de drogas en las tasas de encarcelamiento, prestando especial atención a la situación de mujeres presas; la desproporcionalidad de las sentencias en los delitos de drogas, la persecusión y criminalización de usuarios; la falta de acceso a tratamiento de salud basados en evidencia científica, el hostigamiento y las detenciones a jóvenes, entre otros.

d) Se inste a los Estados a poner el respeto a los derechos humanos y la reducción de la violencia como objetivo central de las políticas de drogas. La región está asistiendo a un cambio de paradigma, de revisión y crítica de las políticas actuales, que han demostrado ser dañinas e ineficaces. El paradigma de los derechos humanos debe ser el paraguas que acompañe esta transformación.

Respecto a las posiciones oficiales (y dadas algunas reuniones que se tuvo con algunos embajadores), existe, en general, buena disposición para abordar la nueva temática del problema contra las drogas (que incluye temas como Derechos Humanos). En este grupo están Estados como Ecuador, Argentina, Colombia, México (que está ejerciendo un alto nivel de liderazgo en esta materia), y, por supuesto, Uruguay. Sin embargo, existen otros países que se mantienen renuentes a cualquier cambio, como el caso peruano, por ejemplo, en el cual ninguna cita pudo concertarse con el embajador permanente ante la OEA, el Sr. Juan Jiménez Mayor.

Cabe resaltar que el siguiente paso de este proceso de reforma en políticas de drogas lo constituye (al menos en la plataforma americana), la siguiente Asamblea Extraordinaria convocada para setiembre de este año y cuyo anfitrión será Guatemala. El problema se presenta cuando este Estado, aparentemente, busca hacer que la reunión sea un espacio para promover una suerte de concurso para los más jóvenes, concentrando esfuerzos en cuestiones si bien relativamente importantes, no centrales.

Observa nuestra presentación aquí:

Análisis del informe anual de la JIFE (ONU) 2013 – (marzo, 2014)

Fecha: 13 de marzo de 2014

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Introducción

El reciente informe de la JIFE se presenta en un contexto en el cual, a nivel internacional, se plantea una fuerte cantidad de reformas en torno a las mejores estrategias de lucha contra las drogas. Al respecto, en su análisis, la Junta “observa con preocupación” todos y cada uno de los intentos soberanos de revisión y modificación legislativa orientados a alguna regulación liberal del consumo (y del comercio) de estupefacientes. Esta observancia, consideramos, responde a las posiciones conservadoras que, a través de los años, han priorizado el control de la oferta y otras herramientas represivas que no han solucionado, de forma sostenible, el problema mundial de las drogas.

Además, el informe en cuestión parte de algunos supuestos que resultan seriamente debatibles. No obstante, y sin considerar el aspecto hipotético, la Junta elabora una serie de recomendaciones a los Estados basadas en dichos supuestos, reforzando así el régimen internacional de las drogas e instando, en repetidas ocasiones, a que estos no se desvíen de las convenciones y tratados internacionales que rigen esta materia.

Sin embargo, el informe también señala algunas cuestiones de responsabilidad estatal que, de ser optimizadas, tendrían un alto impacto en la lucha contra las drogas. En tal sentido, aspectos como prevención, rehabilitación con reinserción social y soluciones al sistema penitenciario y judicial se constituyen como los principales ejes conexos que deben ser reforzados a fin de garantizar la sostenibilidad de cualquier estrategia realista de lucha contra el narcotráfico.

Sobre los costos económicos

En una generalización inexacta, el informe de la JIFE plantea que “las personas que se hallan bajo la influencia de las drogas plantean graves riesgos para la seguridad de las personas que las rodean y para el medio ambiente y generan costos considerables”. La forma en la cual esta oración está redactada sugiere que existe una correlación causal entre usuarios de drogas y vulneración a la seguridad de terceros. En otras palabras, todo usuario de drogas representa un peligro inminente para la sociedad. El problema con esta afirmación radica en que, si bien existen delitos asociados al consumo problemático de drogas (tanto legales como ilegales), se está dejando de lado una buena parte de usuarios recreativos y/o ocasionales que no representan ningún riesgo de afectación o vulneración leyes vigentes. Además, el comportamiento de un individuo expuesto a alguna droga determinada variará en función a su resistencia (y reacción) biológica y a su capacidad psicológica para auto-controlarse.

De esa forma, si el comportamiento de un individuo depende de su tolerancia o adecuación a alguna droga determinada, resulta inexacto afirmar que, dado que existen usuarios de drogas que mantienen una relación con la comisión de delitos, todos los usuarios de drogas hacen lo mismo. De lo que sí puede hablarse es de algún nivel de asociación (que variará de acuerdo a la circunscripción en la que se mida), más no de alguna correlación causal.

El informe en cuestión establece algunas clasificaciones en torno a la asociación “drogas y delito”. En primer lugar, califica al “delito psicofarmacológico” como aquel donde existe violencia asociada al consumo de drogas. En segundo lugar, existe el “delito económico-compulsivo”, donde los delincuentes recurren a la violencia para sufragar el costo de sus drogas. Por último, se presenta el “delito sistémico” en el cual hay disputas entre consumidores y/o vendedores por transacciones insatisfechas. Esta clasificación resulta pertinente dado que nos ayuda a identificar y prevenir, mediante políticas de Estado, las causas que conllevan a la peligrosa asociación de “drogas y delito”. En la primera clasificación, resulta claro que la prevención tiene que ver con el elemento sicológico. Aquí el Estado podría intervenir a través de la educación (respecto a advertencias sobre consumo de sustancias ilícitas y comportamientos que contravengan la legislación vigente). En el segundo caso, la prevención de esta clase de delitos tendría que ver con aspectos económicos. El Estado debería, mediante políticas económicas efectivas, lograr y garantizar la inclusión y el desarrollo sostenible de sus más necesitados, brindando así más oportunidades para poblaciones vulnerables de escasos recursos. Por último, en relación al delito sistémico, la prevención tiene que ver con un aspecto de intervención estatal, el mismo que parte desde mayor presencia de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley hasta la evaluación de regulación de mercados ilegales.

En relación a los delitos mencionados, el informe señala que los costos generados por estos delitos están relacionados con la carga de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de las autoridades judiciales. En ese sentido, se reconoce que los Estados deben emprender una serie de reformas orientadas a aliviar la carga judicial y policial de la mejor forma posible. Cabe mencionar que la regulación del consumo de ciertas sustancias (como cannabis) podría aliviar dichas cargas al hacer que los esfuerzos estatales se concentren en las actividades criminales de las bandas organizadas y no en los eslabones más vulnerables de la cadena del tráfico ilícito de drogas (como los consumidores, por ejemplo), reorientando y utilizando mejor los escasos recursos que poseen.

Algunos supuestos

Resulta erróneo para cualquier investigación objetiva partir de supuestos para elaborar recomendaciones y/o conclusiones en torno a un tema tan delicado como el tráfico ilícito de drogas. Si bien el informe de la JIFE no pretende ser un documento de investigación científica per sé, carece de ciertos elementos lógico/argumentativos que le brindan rigor a cualquier informe de repercusión internacional.

Se señala, así, que “la legalización de las drogas no garantizaría el cese de su venta en los mercados clandestinos”. Pareciera que tal enfática afirmación hubiera sido sometida a varios procesos de testeo y comprobación por trabajo de campo. ¿Lo ha sido? Nos preguntamos. Al respecto, el informe menciona que, así se legalicen las drogas, los mercados clandestinos seguirán operando a través del contrabando tal y como sucede en algunos países con el tabaco.  Efectivamente, sucede con el tabaco, con el alcohol, con las bebidas gaseosas, con las películas piratas, con los juegos de video, etc. El punto central es que el contrabando representa un reto que acarrea una responsabilidad distinta al Estado. Está presente en casi todos los artículos comercializables y no debe considerarse como un obstáculo para el proceso de regulación de mercados ilegales.

Otro supuesto del informe hace referencia a que “la venta de drogas ilícitas no es la única fuente de ingresos de las organizaciones delictivas”. Efectivamente, existen organizaciones delictivas con múltiples ramas (¿gerencias?) dedicadas y especializadas en varios delitos. Sí, es posible. Pero si el Estado ataca, mediante la regulación, un ingreso alto (posiblemente el más grande dada la rentabilidad del tráfico ilícito de drogas), podría formarse un incentivo fuerte para cambiar de actividad ilegal (no  necesariamente disolver el grupo criminal). En este caso, entrarían a tallar otras políticas de Estado para la prevención de otros delitos.

El supuesto que más controversia causa es el de la correlación causal “regulación y consumo”. Es decir, para el informe de la JIFE, la regulación aumentará el consumo y la dependencia. Aquí nos preguntamos una vez más si es que existe evidencia científica que demuestre la correlación causal entre Estados que han emprendido caminos orientados hacia la regulación y niveles de consumo. Y si es que los hay, es porque el proceso de regulación no ha ido acompañado de una serie de medidas preventivas orientadas a reducir el consumo de sustancias consideradas como ilegales. Así mismo, es probable que algunas legislaciones relativas a la regulación no hayan tomado en cuenta algunos aspectos importantes y ostenten falencias que derivan en el crecimiento del consumo o la alteración del orden público (como la venta a extranjeros, por ejemplo).

Algunas cuestiones adicionales

El informe en cuestión establece que el sistema de justicia podría ser más eficiente, disuadir el uso indebido de drogas y ofrecer distintas alternativas al encarcelamiento. En ese sentido, se señala que la proporcionalidad debe respetarse. Sin embargo, el organismo se pronuncia a favor de los tribunales especializados en el tratamiento de la drogodependencia, pues “aplican sanciones rápida y livianas combinadas con el tratamiento y los análisis para detectar el consumo de drogas, con objeto de promover la abstinencia, reducir la delincuencia y promover la reinserción social”. Al respecto, resulta propicio mencionar algunos aspectos. El tema de los tribunales debe ser mejor analizado a la luz de experiencias recientes. En ese sentido, debe tomarse en cuenta el aspecto de la voluntariedad efectiva para llevar a cabo un tratamiento de reducción del consumo de las drogas. Recordemos que la privación de libertad por tratamiento o rehabilitación vulnera severamente los Derechos Humanos al tratarse de una suerte de “encarcelamiento por enfermedad”, como lo es la adicción.

Sobre las recomendaciones del informe

El informe de la JIFE elabora una serie de recomendaciones para los Estados que aparentan ser más de lo mismo, ya que están basadas en los supuestos antes mencionados y van de acuerdo a las posiciones tradicionales y conservadoras de la lucha contra las drogas. La única postura controversial y, que vale la pena analizar, es la referente al mercado de cannabis (a propósito de la regulación en Uruguay).

El informe de la JIFE resalta algunos logros (en materia de cooperación e interdicción) de países como el Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Colombia, pero critica el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis en Uruguay. En ese sentido, “preocupa a la Junta el hecho de que algunos de los Estados partes en la Convención de 1961 están examinando propuestas legislativas que tienen por objeto regular el consumo de cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos” y, por consiguiente, “la Junta insta a todos los gobiernos y a la comunidad internacional a que examinen detenidamente los efectos negativos de esas propuestas”.

Si bien la JIFE representa el órgano máximo de fiscalización mundial del problema de las drogas, esta responde a una filosofía que, a lo largo de las últimas décadas, ha estado alineada con el prohibicionismo conservador que no ha conseguido resultados positivos y sostenibles a largo plazo en lo que a este fenómeno respecta. En ese sentido, cualquier cambio al actual régimen internacional de las drogas (que tiene estas mismas características) será visto con recelo y desconfianza por este organismo.

Sobre la erradicación en el VRAEM

Fecha: 08 de enero de 2014

Por: Juan Manuel Torres

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En recientes notas informativas, el gobierno ha hecho de conocimiento público que, por primera vez en la historia del Perú, las fuerzas del orden entrarán a la zona del VRAEM a iniciar las actividades de erradicación de cocales ilícitos. Así mismo, desde hace algunas semanas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inició operaciones de destrucción de pistas clandestinas para interrumpir el puente aéreo que traslada droga desde el Perú hacia Bolivia y Brasil, la misma ruta que confirma la existencia del Corredor Sur que el CIDDH ya había alertado. Además, en recientes notas, se han podido apreciar las comunicaciones entre pilotos de avionetas brasileros, bolivianos y peruanos, los mismos que señalan las dificultades que afrontan por la destrucción de sus pistas de aterrizaje y despegue.

Pero la iniciativa de ingresar a erradicar en el VRAEM responde al reciente incremento de las actividades ilícitas asociadas al tráfico de drogas en la zona de la sierra y selva peruana. En ese sentido, no obstante la última reducción a nivel nacional de hectáreas destinadas al cultivo ilícito de arbusto de coca del 2013, el tráfico y los delitos asociados se han mantenido constantes, incluso llegando a niveles en los que el crimen organizado ha tomado acción en centros urbanos importantes, alejados de aquellas zonas de cultivo. Además, pese a los programas de erradicación, la producción de droga semi elaborada y elaborada que demanda el mercado de cocaína no ha tenido variación significativa en los últimos años. En efecto, los narcotraficantes están más preocupados, no por las extensiones de coca que puedan llegar a manejar, sino por la productividad por hectárea y la cantidad de hoja seca y de alcaloide que puedan obtener. Este hecho nos lleva a cuestionar la erradicación compulsiva como una herramienta, ¿efectiva?, para la mitigación del tráfico ilícito de drogas en el Perú. Es necesaria, efectivamente, pero, ¿qué tanto énfasis debe tener, cómo debe aplicarse y qué riesgos asociados deben ser tomados en cuenta?

Un apresurado ingreso al VRAEM podría ocasionar enfrentamientos en escenarios de conflicto social en el cual los cocaleros organizados (que ya vienen realizando diversos eventos de concentración) se constituyen como el principal pilar de resistencia frente a esta medida de represión. La erradicación, además, podría constituirse como una excusa perfecta para la entrada y el reforzamiento de las actividades terroristas de Sendero Luminoso. Frente a una población confundida por las intenciones del Estado, que no tiene alternativas ni indicios de voluntad estatal para dialogar, Sendero Luminoso se perfilaría como líder defensor de comunidades con cultivos de coca, hecho que terminaría agravando la situación del terrorismo en el Perú y consolidando más al grupo terrorista con nuevos miembros y nuevo territorio.

Fuente: Difusión.

Fuente: Difusión.

Resulta necesario, en ese sentido, el cambio de una política de erradicación compulsiva y forzosa a una progresiva de reducción concertada. La existencia de población civil en medio de una guerra contra las drogas que, por diversas causas (económicas, sociales, etc.), mantienen una asociación directa o indirecta con las actividades del tráfico ilícito de drogas, debe ser un indicador a ser tomado en cuenta por las autoridades encargadas del diseño de las estrategias de lucha contra este fenómeno. Sería absurdo (y además iría contra la normativa internacional de Derechos Humanos) criminalizar a diestra y siniestra a campesinos cocaleros y erradicar sin tomar en consideración programas de desarrollo alternativo sostenibles y reducciones concertadas.

Así mismo, es necesaria la delimitación precisa de las áreas de cultivo a ser erradicadas, respetando, obviamente, las destinadas al uso tradicional. El problema con el caso peruano es que, a diferencia del boliviano, no existe una política adecuada de control social de la hoja de coca: una política que estipule hectáreas límite, que empadrone a cocaleros y a sus líderes, que fiscalice el comercio lícito de esta planta, que rinda cuentas, que plantee reducciones concertadas y alternativas viables y sostenibles, entre otras medidas pertinentes.

Por un lado, otra consecuencia no deseada de la intempestiva entrada de las Fuerzas Armadas al VRAEM para la erradicación compulsiva es la movilización de los cultivos o el conocido “efecto globo”. La facilidad del crecimiento del arbusto de la coca en zonas alto andinas y de la Amazonía peruana permite la rápida reubicación de cultivos ilícitos de coca. En la última década, la información disponible muestra que las acciones de erradicación realizadas por el CORAH, del Ministerio del Interior y el NAS norteamericano, cumplen sus metas anuales, pero la oferta de PBC es reemplazada territorialmente por extensiones de cultivos más pequeños y fragmentados en nuevas zonas del país. Por otro lado, existe un riesgo latente de militarización de comunidades campesinas e indígenas, hecho que podría intentar “justificar” severas violaciones a Derechos Humanos.

Es suma, es importante destacar que ingresar al VRAEM para establecer labores de erradicación compulsiva es contraproducente si no se tiene en cuenta el control de factores alternativos que podrían desencadenar más fracasos que éxitos generales. La idea es establecer una política de reducción pacífica, consensuada y progresiva de los cultivos de coca en la región, además de reducir las probabilidades de suceso de las consecuencias no deseadas explicadas en párrafos anteriores. ¿Tendrán ya las Fuerzas Armadas del Perú planificados todos estos detalles?