Las duras cifras del sistema penitenciario en el Perú

Fecha: 17 de octubre de 2014

Fuente: CIDDH

Como ha ocurrido con otros gobiernos, la gestión de Humala no ha sido capaz de escapar del síndrome de la mano dura para enfrentar la presión mediática sobre la inseguridad, pese a que la evidencia científica indica que este problema debe ser sometido al escrutinio de los datos científicos y demostrables. Por ejemplo, el Perú se encuentra en el tercio inferior respecto de la tasa de homicidios de América Latina (informe CAF) y, además, de acuerdo a IDL, la preocupación de la inseguridad es la del pequeño robo (al paso), más no por el crimen organizado.

Existen analistas, medios y hasta congresistas que buscan alarmar con el asunto de la mexicanización de nuestro país, y el Ejecutivo ha buscado responder a esta situación con más leyes, más penas y más tipificaciones de delitos. El caso más evidente de las contradicciones políticas de este gobierno es la Ley 30077, la misma que supuestamente combatirá el crimen organizado en alrededor de 21 delitos graves señalados por esta ley. Al final de su texto señala que los operadores (PNP, MPFN) tienen que sacar plata de su misma billetera para hacerla efectiva. No hay ningún aumento para su implementación. Ese es el gran dilema del gobierno peruano. A continuación, la crítica situación del sistema carcelario (Fuente: INPE).

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

Fuente: INPE.

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Fuente: INPE.

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Colombia: “¿Aló, aló? ¡Te hablo desde la prisión!”

Fecha: 16 de octubre de 2014

Fuente: Semana

Semana.com ingresó a la cárcel La Picota y comprobó que 33 equipos de bloqueo de celulares, no funcionan.

Desde hace mucho tiempo no funcionan los 33 equipos instalados con los que el Inpec pretendía bloquear la señal de los teléfonos móviles. Foto: Archivo SEMANA. Fuente: Semana.

Desde hace mucho tiempo no funcionan los 33 equipos instalados con los que el Inpec pretendía bloquear la señal de los teléfonos móviles. Foto: Archivo SEMANA. Fuente: Semana.

Hace poco menos de un mes, un grupo del Gaula de la Policía llegó junto con otro grupo especial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hasta la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. No iban por un asunto menor. Fueron directamente al viejo pabellón 11 y entraron a una celda de la que  sacaron dos teléfonos iPhone y siete sim card. Luego del operativo no dieron mayores explicaciones y se marcharon de inmediato. Lo que cuentan algunos guardias es que lograron dar con una organización de presos que, desde su celda, realizaban extorsiones. Días atrás, otro grupo de investigación entró al patio 7 y desmanteló otro combo que se dedicaba a lo mismo.

Más allá de los controles que periódicamente hacen las autoridades para desarticular en las propias cárceles bandas dedicadas a la extorsión, lo evidente es que allí, en La Picota, ocurre un fenómeno recurrente que no ha podido ser controlado: el uso de equipos celulares. ¿Por qué? Desde hace mucho tiempo no funcionan los 33 equipos instalados con los que el Inpec pretendía bloquear la señal de los teléfonos móviles. Atrás quedó el recuerdo de los pronunciamientos del entonces director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, y del presidente Juan Manuel Santos, quienes en junio del 2012 anunciaron la puesta en marcha del plan contra la extorsión con la instalación de estos equipos.

“Esta medida no es un capricho del Gobierno, es una necesidad porque estos bandidos fácilmente, con una lista en mano, se dedican a extorsionar a los ciudadanos y a generar esa zozobra”, destacó en ese momento el jefe de Estado. Hace unos días, periodistas de Semana.com hicieron un recorrido por la cárcel. Allí realizaron llamadas al exterior y dentro del penal: los bloqueadores no hicieron efecto. Funcionarios de la cárcel confirmaron el asunto y aseguraron que desde hace mucho tiempo los equipos no sirven. Anotaron, además, que ante la falta de personal –170 guardianes por turno para cerca de 7.500 presos–, es imposible controlar el ingreso y la utilización de celulares. “Aun así hacemos las denominadas batidas, pero decomisamos 10 y aparecen 20 celulares en un pabellón”.

Esto, sin duda, va ligado a la corrupción carcelaria. Esta permite que, por unos pesos, los familiares de los internos logren ingresar equipos que funcionan a la perfección en el penal. Hace pocos días, la revista SEMANA reveló un video grabado por un recluso con un celular de última tecnología, de una parranda vallenata en un patio de alta seguridad. Funcionarios de la institución que pidieron no revelar sus identidades recuerdan que en el 2012, cuando arreciaban los grupos de presos que cometían extorsiones, el Inpec firmó un contrato de 2.058 millones con una empresa que importó los equipos desde Israel. Se trataba de darles cumplimiento a tres planes denominados Cerrojo, Orión e Institucional, que servirían para instalar decenas de equipos en diez de los penales considerados como los más difíciles del país.

En otros penales el asunto funcionó, pero en La Picota no. Por eso el Inpec, que había pagado sólo el 30 % del contrato, decidió suspender la ejecución del mismo, pues los equipos no funcionaban al 100 % de su capacidad. En diciembre pasado se hizo un acuerdo con la empresa y mediante un acta de liquidación, la empresa se comprometió a cumplir lo pactado. Pero nada ha pasado hasta ahora. “En este momento los equipos se encuentran apagados. Nosotros no podemos manipularlos y esperamos a que el contratista cumpla su compromiso. Menos mal que el 70 % de los recursos no se entregó, pero lo cierto es que faltó experiencia en el Inpec para realizar este contrato”, dijo un funcionario.

Otro empleado de alto nivel de la entidad puso el retrovisor y dijo a Semana.com que “ese contrato fue hecho a la carrera y con mucha improvisación”. Un reconocido guardia del La Picota, interesado en que cambien las cosas que allí no funcionan, aseguró: “Aquí se encuentran celulares por todo lado. Hasta nosotros, que no debemos, usamos celulares adentro y hacemos llamadas”, dijo. Para demostrarlo hizo una llamada cerca del ERON, aquel búnker donde se encuentran detenidos decenas de extraditables. En fin, es un problema serio que no se ha podido superar y que deja mal parados al presidente y al entonces director del Inpec, quienes les dijeron a los colombianos que desde La Picota se acababan las llamadas.

Bolivia: “La coca que se siembra y que ingresa a Ichilo es para el narcotráfico”

Fecha: 17 de octubre de 2014

Fuente: El Deber

La autoridad revela que pese a los esfuerzos de la Fuerza Antidrogas es difícil combatir el narcotráfico en Ichilo, provincia en la que se han detectado cultivos ilegales de coca, desvío de combustible y fábricas de cocaína.

El hombre que desde enero de 2006 es responsable del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas nos recibe en un cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) situado en el límite entre Santa Fe y San Juan, provincia Ichilo. Después de un par de semanas de intercambio de correos, llamadas telefónicas, mensajes de texto con sus asistentes, por fin se materializa la entrevista. Pese a su apretada agenda, por 45 minutos, se olvida del reloj y habla de la batalla diaria que su viceministerio entabla contra el narco en la provincia Ichilo, donde dice que los operativos son permanentes para desmantelar fábricas de cocaína, contrarrestar precursores químicos y hoja de coca y erradicar cocales ilegales.

En la provincia Ichilo hay cultivos ilegales de coca, incluso en áreas protegidas, como es el caso del Amboró ¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto?

Por supuesto que sí, hay cultivos ilegales en la provincia Ichilo. Ahí no tendría que haber ni una planta de coca, pero la gente que emigra del interior del país, con el pretexto de no tener fuentes de trabajo o ser pobre ingresa al parque Amboró o a otras reservas forestales y lo único que hace es chaquear, desmontar y cultivar coca. Lo peor es que esta hoja de coca tiene como destino único alimentar la actividad del narcotráfico. Frente a esta situación, el Gobierno, en el marco del cumplimiento de la agenda de lucha contra el narcotráfico gestión 2011-2015, tiene un campamento en Ichoa, provincia Ichilo, con 70 efectivos (destinados) a la erradicación forzosa de cocales.

Los ríos caudalosos y la falta de caminos son una ventaja para los narcos

En la noche la actividad del narcotráfico se intensifica, en estas zonas no hay caminos, entonces utilizan canoas y botes (en los ríos). Ahí hemos hallado precursores químicos, ácido sulfúrico, cal, acetona y gasolina, elementales para la elaboración de la cocaína. Para contrarrestar esto, el Estado ejecuta operativos. En la provincia Ichilo no solo se han encontrado fábricas grandes de elaboración de cocaína, sino también laboratorios de refinación.

¿Por qué en los operativos son pocos los narcos capturados? ¿Cuentan con la ayuda de los pobladores?

No se puede satanizar a un pueblo, como es el caso de Yapacaní, pero sí hay gente inmiscuida en la actividad del narcotráfico; son unos cuantos. Yapacaní es un pueblo digno, es una zona altamente productiva. Respecto a qué pasa con los ‘peces gordos’, lastimosamente los grandes narcotraficantes no están inmiscuidos en el tráfico, ellos ponen capital y el apoyo logístico, desde vehículo hasta medios de comunicación sofisticados. Están, me imagino, gozando de esa plata en el extranjero. Los que caen son los de abajo, es por eso que gracias a Dios ahora en Bolivia se descartan cárteles. Peces gordos no hay. La actividad del narcotráfico en el territorio nacional está en un nivel de clanes familiares.

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Perú: Unodc: partidos deben tener mayor presencia en zonas como el Vraem

Fecha: 27 de octubre de 2014

Fuente: Andina

Fuente: Inforregión.

Fuente: Inforregión.

Tras los resultados de las últimas elecciones se requiere mayor presencia de los partidos en zonas como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para acompañar la lucha contra el narcotráfico, sostuvo el asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Federico Tong. Según dijo, es responsabilidad de los partidos asumir de forma autocrítica los resultados esquivos conseguidos a fin de mejorar su performance, promover un mayor control del financiamiento y procurar una renovación de cuadros.

Refirió, por ejemplo, que en los comicios pasados el espacio para candidatos jóvenes en el Vraem fue reducido, pues figuraban en el puesto cuarto o quinto de listas de cinco personas para regidores, lo que complicó su elección. Tong mencionó también que en los 106 distritos con cultivos de hoja de coca y 49 del Vraem la presencia de las organizaciones políticas de carácter nacional fue mínima en  el proceso electoral del 5 de octubre.

“Se requiere una mayor presencia de los partidos porque no hay posibilidad de control”, manifestó en radio Nacional. El representante de la Unodc se mostró a favor de que las agrupaciones políticas aborden, a su vez, el paquete de reformas políticas y que estas sean vistas en el  Acuerdo Nacional. Según analistas políticos, en los pasados comicios regionales y municipales los grandes perdedores fueron los partidos políticos frente a la presencia de los movimientos regionales o locales.

Perú: Juez liberó al clan “Los Remi”, vendedores de droga

Fecha: 17 de octubre de 2014

Fuente: La República

Chiclayo. El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Wilson Medina Medina, ordenó sorpresivamente la libertad de los siete integrantes del clan dedicado a la venta y distribución de drogas en Chiclayo, “Los Remi”. Esta banda criminal que fue investigada por agentes de la DEA por el lapso de un mes, tiempo en el que acopiaron pruebas del ilícito que cometían, fue puesta en libertad en la misma sede del Poder Judicial, lo que provocó el malestar de los agentes que investigan el caso.

Uno de los agentes reveló que el magistrado no tomó en cuenta el material probatorio presentado por los agentes norteamericanos y la evidencia hallada en su contra al momento de realizar la intervención. “Nosotros estamos trabajando en forma constante y damos resultados, pero no es posible que nuestro trabajo vaya al tacho de basura por malas autoridades”, dijo.