La discapacidad mental es una cuestión de derechos humanos

Fecha: 28 de octubre de 2014

Fuente: Página 12

Fuente: Internet.

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Toda discapacidad mental o psicosocial produce una situación de vulnerabilidad personal, social y jurídica. En diversos lugares del mundo, la sociedad moderna estigmatiza, devalúa, discrimina, abandona, aparta y excluye a muchos sufrientes mentales cuya dignidad se ve seriamente afectada. Si además son pobres, no acceden a tratamiento ni a rehabilitación; cuando permanecen institucionalizados, pierden las relaciones familiares y sociales y suelen terminar asilados, fuera del sistema legal. La Constitución, de hecho, los excluye. La externación, en muchos casos –a veces luego de largos años de reclusión–, es resistida por la propia institución, por algunos profesionales de la salud –el paciente más seguro es el internado–, por sus propios allegados y vecinos. En síntesis, la misma sociedad genera su apartamiento.

La persona institucionalizada queda fuera del sistema legal. En las llamadas instituciones totales (Goffman) no regía –en muchos casos no rige hoy– la Constitución Nacional, rémora de la consabida doctrina conocida como “hands off doctrine” del derecho anglosajón que ha perdido vigencia y que nuestra Corte también rechazara (Dessy, 1995 y Romero Cacharane, 2004).

Ahora bien, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006) –que establece el modelo social de discapacidad– reconoce los principios de legalidad, inclusión, no discriminación y ciudadanía de estos padecientes mentales con la mira puesta en un acceso efectivo a sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la igualdad y no discriminación, a la dignidad, la vida, la salud, la libertad personal, la identidad, la imagen, la intimidad y los derechos sexuales y reproductivos, así como a la personalidad y la capacidad jurídica “en igualdad de condiciones con los demás y sin discriminación por motivos de discapacidad, lo que incluye no solamente la capacidad de tener derechos, sino de obrar”. Se propicia su aplicación práctica.

Además, el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre su vida y mantener su capacidad jurídica es una cuestión de derechos humanos (CDPD). El Código Civil de nuestro país, que dejará de regir desde 2016, al establecer el modelo de la incapacidad total y la sustitución de la voluntad por un curador, era arcaico y necesitaba ser actualizado.

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Criminalizar a los jóvenes en nombre de la seguridad ciudadana… ¿Una buena jugada?

Fecha: 29 de octubre de 2014

Por: Jerome Mangelinckx

jmangelinckx

A principios de octubre, se promulgó la polémica Ley 30250, la cual incluye ahora a niños, niñas y adolescentes en condición de retenidos a nivel policial, fiscal y judicial en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE). El RENADESPPLE es un organismo del Ministerio Público encargado de administrar un banco de datos actualizado donde figuran todos los detenidos en el territorio peruano, si se encuentran en delegaciones policiales, carceletas, penales o cuarteles de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tomemos en cuenta que una detención no siempre conlleva a la apertura de un proceso judicial y toda persona se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. Es necesario entonces ser muy prudente y no caer en la estigmatización que acecha a aquellas personas, sobre todo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que, alguna vez, fueron detenidos y luego puestos en libertad.

La nueva Ley modifica la Ley 26295, la cual excluía de dicho registro a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley. Y, según los impulsores de esta nueva Ley, su objetivo es recolectar información sobre aquellos niños, niñas y adolescentes detenidos a fin de poder generar políticas públicas de protección y acciones de prevención del delito, sobre todo los delitos graves como el sicariato. A este respecto, una primera pregunta importante por contestar es ¿esta Ley se convertirá efectivamente en una herramienta eficaz de prevención del delito? ¿O simplemente empeorará la situación de estigmatización y exclusión social de estos niños, niñas y adolescentes al considerarlos delincuentes rankeados al igual que los adultos en nombre de la lucha contra la inseguridad ciudadana? Es preciso recordar aquí el artículo 4 de la Constitución Política del Perú que protege al niño y al adolescente en situación de abandono. El resguardo de la identidad del niño, niña o adolescente es necesario ya que desvelar su identidad puede afectar su vida y su desarrollo futuro.

Otra pregunta importante es si no se estarían duplicando esfuerzos cuando el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes[1] ya establece el Registro del Adolescente Infractor a cargo de la Corte Superior y en el cual se registran, con carácter confidencial, el nombre del adolescente infractor, de sus padres o responsables; el nombre del agraviado; el acto de infracción y la fecha de su comisión; así como las medidas socio-educativas impuestas, entre otras cosas.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño[2], los Estados deberán establecer un régimen jurídico y mecanismos específicos para la investigación y sanción de los delitos cometidos por los adolescentes. Y, en el presente caso, garantiza en todo momento el derecho a la intimidad del adolescente y prohíbe la difusión de cualquier información que permita identificar a un adolescente acusado de cometer un delito. Por otro lado, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (“Reglas de Beijing”)[3], refuerza la protección de la intimidad de los menores ya que son particularmente vulnerables a la difamación pudiéndose individualizar de forma permanente a los jóvenes como “delincuentes” o “criminales”. Asimismo, las Reglas de Beijing hacen hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos de la publicación de informaciones acerca del caso en medios de comunicación (por ejemplo, en el caso de la presunción de inocencia y estigmatización de aquellas personas detenidas). Recordemos que ambos instrumentos internacionales son vinculantes para el Perú.

A nivel nacional, el Artículo 190 del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes establece que “son confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos a proceso. En todo momento debe respetarse el derecho a la imagen e identidad del adolescente. El procedimiento judicial a los adolescentes infractores es reservado. Asimismo, la información brindada como estadística no debe contravenir el Principio de Confidencialidad ni el derecho a la privacidad.”

Por otro lado, se han elaborado dos instrumentos que acatan estas normas nacionales e internacionales. El primero es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021[4], el cual establece que debe primar en la atención que se les brinde a los jóvenes en conflicto con la Ley, el “interés superior del niño” antes que la estigmatización de su conducta. Así, busca impulsar un trabajo articulado intersectorial de “prevención respecto a las conductas peligrosas en los adolescentes, trabajando tanto con las familias, la escuela, así como con la comunidad. políticas represivas no van a lograr un resultado acorde a los postulados de la Código de los Niños y Adolescentes sino que por el contrario se trata de actuar tanto en el plano preventivo como de contar con los servicios adecuados para la rehabilitación y reinserción en la sociedad del adolescente”. En este contexto como en cualquier otro es importante entender que los adolescentes se encuentran en una etapa de formación y, por lo tanto, su responsabilidad es especial y deben recibir una medida de carácter socio-educativo (como la justicia juvenil restaurativa) en vez de una pena como consecuencia de su responsabilidad penal. No se trata aquí de impunidad sino más bien de proteger a aquellas personas en situaciones de alta vulnerabilidad.

El segundo instrumento es el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (2013 – 2018)[5], el cual, en su objetivo 10, busca fomentar el desarrollo y la aplicación de una “cultura que consolide a la justicia como valor social en la vida cotidiana, a efectos de mejorar la convivencia. Esta iniciativa comprende un paradigma de resolución de conflictos distinto al modelo represivo, además de la promoción del respecto a las normas en cualquier ámbito de interacción.” Esta cultura de justicia busca, entre otras cosas, garantizar la confidencialidad de la identidad e integridad del adolescente en conflicto con la ley penal, de la víctima y el denunciante.

En definitiva, esta nueva norma, como muchas otras, responde a un deseo de luchar contra la inseguridad ciudadana. Estas normas tienen un carácter punitivo y finalmente poco tienen que ver con la prevención. La seguridad y la prevención se construyen desde y con la comunidad, en particular aquellas en situación de exclusión social, a fin de garantizar las mismas oportunidades y derechos para todas las personas. Asimismo, podría agravar la situación de vulnerabilidad de muchos niños, niñas y adolescentes que no disfrutan de las oportunidades ni las condiciones para integrarse plenamente en la sociedad.

[1] http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Lectura_3_Nuevo_codigo_de_los_ni%C3%B1os_y_adolescentes.pdf

[2] http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/conven_dere_nino.pdf

[3] http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/Regla_Beijing.pdf

[4] http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf

[5] http://sistemas3.minjus.gob.pe/sites/default/files/documentos/portada/PLAN-NACIONAL-PREVENCION.PDF

ONU destaca política contra el lavado de activos de Colombia

Fecha: 29 de octubre de 2014

Fuente: El Espectador

La entidad resalta que 50.000 propiedades han sido objeto de extinción de dominio.

Fuente: El Espectador.

Fuente: El Espectador.

El representante de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito, Bo Mathiasen, destacó la política contra el lavado de activos que desarrolla el gobierno colombiano. Reseñó que se han descubierto 500 casos por el delito de lavado de activos y se han extraditado 120 personas. Añadió que  a 50.000 propiedades se les ha aplicado la extinción de dominio, en los últimos cinco años.

Mathiasen indicó que “el gobierno colombiano ha hecho muchas cosas durante los últimos años para combatir este tipo de delito”. El repreaentante de la ONU destacó que Colombia es el país que más hace contra el lavado de activos de todos los países de América Latina. Es el que más casos presenta en materia de investigación, de judicialización y extinción de dominio y es el país que más hace en materia de investigación y prevención contra este delito.

En las últimas dos décadas los resultados del país en la lucha contra el narcotráfico es destacado, pero todavía es un desafío para la sociedad colombiana, pero el problema es menor comparado con los hechos de los últimos 10 años. Recomendó al gobierno seguir fortaleciendo las instituciones que luchan contra este flagelo y la coordinación entre los organismos estatales y privadas. El pronunciamiento fue hecho en la conmemoración del día de la prevención de lavado de activos, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Hay 159 adolescentes internos por homicidio en el Perú

Fecha: 29 de octubre de 2014

Fuente: El Comercio

Sesenta y siete están en ‘Maranguita’. Presidente del PJ está a favor de reducir a 16 años imputabilidad penal para menores

Un total de 159 adolescentes se encuentran internos en centros de rehabilitación del Perú por haber cometido el delito de homicidio, informó el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza. Según dijo, de ese total, 67 se encuentran internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima ‘Maranguita’.

Mendoza Ramírez dio cuenta de esa cifra durante su presentación de hoy ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. Ante los parlamentarios de ese grupo de trabajo, el titular del Poder Judicial se expresó a favor de una modificatoria legal que permita reducir de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal.

“A un menor de 15 años que haya matado por encargo no se le puede aplicar más de 6 años de internamiento. O sea, este sicario, a los 21 años, está en la calle, y no porque esté resocializado, sino por el límite de la sanción. Esto debe cambiarse para preservar la seguridad ciudadana y es el Congreso quien debe modificar las normas”, manifestó. Otra medida planteada por Mendoza es que los menores que hayan cometido delitos cumplan con la sanción de internamiento en un centro juvenil no por 6 años como máximo, sino hasta haber sido realmente rehabilitados.

Cabe recordar que en el 2012, la bancada de Concertación Parlamentaria propuso reducir de 18 a 16 años la edad de los adolescentes que sean autores de delitos graves, como homicidio, secuestro y hurto. En esa línea, se planteó modificar el Código Penal para que los jóvenes de 16 años en adelante puedan afrontar las consecuencias penales de los delitos que cometan, y no se espere a que cumplan la mayoría de edad.

Según el artículo 20 del Código Penal, los menores de 18 años están eximidos de responsabilidad penal.

Colombia: Defensoría no cree en disminución de hacinamiento carcelario reportado por Inpec

Fecha: 29 de octubre de 2014

Fuente: El Espectador

La supuesta contracción del 9.5%, según la Defensoría, obedece a las consecuencias de la operación reglamento y a cupos en establecimientos no habilitados para el albergue de reclusos.

Tras el reciente pronunciamiento del Inpec respecto a una significativa reducción en las cifras de hacinamiento carcelario, la Defensoría del Pueblo expresó reparos a ese diagnóstico, pues a juicio de la entidad desconoce la influencia de situaciones como la operación reglamento que desde hace más de 2 meses adelantan los miembros de la guardia en al menos 23 establecimientos del país, donde se alberga a un tercio de la población reclusa, es decir entre 50 y 60 mil personas.

Según el Inpec, la disminución del 9.5% obedece a que los jueces aplicaron la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, otorgando beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria y suspensión de la pena a 18.732 internos, lo cual permitió la creación de 489 cupos.

Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo existen situaciones coyunturales que tienen alta incidencia en estos resultados, y que son completamente ajenas a las medidas judiciales que atribuye el Instituto, pues sólo en el caso de la operación reglamento es evidente que la parálisis no ha permitido la entrada de nuevos reclusos a las penitenciarías, generando enorme congestión en las URI y en las estaciones de Policía. Así sucede, por ejemplo, en Mártires (centro de Bogotá), donde el pasado lunes la Defensoría tuvo que intervenir para mitigar los efectos de una protesta por las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad, en un sitio donde la capacidad es para 40 pero alberga a 112 individuos.

Dice el Inpec que el hacinamiento de 49 por ciento registrado hoy, con base en la disminución que alude ese organismo, tiene que ver con el aumento en los cupos carcelarios, factor que a criterio de la Defensoría genera serias dudas, pues por una parte se ha relacionado la apertura de nuevos cupos con plazas correspondientes a establecimientos no habilitados para albergar nuevos reclusos, como sucede en Guaduas y Facatativá; y por otro lado, la Defensoría ha evidenciado cómo espacios diseñados para el esparcimiento, la reflexión y la capacitación de los internos son convertidos en celdas, sin las condiciones de infraestructura en materia de servicios públicos ni habitación digna. Es el caso de la cárcel de Riohacha, donde el altar de lo que iba a ser una pequeña capilla se volvió dormitorio.

Para la Defensoría es claro que si se tiene en cuenta la cantidad de personas recluidas en los centros de detención transitoria (URIS y estaciones de Policía), la cifra de hacinamiento se ubicaría en el 53 por ciento, es decir cuatro puntos por encima del que reporta el Inpec a costa del sufrimiento de cientos de ciudadanos, que independientemente de su situación judicial, ven vulnerados sus derechos cada día.

Cabe recordar que desde el 11 de septiembre, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, advirtió que bajo ningún pretexto la operación reglamento podía traducirse en perjuicio de los derechos fundamentales de la población carcelaria, pronunciamiento que ha sido reiterado por la Defensoría el 15 y 27 de octubre en alusión a los graves efectos de la protesta que ya cobija a 12 departamentos del territorio nacional, sin que el Gobierno ni el propio Inpec hayan tomado las medidas para superar una situación, que sumada al paro de la rama judicial (frente al cual tampoco se ha encontrado una salida), pone en jaque el funcionamiento del sistema con un costo altísimo para los derechos humanos.