Marcha Mundial de la Marihuana 2015: De Tribu, a Ciudadanos con Derechos.

Fuente: CIDDH

Fecha: 2 de mayo del 2015

Ricardo Soberón

marihuana medica

La tarde del sábado 2 de Mayo, se realizó la Marcha Mundial de la Marihuana en muchas ciudades latinoamericanas, incluyendo Lima y Trujillo. Es la quinta vez que se organiza esta actividad en el Perú y resulta altamente positivo que los usuarios canábicos nacionales confluyan al menos una vez al año, para reclamar sobre sus derechos como ciudadanos, aunque no en la magnitud que ocurre en Buenos Aires, México o incluso Santiago.

La pregunta que surge es: ¿nos hace caso el Estado peruano? Aparte de alguna editorial de una ex periodista de El Comercio y en otros diarios digitales como La Mula, la cuestión pasa desapercibida, para el grueso de la población peruana. Nadie le pone el cascabel al gato ¿Por qué la Policía sigue lucrando con los usuarios con dosis personales de cannabis, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico? 60 por ciento de las detenciones policiales anuales por TID, son por posesión para el consumo, que no es punible y sin embargo son frecuentes los casos de violencia o corrupción policial.

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SUSPENDER EL ENVENENAMIENTO

Pedro Arenas

Observatorio de cultivos y cultivadores INDEPAZ

Histórica noticia del Ministerio de Salud de Colombia de recomendar la SUSPENSIÓN MANERA INMEDIATA del injusto, inconveniente y antiambiental programa de fumigaciones aéreas que utiliza de forma masiva el cancerígeno glifosato producido por la compañía Monsanto, desde hace más de 21 años.

La recomendación del Ministro Alejandro Gaviria, acoge la petición de la Corte Constitucional que hace dos años le pidió contemplar el Principio de Precaución en el caso de que exista evidencia científica que permita deducir que este agrotóxico causa daño a la salud animal, vegetal o las personas (es decir, campesinos, indígenas y afrodescendientes). En medio de la falta de actuación de las autoridades sanitarias colombianas, apareció el reporte de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud (de la que Colombia es signataria) que estudia los riesgos de cáncer. Esta Agencia elevó a la categoría 2A el químico glifosato considerándolo posible causante de cáncer en las personas y con evidencia convincente de que lo causa en animales de laboratorio.

Esta decisión implica a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA la que debería inmediatamente cancelar la licencia ambiental con que cuenta el PECIG, pues compete al Ministerio dar las recomendaciones técnicas al respeto. También el concepto del Ministerio de Salud debe ser acogido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que su Secretario Javier Flores (director de política de drogas) quiere continuar esa estrategia y del que forma parte la Policía Antinarcóticos cuyo director el General Restrepo también quiere mantenerla. Pero el Presidente de la República puede tomar la decisión de suspender el Programa debido al mandato de la Corte, a la recomendación del Ministerio de Salud y a los pedidos nacionales e internacionales de que haga algo concreto para demostrar su compromiso con las reformas de políticas de drogas.

El próximo 7 de Mayo en Nueva York el Ministro de Justicia Yesid Reyes puede liderar el Segmento de Alto Nivel Interministerial en Naciones Unidas preparatorio de la Cumbre especial sobre drogas UNGASS que se realizará dentro de un año. Colombia ha pedido tomar decisiones centradas en el ser humano y en los derechos de las personas antes que en las sustancias o las plantas, por lo que se avizora que la clasificación de la IARC daría la oportunidad, a pesar de que “existe información divergente”, al Gobierno de traducir en hechos sus posturas reformistas.

Curiosamente, horas antes de que se pronunciara el Ministro de Salud, el subsecretario de Estado William Bronwsfield había dicho que no estaba de acuerdo con que Colombia suspendiera las fumigaciones alegando que este veneno es inofensivo y que no hay quejas ni daños que afecten la salud de las personas, lo cual es falso, por cuanto hay miles en 21 años de aspersión ininterrumpida (hasta 4 veces en el año, sobre la misma zona), que no se investigaron nunca seriamente, por falta de aprestamiento de hospitales públicos y del Instituto Nacional de Salud. El Sr Bronwsfield, además dijo que las fumigaciones no se debían suspender hasta que no se firme un acuerdo con las FARC, lo que muestra que los Estados Unidos impusieron este programa para quitarle finanzas a la guerrilla pero pisoteando los derechos humanos de las comunidades rurales y abriéndole campo a proyectos extractivistas luego de “limpiar el terreno” expulsando comunidades.

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ECUADOR: 241 privados de la libertad, repatriados a sus países

Fuente: El Telégrafo

Fecha: 27 de abril del 2015

El Ministerio de Justicia se encarga del trámite de los traslados. El Art. 727 del COIP establece este mecanismo.

Los ec-uatorianos que están cumpliendo una condena en el extranjero podrán regresar a su país. Foto: Archivo / El Telégrafo

“Entre 2011 y lo que va de 2015, se han realizado 57 repatriaciones de ecuatorianos sentenciados en el extranjero y 184 de extranjeros sentenciados y que cumplían su fase de privación de libertad en Ecuador”, informó la viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Alexandra Jaramillo González.

La funcionaria compareció en el primer ciclo del mecanismo de examen que desarrolló en Ecuador, la semana pasada, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra la corrupción.

Además, indicó que los ecuatorianos privados de la libertad fueron repatriados desde Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, España, Guatemala, Inglaterra, México, Panamá, Paraguay, Perú y Turquía y ahora cumplen en los centros de rehabilitación social regionales, lo que resta de sus condenas.

Una representante de la Convención de la ONU contra la corrupción mostró su complacencia por los logros alcanzados en el traslado de presos con sentencia en firme a sus países de origen.

2 tipos de repatriaciones

El retorno de un ecuatoriano privado de libertad desde un país extranjero donde ha recibido una sentencia es una repatriación activa.

Pero el traslado de una persona extranjera privada de la libertad en  Ecuador hacia su país es pasiva.

Estos dos tipos de repatriaciones de presos están avalados en el Decreto Ejecutivo 592, del 22 de diciembre de 2010, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad central para conocer y coordinar la repatriación de personas sentenciadas.

Además, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 727 que “las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad, podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Asimismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional”.

Para el jurista Stalin Aldás, la repatriación de la persona privada de libertad es una ventaja para que pueda cumplir su condena en su país de origen. “Si está en su país, sus  familiares podrían acercarse a visitarlo”, puntualizó. (I)

PERÚ: Plantean concesionar cárceles y trasladarlas a zonas periféricas

Fuente: Terra

Fecha:27 de abril del 2015

 Foto: ANDINA

Durante su discurso ante el pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano resaltó la necesidad de trasladar hacia zonas periféricas de la ciudad los establecimientos penitenciarios ubicados en zonas urbanas y otorgarlos en concesión junto a los terrenos en los que actualmente se encuentran.

Según dijo, esto posibilitará la habilitación de nuevos locales de este tipo, administrados por entes públicos, privados, o de capitales mixtos, así como evitar que su presencia en la ciudad sea una amenaza a la seguridad ciudadana.Cateriano señaló que al estar ubicados en medio de las urbes del país, las cárceles han generado “un riesgo latente”.

Dicha situación fue propiciada por el crecimiento de las ciudades y su respectiva densidad poblacional”.”En muchos casos esta situación implica que los terrenos en donde se ubican actualmente los establecimientos penitenciarios, han incrementado su valor comercial”, indicó.Por tanto, dichos lugares “deberían ser dados en concesión”, dijo.

Con ello, el gobierno podrá “obtener recursos que financien la construcción y mantenimiento de cárceles modernas y seguras en zona periféricas”, las cuales podrían ser administradas por el INPE, por privados o con una gestión mixta, comentó.Ello permitirá “enfrentar mejor los problemas de hacinamiento, abrir la puertas a las iniciativas privadas en materia penitenciaria y evitar que los penales sean centros que permitan operar a los delincuentes”.

Cateriano también anunció la presentación, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ley para el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo, para legislar sobre seguridad ciudadana.

BOLIVIA: 71 narcos fueron condenados a prisión en marzo, en 60 juicios

Fuente: El Deber

Fecha: 20 de abril del 2015

Los que reciben sentencia de ocho años se acogen de inmediato al beneficio del indulto y salen de la cárcel

Uno de los casos de narcotráfico presentado la semana pasada

71 personas (13 mujeres) ligadas al narcotráfico fueron sentenciadas en 60 juicios orales y procedimientos abreviados realizados en marzo, con penas desde uno a 14 años en el departamento de Santa Cruz.

47 narcos recibieron ocho años de prisión individual, ocho resultaron sentenciados a 10 años, dos a cinco años, uno a 14 años y otro a seis años y ocho meses. Asimismo, dos adolescentes se beneficiaron con medidas socioeducativas, con libertad asistida, informó Freddy Larrea, coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas.

Estas 60 sentencias de marzo se suman a las 49 que se dieron en enero y a las 56 que hubo en febrero, haciendo un total de 165 juicios resueltos de forma rápida por la justicia.

Beneficioso para las partes

El fiscal Larrea explicó que los penados con ochos de privación de libertad pueden acogerse de forma inmediata al beneficio del indulto que está en plena vigencia, por lo que permanecerán presos solo el tiempo que dure el trámite.

En cambio, los sentenciados a 10 años deberán cumplir la cuarta parte de la pena (dos años y medio) y podrán solicitar su libertad, pero todos salen con condicionantes.

Larrea indicó que la aplicación del procedimiento inmediato, impulsado por el Ministerio Público desde hace un par de meses, ha sido favorable, pues se acortan los plazos, se evita la impunidad, la retardación de justicia y se reduce el gasto para el Estado