USA: Empresa de venta marihuana recauda 10 millones de dólares en Silicon Valley

Fuente: El Diario

Fecha: 14 de abril del 2015

Fuente: El Deber

Fuente: El Deber

La empresa Eaze Solutions, que ha desarrollado una aplicación móvil para la venta de marihuana medicinal, anunció hoy que recaudó 10 millones de dólares en Silicon Valley para ampliar sus operaciones.”La nueva financiación nos permite expandirnos rápidamente, con el desarrollo adicional de nuestra tecnología, nuevas alianzas con dispensarios (de marihuana) y la ampliación de nuestro equipo”, afirmó la empresa en un comunicado.

Eaze Solutions indicó que planea realizar 50 nuevas contrataciones con la nueva inyección de fondos.La empresa con sede en San Francisco, a la que se conoce informalmente como el “Uber de la marihuana”, desarrolló una aplicación móvil que los dispensarios de marihuana utilizan para recibir pedidos y organizar entregas.La nueva inyección de fondos se suma al millón y medio de dólares que recibió el año pasado de 40 inversores de Silicon Valley.

Eaze asegura que desde su lanzamiento el año pasado ha facilitado alrededor de 30.000 entregas de marihuana medicinal.La compañía realizó inicialmente alianzas con dispensarios de marihuana en San Francisco y asegura tener ya presencia en 35 ciudades.”La tecnología de Eaze permite la verificación de los pacientes en cuestión de segundos y realizar entregas en unos 15 minutos”, aseguró la empresa en su comunicado.

Según las estimaciones de la industria, el mercado de venta legal de marihuana alcanzó los 2.700 millones de dólares en EE.UU. el año pasado gracias a la legalización del consumo de cannabis con fines recreativos en los estados de Colorado y Washington.

CIDDH: ENTREVISTA CON LA DOCTORA CATALINA PÉREZ CORREA

Fuente: CIDDH

Fecha: 15 de abril del 2015

Entrevista
6 de abril, 2015

Con el apoyo de Editorial Fontamara dialogamos con la Dra. Catalina
Pérez Correa sobre el libro “Consumo, consumidores de drogas y las
respuestas estatales en América Latina” obra donde participan los
integrantes de El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) un
equipo multinacional de investigadores con el propósito de analizar el
impacto en materia de drogas controladas.

Ver entrevista aquí

COLOMBIA: La receta de Santos contra la crisis carcelaria

Fuente:El Espectador

Fecha: 14 de abril del 2015

Aunque el Ejecutivo ha hablado de un plan de choque desde 2012, las medidas de mayor impacto comenzarán este año.

Desde 2012, cuando Ruth Stella Correa fungía como ministra de Justicia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha venido anunciando un paquete de medidas para solucionar la crisis carcelaria. Parece que ese plan, por fin, toma forma. Son cinco medidas puntuales que ya están en marcha: un sistema de salud para los centros penitenciarios, la entrega de 12.000 cupos carcelarios, la construcción de cárceles mediante la asociación con el sector privado, la creación de una agencia de empleo para los reclusos que trabajen o estudien durante el cumplimiento intramuros de su pena y medidas, consensuadas con el Congreso, contra el “populismo punitivo”.

Han pasado más de dos años desde que el Ejecutivo anunció que llevaría al Congreso un proyecto para crear un sistema de salud exclusivo para las cárceles. Hoy está a punto de hacerse realidad, pero no a través de un proyecto, sino de un decreto del Minjusticia que ya está en la Casa de Nariño y al que solo le hace falta la firma del presidente. El Espectador conoció el articulado en el que se reglamenta la forma en que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberá hacer un estudio de la situación de salud de los presos, encontrar los factores de crisis y diseñar un modelo de atención que será coordinado con el Minsalud y el Inpec. Una vez elabore ese plan, la Unidad deberá, a través de una fiducia, contratar las entidades prestadoras del servicio intramuros y extramuros, que servirá, generalmente, a las personas con detención domiciliaria. Eso sí, aclara que el Modelo de Atención en Salud “se implementará de forma gradual”, para lo cual los ministerios y la Uspec definirán un cronograma cuya implementación no podrá exceder de un año, contado a partir de la expedición del decreto.

La nueva norma, de hacerse oficial, exigirá la implementación de modelos específicos de atención para mujeres, menores de tres años (caso de los hijos de las mujeres privadas de la libertad), adultos mayores, población con afecciones especiales como el VIH, población con patologías mentales y personas consumidoras de sustancias psicoactivas. También, dice que “cuando una persona deje de ser sujeto de custodia y vigilancia por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el municipio en donde dicha población esté domiciliada deberá revisar su clasificación en el Sisbén” y realizar su inscripción si es que clasifica. Por otro lado, el Ministerio de Justicia está haciendo sumas y restas para reducir el hacinamiento con un presupuesto limitado. Hoy, según cifras oficiales, hay cerca de 112 mil reclusos y la capacidad carcelaria es de 78 mil. Incluso, de acuerdo con el sindicato mayoritario del Inpec, el hacinamiento asciende al 53%. En ese sentido, el ministro Yesid Reyes se puso la meta de tener, en 2018, 12 mil cupos nuevos, que se conseguirán mediante la construcción de nuevas cárceles y modernización de algunas ya existentes. No obstante, Reyes es consciente de que no bastará y por eso, desde su despacho, el Gobierno valora la construcción de dos centros mediante asociaciones público privadas (APP). La iniciativa plantea retos como determinar cuál sería el papel del Estado, específicamente del Inpec, en estos complejos. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, desde la década de 1980, empresas privadas son subcontratadas para construir, administrar y vigilar cárceles. En el Gobierno también saben que de poco sirve la garantía de derechos fundamentales y la ampliación de cupos carcelarios si no se trabaja en fortalecer el carácter resocializador de los centros de reclusión. En ese sentido, el Minjusticia, en diálogo con la población carcelaria y los sindicatos del Inpec estudia la destinación de un presupuesto a la ampliación de oportunidades educativas y laborales para las personas privadas de la libertad.

El primer paso de esa política es la inminente creación de una agencia de empleo denominada “la casa del pospenado”, donde puedan aplicar lo aprendido durante su período de reclusión. En otro escenario, el del Congreso, los ministerios de Justicia e Interior tienen la orden de mover a las mayorías de la Unidad Nacional para que en junio quede aprobado el proyecto de ley, que ya pasó el primer debate, con el que se pretende regular la medida de aseguramiento preventiva. Según cifras del Minjusticia, los detenidos preventivamente son cerca del 30% de los reclusos y existen casos de personas enclaustradas que llevan nueve años esperando un juicio. La idea es que esta medida sea la última que conceda un juez en el momento de la imputación de cargos y que antes disponga otras precautelativas, como el bloqueo del pasaporte o la presentación periódica ante un juez, por mencionar algunas de las once que contempla el Código de Procedimiento Penal.

Esta es la primera puntada que dará el Gobierno para seguir las recomendaciones del Consejo Superior de Política Criminal, que ha dicho que, en buena medida, la sobrepoblación carcelaria obedece a una suerte de populismo judicial que ha llevado a los parlamentarios a asumir que el aumento de penas y la creación de nuevas conductas punibles reduce la criminalidad y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, así como a los jueces a considerar que la cárcel es la única forma de mostrar efectividad en la justicia.

CHILE: Comisión de Salud aprueba proyecto que despenaliza autocultivo de marihuana

Fuente: 24 Horas

Fecha: 6 de abril del 2015

El proyecto ahora pasará a la Cámara baja para su discusión, donde los parlamentarios podrán realizar las modificaciones que estimen pertinentes

Fuente: El Deber

Fuente: El Deber

Este lunes, la Comisión de Salud de la Cámara de diputados aprobó el proyecto que permite el autocultivo de marihuana para fines medicinales y recreativos.La iniciativa legal, modifica algunos aspectos de la ley 20.000 de drogas, lo que contempla la posibilidad de cultivar hasta 6 plantas por metro cuadrado, consumo privado para uso recreativo, y un porte máximo de marihuana de hasta 10 gramos por persona.

Según consigna La Tercera, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado socialista Juan Luis Castro, explicó que aún existe una serie de trámites que seguir, pero criticó “la ausencia sistemática del Ejecutivo”, pues a su juicio, es un factor que ha retrasado la tramitación más expedita del proyecto.

Asimismo, Castro recalcó que “nunca se podrá fumar marihuana en la vía pública, en lugares públicos abiertos o en lugares públicos dentro de un recinto privado”, por lo que hizo hincapié en que la “delgada línea entre lo público y lo privado” está cautelada en el proyecto.

El siguiente paso es que el proyecto aprobado pase a la Sala de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios podrán hacer las modificaciones que estimen pertinentes. En caso de ser aprobado, llegará hasta la Cámara Alta para su discusión.

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COLOMBIA: ¿Llegó la hora de acabar el Inpec?

Fuente: La Semana

Fecha: 6 de abril del 2015

La fuga de alias el Desalmado, el asesino de cuatro niños es apenas un síntoma de la corrupción y la inviabilidad de las cárceles en Colombia.

Los guardianes del Inpec dicen que frente a la creciente población carcelaria, son pocos y no tienen las condiciones para hacer bien su trabajo.

Fuente: La Semana

dLa fuga de Cristofer Chávez, alias el Desalmado, de la cárcel Las Heliconias de Florencia, volvió a abrir el debate sobre la desastrosa situación en las cárceles del país, y de la inoperancia del Inpec.

Chávez salió de su celda a las tres de la mañana del domingo 30 de marzo. En medio de la penumbra pasó por el área administrativa, se arrastró por un patio y después tuvo tiempo para cortar dos mallas de seguridad con un cortafrío que tenía en su poder, y así salir a un potrero y darse a la fuga sin que ningún guardia se percatara. Se trataba del mismo hombre que confesó haber asesinado a mansalva a cuatro menores de una misma familia en febrero pasado en Florencia, crimen que estremeció al país. El hecho fue tan vergonzoso, que el director del Inpec, general  Jorge Luis Ramírez, dijo que no se explicaba tantas fallas en un mismo hecho, lo que apunta a que el Desalmado se fugó con la complicidad de guardianes del centro carcelario. Y no fue el único caso.

Días antes otro preso, el exsoldado Jorge Elías Álvarez –quien estaba a punto de cumplir una pena de 22 años por homicidio– se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí aprovechando que estaba en una zona de poca vigilancia. Álvarez se fue hasta Caldas (Antioquia) donde asesinó a su exsuegra y después a su hija, a quien descuartizó. Posteriormente regresó a la cárcel. Según un fiscal que investigó el caso, el Inpec no supo dar cuenta si para el momento de los crímenes Álvarez estaba o no en los predios del penal. El doble asesinato, que conmocionó a los paisas, se pudo esclarecer gracias a indicios recaudados por la Fiscalía que llevaron finalmente al detenido a aceptar los cargos.

Estos dos aberrantes casos, unidos a la alta corrupción y permisividad de los guardias, que han hecho que las cárceles estén más en manos de todo tipo de bandas y delincuentes que del Estado, llevaron al vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, a proponer que la Policía asuma la seguridad de los penales del país y se retire a los guardias del Inpec, que según varios expertos se han convertido en un peligroso cáncer del sistema penitenciario. Sin embargo, las opiniones están divididas.

Para Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, la situación es tan dramática que no solo con remover al Inpec se solucionaría el problema. Por eso pidió de nuevo al gobierno, tal y como lo ha hecho desde hace dos años, que declare el estado de emergencia social. El hacinamiento, la falta de cárceles, la ausencia de un buen sistema de salud, el tráfico de armas y drogas o el pago por todo tipo de beneficios a caciques y guardas así lo ameritan.

Según la Defensoría, en el país hay 120.000 personas detenidas en cárceles que solo tienen capacidad para 77.000 cupos. Hay casos extremos como la penitenciaria de Riohacha, en La Guajira, que con una capacidad para cien internos tiene 587. Pese a que desde 2003 la población carcelaria prácticamente se dobló, los guardias pasaron de 9.000 a 12.000 en los últimos diez años. Si se tiene en cuenta que el personal del Inpec trabaja en turnos de 24 horas, podría decirse que 120.000 presos están siendo vigilados por apenas 6.000 funcionarios, en cárceles que en su mayoría no tienen condiciones modernas de seguridad. La verdad es que muchos no se fugan porque no quieren más problemas con la Justicia.

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