“Plan Cóndor” y el intervencionismo de EE.UU en Sudamérica

La sentencia de la III Corte Penal de Roma, finalmente ha logrado condenar a ocho militares sudamericanos a cadena perpetua, entre ellos un ex Presidente de la República del Perú, el General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) por su intervención en el denominado “Plan Cóndor”.

Cuarenta y un años después, la justicia de un país democrático (Italia), ha definido la responsabilidad penal individual de ex mandatarios dictadores que participaron de un plan de represión política en diversos países sudamericanos, plan que fue orquestado desde la CIA norteamericana como un inicial medio de intervencionismo en las decisiones políticas en el Cono Sur y la Región Andina.

Las dictaduras del general Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, García Meza en Bolivia, Bordaberry en Uruguay, Morales Bermúdez en Perú, y Pinochet en Chile, generaron procesos políticos que se caracterizaron por un visible autoritarismo, la comisión concertada de diversas violaciones sistemáticas a los DD.HH (desaparición de opositores), así como la proscripción de todo tipo de oposición política. Pero además, en varios de estos países generaron las semillas para la implantación del “Consenso de Washington” que permitió la instauración de un programa económico que fue la base de lo que seguimos viviendo, en el 2021: programas de ajuste, restricciones en el gasto, reducción de derechos sociales, protección de inversión extranjera.

En realidad, si bien los medios de intervención e infiltración política, psicológica y mediática de EE.UU en la región han cambiado con el tiempo, mantienen ciertos rasgos comunes: (i) lograr que los países se comporten en los planos domésticos y en los planos externos, de la manera como Washington y sus entidades de seguridad desean que lo hagan; (ii) ser mucho menos evidente en la influencia que se ejerce. Tomemos un ejemplo de coyuntura.

El peso que ha tenido la acción del Departamento de Justicia norteamericana en el develamiento del mega caso de corrupción impulsado por la empresa constructora Odebrecht, que ya había sido investigado y sancionado en el propio Brasil, tiene como corolario evidenciar y profundizar el rol que tuvo el Gobierno del PT, de Lula y Rousseff, de modo de poder afirmar el conocimiento que tuvo el PT, el Gobierno y la diplomacia de Brasil en tanto miembro de los BRICs, de MERCOSUR y como parte de los gobiernos progresistas de América del Sur, en ser permisivos con la corrupción instaurada en Venezuela, Argentina, Perú, Cuba, y otros países del Hemisferio.

A ello le sumamos formas mucho más tradicionales de presencia e intervención, como puede ser el mantenimiento de estructuras de cooperación, partnership, entrenamiento y preparación que se tienen con las fuerzas policiales y fuerzas armadas, a través del WHINSEC y del Comando Sur, a través de un conjunto de acciones y actividades cronogramadas.

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EDITORIAL: Poder, Política de Estado y Criminalidad Organizada

Fecha: 25 de agosto de 2014

Por: Ricardo Soberón

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Mientras el Gobierno de Presidente Humala no logra consolidar el sexto gabinete en tres años, otra vez la prensa peruana –revista Poder-, destapa un caso de corrupción asociada al manejo del Estado, que confirman los fuertes vínculos entre Política y TID, esta vez no en candidatos, sino en funcionarios en ejercicio. El ex alcalde de Lima, ex candidato presidencial y actual número 1 en las encuestas para las elecciones de 5 de Octubre a la Alcaldía de Lima, Fernando Castañeda de Solidaridad Nacional, se le acusa por los vínculos de su empresa Comunicore como instrumento de lavado de dinero procedente del TID; esta nueva acusación vincula a varios de sus ex funcionarios con el lavado de activos, delito autónomo. Lo curioso es el mantenimiento de un silencio político como estrategia de marketing por parte de Castañeda, que, por la gravedad de esta acusación, debe terminar inmediatamente.

Lo que se pone en cuestión en esta ocasión, son dos cosas. En el Perú, los grandes delitos de TID son cubiertos por un manto de impunidad política y judicial, tanto en el Congreso de la República, pero sobretodo en el Poder Judicial. Tal es el caso de los diversos delitos cometidos por el ex Presidente Alan García (desde el tren eléctrico, la venta de aviones Mirage), hasta las actuales acusaciones, como es el caso de los “narco indultos”, en  los que o transfiere la responsabilidad de funcionarios de menor jerarquía, o se atribuye la cuestión de la cosa juzgada, como ocurrió durante su primer mandato. 

En el caso del ex alcalde Castañeda, en su primera gestión la Municipalidad de Lima, en el 2006 pagó a COMUNICORE la suma de 39.5 millones por concepto de una deuda no cobrada por RELIMA (encargada de limpieza), de la Municipalidad. Esta empresa, tenía relaciones con el Señor Castañeda y varios de sus componentes[1], asociados a un caso de exportación de 3.5 tm de cocaína en latas de alcachofa (rol de procesado/sentenciado, Alex Montoya Agüero) ocurrido en el 2009. La Unidad de Inteligencia Financiera,  mandó en su momento el informe sin embargo la Fiscalía contra criminalidad organizada dice no haberlo recibido y su Fiscal, Mateo Castañeda, que luego pasó a ser abogado de Alcalde Castañeda, lo ve tan solo como defraudación tributaria.

La otra cuestión que se pone aquí en evidencia, es la íntima relación entre las políticas neoliberales puestas en práctica en los últimos dos décadas desde el MEF, que en la práctica, reducen el Estado a su mínima expresión[2]; lo convierten en un gestor presupuestal (algunas veces de intereses privados como lo demuestran los ministros y asesores lobbyistas). Estas políticas, de otro lado, debilitan los órganos de control y permiten que órganos como la Contraloría, el propia Fiscalía, dependan del poder político y/o económico. Finalmente se convierten en cómplices de un conjunto de actividades delictivas, a través de mecanismos como el testaferrato o la tercerización de actividades.

 

___________

[1] Carlos Chávez Málaga, quien cobraba por empresa CSI- Perú Logística. O, Miguel garro, antiguo Gerente General de RELIMA, conocido de procesado por TID, Alex Montoya Agüero. Asimismo, Arturo y Martín Belaúnde, que podrían llevar a conexiones dentro del actual gobierno (Diario La Primera) o del anterior (a través de Luis Nava ex Secretario de Alan García).

[2] Es el caso de los diplomáticos, cuyas funciones son recortadas por agentes comerciales, o el caso de organismos reguladores que son prácticamente concesionados.

Corrupción y narcotráfico en el Perú. Una aproximación.

Fecha: 11 de agosto de 2014

Fuente: Revista Argumentos

Por: Ricardo Soberón

rsoberonLa hipótesis central de este corto artículo es mostrar la evolución reciente del narcotráfico en el Perú, que le ha permitido tomar una posición más importante en el escenario regional y global de la droga, pero que ha evolucionado de forma de poder distraer la atención de un Estado formalmente “duro” para identificar o atrapar varias formas delictivas, pero que simultáneamente es permeable a la alta criminalidad de las drogas, y desde el que se reproducen con facilidad prácticas corruptas que involucran a vastos sectores sociales y al poder político. Nuestro análisis se basa en diversas fuentes: el seguimiento que hacemos desde el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) a las dinámicas de producción/tráfico1 de los últimos años en la región andina y en el país, y la revisión de la literatura especializada sobre este complejo tema, así como los instrumentos de trabajo institucionales: un consultorio jurídico y una Línea Verde de atención a usuarios detenidos ilegalmente por la policía peruana.

El gran marco general es el de la confluencia en el Perú de factores históricos,2 sociales y culturales3 que promueven la penetración de la corrupción asociada al narcotráfico en todos los niveles de la sociedad y el Estado peruanos, pero con mayor énfasis en zonas donde no existe el Estado de derecho (es el caso de la falta de transparencia, de participación ciudadana, de equilibrio de poderes y de una prensa crítica y objetiva). Atizados por el narcotráfico como principal actividad ligada a la economía global, en los distritos, provincias y regiones de la selva alta peruana, la producción de coca y su transformación en cocaína se convierte en un modus vivendi propio de la zona.

Asimismo, ahora en el siglo XXI y después de 18 años de crecimiento económico basado en la minería, 16% del territorio nacional se encuentra concesionado (21 millones de hectáreas) (Monge 2013), y pese a los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza, persisten gruesos bolsones concentrados en el mundo rural (que alcanzan el 53% según el Censo nacional de 2007). Esto, en el caso de gran parte de los 32 distritos del Vraem, ocasiona una fuerte dependencia del asistencialismo de los programas sociales, como es el caso de Pensión 65, que cuenta con hasta 380.000 usuarios en el país. Todos estos factores de éxito macroeconómico han promovido el incremento de la economía ilegal del narcotráfico: el creciente abandono de tierras de los 2,2 millones de productores agropecuarios en el país, particularmente en la sierra y en la misma selva, ha favorecido una nueva reconcentración en manos de poderosos grupos económicos; igual sucede con el aumento del desvío de insumos químicos producidos por la minería o importados directamente de los países desarrollados. Asimismo, según la UIF Perú (Unidad de Inteligencia Financiera), ha aumentado del lavado de dinero4 en inversiones dudosas como los juegos de azar y la actividad de la construcción (Lima, balnearios de Asia, Trujillo, Chiclayo), así como la necesidad de una mayor mano de obra informal o ilegal.

En ese contexto, el tráfico ilícito de drogas (TID) en sus distintas modalidades es una forma de incorporación de vastos sectores de la sociedad peruana a la economía de libre mercado, articulándose a circuitos, ciclos y cadenas productivas asociadas a la coca, la pasta básica de cocaína (PBC) y el clorhidrato de cocaína como producto final. De paso, se convierte en una forma de inclusión social de sectores marginales de la sociedad, como pueden ser aproximadamente los 2 millones de campesinos y sus hijos, especialmente los de origen altoandino, que ahora habitan los valles cocaleros o las comunidades altoandinas, o los mototaxistas de barrios populares en la costa, que ayudan en la distribución desde más de 1800 puntos de venta de drogas, según Devida y Cedro. Frente a este grueso tejido social en riesgo de caer en actividades ilícitas, la amenaza de sanción penal es menor al beneficio que importa “coronar” una actividad de TID.

Como es comprensible, este ciclo se relaciona con otros fenómenos como la migración dentro y fuera del país, que facilita la salida de pequeñas cantidades de droga pura, dentro o fuera de los cuerpos de quienes la transportan. Lo mismo sucede con el “hueco negro” de la trata de personas en Madre de Dios, relacionada a la minería ilegal del oro. Ambos fenómenos ilícitos comparten la disposición de rutas, insumos usados, contactos, mercados, etc.

Hay pocos estudios sobre la criminalidad organizada en el Perú, como los de Prado Saldarriaga5 y Durand6 desde sus perspectivas jurídicas o sociológicas, o los de victimización que realiza la UNODC.7 Si bien las organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico comparten características con las de otros países, a diferencia de estas, no ejercen brutalmente la violencia, lo que se verifica en la tasa de homicidios del Perú (la cual es inferior a la tasa promedio latinoamericana).8 Ahora describiremos algunos elementos que caracterizan a los distintos agentes intervinientes.

En la lógica de los productores agrarios, un factor que define su situación como el primer eslabón de la cadena es el manejo del ciclo agrario, que tiene como producto bandera a la hoja de coca, cultivo que puede dar de tres a cuatro cosechas anuales, lo que la convierte en la caja chica de la economía rural. De acuerdo con esto, los niveles de ingreso en el proceso ilegal son mínimos, y no pasan del 4% del total que se monetiza proveniente del TID en el país.

En cuanto al cargacho, mochilero o burrier, todos eslabones relacionados al transporte fragmentado de droga desde los sitios de producción a los centros de despacho o exportación, se trata de jóvenes provincianos, con pocas perspectivas de ingresar a la universidad.9 En la gran mayoría de casos, el problema de las burriers extranjeras es su dependencia económica, afectiva o sanitaria10 y el hecho en común de que son perfectamente sustituibles. Al respecto, el proceso del transporte de pequeñas o medianas cantidades de droga es fácil en relación con los grandes envíos.

El paquetero suele ser desempleado y habitante de barrios urbano marginales, usualmente parte de una familia que tiene el negocio en algún distrito limeño. Hace el expendio al detalle, incluyendo el delivery, cuyo mercado suele ser la clase media alta limeña. Cuando son detenidos, todo puede arreglarse en la comisaría, según la información recabada mediante la Línea Verde, un instrumento de asistencia legal que otorga el CIDDH en casos de detención policial.

En todos los casos, se trata de actores secundarios, reclutables a bajo precio y fácilmente reemplazables. Según el INEI, en el Perú hay 2,4 millones de adolescentes de entre 14 y 17 años, de los cuales 1,1 millones son parte de la PEA y 500.000 no trabajan ni estudian. Esto es una muestra de la compartimentalización de cada una de las fases del ciclo, por medio de la cual se tercerizan los servicios, como señala De Rementería, en búsqueda de la minimización de riesgos (Rementería 2011). Al menos en el Perú, que solo monetiza 4% del total de los US$ 85.000 millones que produce anualmente la cocaína, el lavado se hace más fácil en ciudades intermedias o Lima. Además, la tecnología, más la globalización de las comunicaciones y el comercio, promueven el ingreso de una mayor base social a alguna de las actividades ilícitas.

Respecto de la Policía Nacional del Perú, está compuesta por escaso personal y mal pagado, que recibe poca atención, corre mucho riesgo y trabaja en condiciones deplorables (sistema denominado 24×24), es decir, en medio de todas las condiciones que generan los diferentes casos de corrupción en la Dirandro, el Vraem y el aeropuerto de Lima, es decir, en cualquiera de sus unidades.

En los últimos años, en el caso peruano se ha producido una fragmentación y compartimentalización de los servicios de acopio, transformación, transporte y almacenamiento de la droga, desde su salida de las pozas de maceración/laboratorios hasta antes de dejar el territorio peruano por las fronteras o la costa. En la forma moderna de funcionamiento del tráfico de drogas en el país, se reducen las áreas de cultivo de coca (mayor productividad por unidad de producción) y se hace uso de diversas rutas y formas de transporte para distraer a la policía; en general, se prefiere lo pequeño/mediano para reducir los riesgos de la interdicción policial/militar. Asimismo, el narcotráfico ha aumentado su capacidad de penetrar negocios formales e instituciones del Estado como el Congreso y el Poder Judicial; a guisa de ejemplo, 19 de 24 gobiernos regionales están siendo investigados por sospecha de actos de corrupción, con mayor énfasis en aquellos como Áncash, que reciben ingresos por canon.

Los casos dentro del propio Gobierno no son nuevos, una triste trayectoria cuyo principal hito fue la dupla de Fujimori/Montesinos en los años noventa y más recientemente el escándalo de los narcoindultos que involucra al expresidente Alan García (2006/2011, la plata llega sola). En este último caso, sin distinción se beneficia a grandes corporaciones ilegales, como refiere Scarpinato cuando se refiere a la “burguesía mafiosa” en Italia (Scarpinato 2007). Últimamente sobresale el novedoso caso del clan de Rodrigo Orellana y Coopex (Cooperativa de Ahorro), que tuvo influencia en 15 regiones. En relación con este destape, destaca la reciente captura de Benedicto Jiménez y las relaciones del caso con dos partidos políticos, Fuerza Popular (Jesús Neyra) y Solidaridad Nacional (Heriberto Benítez), lo que demuestra la capacidad del narcotráfico para penetrar el Estado.

Las fuerzas de seguridad en el Perú11 tienen poca capacidad de negociación en el mercado, lo que explica, por ejemplo, que hasta hoy hayan pasado seis ministros por la cartera del Interior. Sin embargo, lo poco que tienen lo potencian: la (in)seguridad, la extorsión, el comercio de bienes ilícitos y un largo etcétera. No debemos olvidar que, en el mundo de las bandas, el poder de armamento determina su grado de coerción delictiva.1

De acuerdo con las cifras sobre población penitenciaria en el Perú,13 lo que no existe aún es una voluntad para hacer selectivo el trabajo de represión policial y focalizarlo en grandes estructuras criminales. Es lo que pretende el gobierno actual con la reciente puesta en vigencia de la Ley N.º 30777 contra el crimen organizado, pero que aún aguarda la llegada de recursos financieros frescos que la hagan viable en un sistema judicial débil, lento y corroído por la corrupción. Seguimos pensando en grandes discursos de represión, más penas, más delitos, pero en medio de menos capacidades, con un Poder Judicial desbordado en el ámbito penal. Por ello, intentamos una reforma desde el CIDDH (Soberón 2012) para evitar el uso desmedido de la represión penal en el Perú y lograr una mayor eficiencia, realismo y objetividad en la persecución de un crimen complejo, reconociendo los difíciles límites que tiene con actividades grises en el país. Se trata de provocar un cambio acorde con la tendencia creciente en América Latina de reformar las políticas sobre drogas y aplicarlas solo a los casos de criminalidad compleja.14

En definitiva, llegamos a la conclusión de que en el Perú se produce un complejo y difícil dilema. El crecimiento de unos pocos obliga a arrojar a muchos otros al mundo de la ilegalidad. Así, simultáneamente a todos los indicadores favorables relacionados al boom de la demanda de minerales y el auge de los principales indicadores económicos ocurridos entre 1992 y 2014, se han dado las condiciones necesarias para una mayor dependencia de los sectores sociales excluidos de ese boom, dentro y fuera del Estado, respecto de las economías ilegales, particularmente en el caso del TID. En paralelo, las organizaciones que componen el sistema de seguridad y política criminal del Estado peruano resultan fácilmente desbordadas.

 


 

* Abogado, experto en políticas públicas sobre drogas y seguridad. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (www.ciddh.com) y expresidente ejecutivo de Devida (2011).

Véase los informes globales de UNODC (http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//noticias/2014/06/World_Drug_Report_2014_web_embargoed.pdf) y los informe hemisféricos Cicad-OEA (http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf) y nacionales (Observatorio Peruano de Drogas, http://www.opd.gob.pe).

2 Desde el impacto del virreinato y el monopolio comercial español, la organización administrativa de la nueva república desde 1821-1850 (consignaciones, guano, salitre) y la aparición de lo criollo hasta las denuncias de González Prada.

3  Por ejemplo, la ausencia de cultura de la legalidad en diversos estamentos de la sociedad peruana.

4 Véase http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/2/jer/esta_transparenciaoperativa/20140604-BolEstUIFAbril2014.pdf

5 Véase https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_65.pdf

6Véasehttp://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/el%20peru%20fracturado%20-%20francisco%20durand.pdf

7 Véase http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Victimizacion_Resumen_2011.pdf

8 http://www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/Alertamerica2012.pdf

9 En el colegio secundario de la localidad de Aucayacu, cuatro quintas partes de sus 120 alumnos lograron llegar a universidades de provincias en 2011 según información recogida por el autor durante un viaje.

10  Información procedente del consultorio jurídico del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos.

11  Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE y Fuerzas Armadas asentadas en zonas de emergencia.

12 El autor recogió testimonios en el distrito de Mala, donde campean la extorsión y el sicariato junto con seudosindicatos de construcción civil (mayo/junio de 2014).

13  Véase http://www.inpe.gob.pe/pdf/Diciembre2013.pdf

14 Lamentablemente, en el Perú se produce una serísima situación en la que pese a que no es motivo de detención, más del 55% de detenciones llevadas a cabo por la PNP son por actos de consumo, según información de la Dirandro (2013, ver:  http://www.opd.gob.pe/_mTree.asp?div=II).

Referencias Bibliográficas

Monge, Carlos (2013). “Continuidad y cambios en las varias políticas agrarias del presidente Ollanta Humala”. En Perú hoy. Susurros desde Babel. Lima: Desco.

Rementeria, Iban de (2011). “Que dan las drogas y que no da su represión”. Revista Quehacer, n.º 184, octubre diciembre.

Soberón, Ricardo (2012). “Política sobre drogas. Un intento de reforma”. Revista Quehacer, n.º 185, enero/marzo.

Scarpinato, Roberto (2007) “El Peligro de una Democracia Mafiosa”, En Mafia Mediática, Mafia Burguesa. Disponible en: http://encontrarte.aporrea.org/media/62/mafia.pdf

La reconversión de políticas sobre drogas en el VRAEM y en el Perú

Fecha: julio de 2014

Fuente: Revista Ideele

Por: Ricardo Soberón

Dos años y cuatro meses después, se ha producido el desenlace que podría significar el fin de un “secuestro” al que estuvieron sometidas las políticas de drogas en el país desde 1978, hasta hoy. La salida de la señora. Masías el 27 de mayo, es el corolario de un fracaso anunciado a nivel internacional: esta “guerra contra las drogas” no va más como lo dice el Informe de la OEA sobre el problema de las Drogas en el Hemisferio, o el estudio del London School of Economics. Es el caso de la erradicación compulsiva de cultivos anunciada el 2012 y 2013 como un logro, pero que no ha impedido que Perú siga siendo el primer productor mundial de pasta base de cocaína, por un hecho sencillo que escapa a la mente de los funcionarios limeños en DEVIDA: los cultivos de coca se mueven en el territorio de la selva alta llegando incluso a la Amazonía baja; éstos se fragmentan y los “narcos” buscan mayor productividad en la misma área de terreno (más plantas por hás, más alcaloide por hoja seca, ver cuadros). Por su parte, los grandes carteles internacionales dejan que las “firmas” peruanos se encarguen de poner la droga en punto de frontera o en alta mar sin necesidad de reproducir escenarios violentos como en América Central o México.

Mientras, las huestes de erradicadores del CORAH estacionadas en la base policial de Palmapampa, al mando del inefable Zarate Gambini y su contraparte en Lima en DEVIDA, impulsan irresponsablemente el re brote de un conflicto y una guerra contra los campesinos en el VRAEM. Finalmente, el gobierno decidió ponerse los pantalones, prender la lucecita y suspender acciones de erradicación compulsiva de cocales que además de ser ineficientes, pueden servir de combustible a las columnas de SL que intentan pasar nuevamente de Urubamba al VRAE, como lo atestigua el reciente abatimiento de tres subversivos. De hecho, éstos tenían la misión de “batir el campo” en el VRAEM, una vez se iniciara la erradicación compulsiva de las 16,00 hás ofrecidas por la Sra. Masías.

Ahora, el reto no es menor, para el nuevo jefe en DEVIDA, Alberto Otárola. Hay muchas reformas que requieren una alta dosis de voluntad política, por ejemplo, para atacar los cuellos de corrupción que aparentan colapsar nuestro sistema de control estatal, en lo que se refiere a los IQ, los impactos de la UIF, la PN en el aeropuerto, en el VRAEM y las fronteras. Lo cierto es que el nivel de corrupción cercana a organismos estratégicos así como los gobiernos regionales, asemejan los oscuros tiempos del montesinismo fujimorismo e incluso, parecen trascender los negocios relacionados al TID (oro, contrabando, recursos, dinero sucio). La presencia de grandes e innombrables promotores/delincuentes, que circulan en los entornos más conocidos de Lima nos indica el nivel de impunidad con la que la alta delincuencia vive el éxito extractivo. Para otros, “la plata llega sola” como refiere el caso de los “narco indultos”, en donde se pone en juego una política humanitaria de Estado, a cambio de dinero fácil.

Lo cierto es que la situación de la (in)seguridad en el Perú, se encuentra en un dilema pese al incremento de presos (70,000), cárceles y delitos: la PNP/MP, son incapaces de prevenir ni combatir el delito por volumen y falta de foco. La gente de la calle, atizada por cierta prensa amarillista, pide más “mano dura” como una supuesta defensa ante un múltiple ataque de bandas, extorsionadores, remanentes, traficantes. Esto, sin ponernos a pensar siquiera, qué hacemos nosotros en nuestra casa y comunidad para evitar este desmadre de (i) legalidad.

Del lado del Estado, la cosa no mejora y ese es el enorme reto de la propuesta de “reconversión productiva” propuesta para el VRAEM. En estos 22 años de crecimiento económico basado en el extractivismo ha pasado de todo: un Presidente preso, dos investigados y la gente en esa región sigue aguardando. Así, los funcionarios del Estado están más pensando en el presupuesto por resultados y pese a su mejor intención, no tienen como ofrecer dicha “mano dura” por falta de puntería, recursos, y el caos que reina en el sistema criminal, en su conjunto. Empecemos, pues una modesta transformación empezando por el VRAEM.

La política peruana sobre drogas en un entorno de cambios

Fecha: 31 de marzo de 2014

Por: Ricardo Soberón

rsoberonEn esta semana final de marzo del 2014, se han producido hechos importantes en el plano externo y el interno de las políticas de Drogas y Lucha contra el Narcotráfico. En el plano externo, una evaluación de las reuniones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (Viena, marzo); importantes declaraciones políticas de países latinoamericanos a favor del cambio y la reforma a distintos niveles. Se presentó el Informe de la JIFE que especifica en 60,400 has de coca en Perú, dentro de 133,000 en la región Andina[1]. El Gobierno peruano de Humala-Heredia, sigue siendo un firme contradictor al cambio, alienta más bien la línea de la represión indiscriminada, la erradicación forzosa y la desproporcionalidad en su política de drogas; pese a ser el principal productor de coca/PBC y teniendo un sistema muy variado de rutas de salida, como es el caso del trapecio Amazónico, el corredor boliviano y la ruta marítima del pacífico hacia América del Norte. Como buen militar, la  estrecha prioridad del Presidente Humala es vencer a SL en el VRAEM. Sin embargo, si como dicen Masías y miembros de la FFAA y Policía deciden finalmente erradicar 16,000 hás este año, los costos sociales y políticos serán muy grandes. No parece ser que el quinto gabinete de Cornejo realice cambios notorios.

En el campo internacional, el 25 de marzo la Comisión Interamericana de  DD.HH realizó en Washington una Audiencia Temática en la que intervino nuestro colega, Juan Manuel Torres, para describir los problemas generados en el caso peruano por este tipo de políticas. Respecto del otro tema, permitir participación en elaboración y organización del UNGASS 2016. Lamentablemente, todo parece indicar que la iniciativa guatemalteca será la de proponer un Concurso sobre Juventud (quid??). Aparte de no encontrar sentido ni relación con lo que significó la Declaración de Antigua. Por ejemplo:

Respecto del segundo, la caída del “clan familiar” aparte de la incautación de 620 kilos de cocaína de alta pureza como consecuencia de un trabajo de inteligencia eficaz. Pero, queremos resaltar dos asuntos que surgen de un primer análisis. Hoy en día, las regiones del Huallaga, la Selva Central y el VRAEM, están completamente articuladas a la producción de coca, PBC e incluso clorhidrato de cocaína, refinada antes de ser sacada del territorio peruano; entre  el 2012/2013 se habían detectado entre 36 y 46 pistas clandestinas en la zona de Pasco (Pichis Palcazú, colindante con VRAEM), que pese a ser destruidas, constituían una importante inversión para la población de la zona dependiente de la coca y el narcotráfico. El día 29 de marzo, las fuerzas combinadas tuvieron un tiroteo en Santa Rosa, VRAEM, donde dieron muerte a uno y detuvieron a dos sospechosos, en una avioneta de matrícula boliviana, con 300 kilos de droga.

Lo segundo, es que aun el mercado norteamericano de consumidores de cocaína, es un segmento importante de la demanda internacional de drogas, sobretodo porque consumen droga de alta pureza. Esto trae como primera consecuencia, la magnitud de lo que los propios funcionarios de ONDCP-USA dicen, respecto que ya no son un mercado importante de cocaína; no es verdad. El tamaño de la demanda norteamericana, tiene un impacto directo con el principio de responsabilidad compartida traducido en dinero invertido.

En el campo de la política doméstica, resaltar los impactos del informe de la Mega Comisión Tejada del Congreso de la República, respecto del caso “narco indultos” en el que se vincula al propio ex Presidente Alan García. Más de 5,000 beneficios otorgados durante su gobierno; 400 de ellos, para casos de TID agravado (art.297 CP), incluidas bandas completas; severos problemas de hacinamiento y el problema referido el sistema interamericano por  la detención preventiva[2], con una fuerte desproporción en las penas.  Esto tiene directas relaciones políticas futuras, como es el intento de incorporar las Cortes de Drogas.

El problema de la corrupción es mayúsculo y está generalizada (54% de población lo piensa como el principal problema), siendo el Congreso (55%), la Policía (53%) y el Poder Judicial (49%) los considerados más corruptos, mientras que en términos de desaprobación, de acuerdo a El Comercio Ipsos de febrero del 2014 (Revista Ideele 235).

El Ministro del Interior, refirió los resultados del “Plan Norte”, destinado a articular esfuerzos PNP en Piura, Tumbes, Chiclayo y La Libertad para combatir el crimen organizado: reducción de tasa de homicidios y robo agravado en un período corto de tiempo. En varias regiones como Puno, se encuentran diversas relaciones entre la economía ilegal de la minería del oro, el comercio ilegal de los insumos químicos y el tráfico de drogas.

Lamentablemente en el campo de la Salud Mental en el Perú, luego de la catástrofe de enero del 2012 en la que murieron hasta 46 pacientes encerrados en dos comunidades de tratamiento, el proceso de formalización de las comunidades terapéuticas existentes (se calcula unas 450 a nivel nacional), ha sido un completo fracaso. De acuerdo a cifras oficiales, solamente 4 se habrían formalizado. Desde el CIDDH sugerimos la urgente aplicación de medidas para lograr convocar y convencer a determinadas cc.tt.

Finalmente, en el campo del Desarrollo Alternativo, la situación no es buena, dependiendo de los escasos recursos que proporcionan los Programas Sociales del Gobierno (Beca 18, Juntos y otros), bajo criterios de promoción de capacidades, pasantías, gestión y el principio de asociatividad. En los últimos tiempos, la roya afectó a los productores cafetaleros de toda la selva. Lo cierto es que en paralelo al mantenimiento de una política económica abierta y disciplinada, el Perú se encuentra “hasta la coronilla” en materia del narcotráfico, que ha permeado todos los sectores productivos, políticos y sociales.

No obstante, el ejercicio de ciudadanía en la Selva Alta es muy pobre; la transparencia en la gestión municipal no son frecuentes y son muy pobres; el movimiento cocalero peruano está fragmentado por regiones, dificultándose la conformación de una plataforma actuante como la CONPACCP, pero se ha disfrazado para elecciones regionales (caso Malpartida para Gobierno Regional de Huánuco, y Palomino en el G.R. de Ayacucho, ambos líderes cocaleros).

 

[1] http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2013/Spanish/AR_2013_S.pdf

[2] http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/001.asp?utm_source=Open+Society+Foundations&utm_campaign=d315565b16-ptd-20140220&utm_medium=email&utm_term=0_d16374add2-d315565b16-49210901