Las prisiones colombianas que no tendrán celdas, sino dormitorios

Fecha: 30 de julio de 2014

Fuente: El Tiempo

Las ampliaciones de nueve cárceles crearán 6.300 cupos. El proyecto deberá superar varios retos.

Foto: Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Las nueve ampliaciones terminarán de entregarse en el 2018. En la foto, el diseño de la cárcel de San Gil, en Santander.​ Fuente: El Tiempo.

Foto: Facultad de Artes de la Universidad Nacional.
Las nueve ampliaciones terminarán de entregarse en el 2018. En la foto, el diseño de la cárcel de San Gil, en Santander.​ Fuente: El Tiempo.

Las cárceles y las penitenciarías de Colombia tienen 76.553 cupos, pero son habitadas por 117.018 personas -40.480 sindicados y 76.538 condenados-, según cifras entregadas el pasado lunes por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

María del Pilar Bahamón, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), asegura que la mayoría de esa superpoblación corresponde a los internos que tienen condenas inferiores a 10 años.

Para disminuir ese número de reclusos se ampliarán nueve cárceles del país: Cómbita, en Boyacá (con el 6,5 % de hacinamiento); Ipiales, en Nariño (45,4 %); San Gil y Girón, en Santander (17,9 % y 37,5 %); El Espinal e Ibagué, en Tolima (no hay hacinamiento y 24,5 %); y Tuluá, Buga y Palmira, en Valle del Cauca (60,4 %, 53 % y 118,4 %). Bahamón precisa que a cada ampliación llegarán 700 internos. Es decir, el proyecto creará 6.300 cupos en el país.

Oliverio Caldas, uno de los arquitectos que dirige el proyecto –diseñado por la Universidad Nacional-, asegura que en estas ampliaciones mejorará la calidad de vida de los internos. “No hacemos celdas ni pabellones de reclusión, hacemos cupos penitenciarios y sectores de mediana seguridad”, dice.

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La línea de frontera con Colombia, bajo la mira de 13 cámaras

Fecha: 30 de julio de 2014

Fuente: El Comercio

El puente de Rumichaca es uno de los puntos en los cuales se instaló cámaras de seguridad para monitorear la zona. Foto: José Mafla. Fuente: El Comercio.

El puente de Rumichaca es uno de los puntos en los cuales se instaló cámaras de seguridad para monitorear la zona. Foto: José Mafla. Fuente: El Comercio.

La frontera entre Ecuador y Colombia tiene 62 pasos clandestinos que son utilizados para el tráfico de drogas, pertrechos militares, medicinas, cemento, armas de fuego, químicos, mercaderías y el contrabando de combustibles y tanques de gas. Así lo han determinado los militares en sus investigaciones.

En los poblados fronterizos de El Carmelo, Chical, Maldonado y Tufiño, en Carchi, se vive un aparente ambiente de tranquilidad. Pero, la gente de esos lugares sabe que por allí se trasladan los productos de contrabando en burros o caballos.A este sistema se le conoce como la hormiga, según el jefe de la Policía Judicial del Carchi, el coronel Vladimir Báez. Ante estos problemas, el Sistema Integrado ECU 911 instalará 13 cámaras de video en los puntos considerados sensibles de la línea de frontera con Colombia.

El objetivo de la medida es monitorear esas zonas para evitar el tráfico de sustancias ilegales y otros ilícitos. César Navas, director del ECU 911, confirmó que otros 137 dispositivos más serán instalados en los seis cantones del Carchi. En total serán 150.

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A falta de oportunidades, raspachines colombianos en Perú

Fecha: 30 de julio de 2014

Fuente: El Espectador

Un recorrido por la frontera colombo-peruana revela las difíciles condiciones de las poblaciones a lado y lado de los ríos Putumayo y Amazonas.

En el imponente río Amazonas, que marca la frontera entre Colombia y Perú, es imposible ejercer un control fluvial permanente. / Fotos: Gustavo Torrijos. Fuente: El Espectador.

En el imponente río Amazonas, que marca la frontera entre Colombia y Perú, es imposible ejercer un control fluvial permanente. / Fotos: Gustavo Torrijos. Fuente: El Espectador.

El 7 de Agosto es una población ubicada en la orilla colombiana del río Amazonas, en plena frontera entre Colombia y Perú. Es uno de esos caseríos tan aislados, tan lejanos, tan perdidos, que el río bien podría tragárselo un día sin que nadie se entere. (Vea las imágenes del viaje por el río amazonas en la frontera colombo- peruana)

Allá, la profesora Edilma Aue Calletano tiene algo que contar. Abre las puertas de la semiderruida escuela Cristóbal Colón: una casa de madera chueca y medio podrida a punto de colapsar. Hace más de cinco años, dice, el Gobierno prometió reconstruir la sede educativa, pero nada. En cualquier momento se viene abajo. En la escuela se repite una escena que es común en las poblaciones remotas del país: hay computadores, pero no electricidad. El combustible disponible apenas alcanza para alimentar guadañas y para el transporte de los estudiantes por el río, no para suplir la planta eléctrica.

Pero la infraestructura es sólo una parte del problema. Cuando terminan quinto de primaria, de un grupo de 15 apenas tres estudiantes se van a hacer sexto en el internado de Puerto Nariño o en otros lugares. En 20 años, sólo un muchacho ha llegado a la universidad. El resto no tiene cómo hacerlo, porque no hay dinero ni oportunidades, así que buscan otros trabajos y la ilegalidad les abre las puertas. Incluso mientras están en la escuela, algunos menores optan por explorar alternativas. Cuando el río crece, entre diciembre y enero, de los 75 estudiantes sólo llegan 50 o 60 a clase. Los que faltan, dice Calletano, se fueron a trabajar para el narcotráfico en Perú.

Cuando el río baja, los niños vuelven. “Uno se da cuenta en qué andaban, porque traen sus zapatos nuevos, una que otra cosa que se compraron con las ganancias”. Entre chiste y chanza, en los recreos y en el comedor, algunos niños le han contado a la profesora que allá, en Perú, los ponen a trabajar de noche con una linterna en la cabeza. La mayoría trabaja recogiendo hojas de coca. “Dependiendo de la habilidad que tengan les pagan. Trabajan para grupos paramilitares y otros carteles. El lugar queda a cuatro o cinco horas en lancha. Se llama Panchococha. Allá están los laboratorios y las chagras”, agrega Calletano.

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Comunidades del Vraem reciben 9 ambulancias valuadas en S/. 2 mllns.

Fecha: 30 de julio de 2014

Fuente: Andina

El presidente del Gobierno Regional de Junín (GRJ), Américo Mercado Méndez, entregó nueve modernas ambulancias de tipo I y II, rurales y urbanas, valorizadas en más de 2 millones de nuevos soles, que beneficiará a los pobladores del Valle de los Ríos Apurímac Ene Mantaro (Vraem) y zonas altoandinas.

El GRJ precisó que la adquisición de la ambulancia incluye todo lo necesario para transportar pacientes en estado crítico, ya que cuenta con un aspirador de secreciones, una bomba de infusión, un equipo de ventilador volumétrico, equipo de oxígeno, y administrador del mismo, también soportes para fluidos monitor de funciones vitales.

Las ambulancias están valorizadas en 218,000 nuevos soles cada uno y cuentan con un equipamiento de punta, entre ellos aspirador de secreciones, balón de oxígeno, camilla telescópica maletín de soporte básico, medicamentos, tensiómetros y equipo de radio y otros materiales que serán manejados por el personal asistencial compuesto por un médico, enfermera, técnico y chofer.

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Ministerio Público usa equipos GPS para ubicar zonas delictivas

Fecha: 30 de julio de 2014

Fuente: El Comercio

Con esta información la Fiscalía elabora un plan de acción especial para cada distrito del país

(Archivo El Comercio). Fuente: El Comercio.

(Archivo El Comercio). Fuente: El Comercio.

El último informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó al menos 510 ‘puntos calientes’ -zonas de mayor incidencia delictiva- en Lima y más de 6.979 en el Perú. Para este trabajo se utilizaron aparatos GPS para monitorear el comportamiento en estos lugares. El objetivo era establecer un diagnóstico detallado de la realidad de cada distrito del país y aplicar una estrategia específica para combatir sus delitos.

La fiscal suprema, Zoraida Ávalos, coordinadora nacional de las Jornadas de Acercamiento a la Población, señaló que estos informes con las acciones a tomar, son entregados a los 32 distritos fiscales de todo el país. “Los delincuentes se han organizado mientras el Ministerio Público se quedó durante muchos años, sobre todo en materia de prevención. Con este programa tratamos de atacar la raíz con políticas específicas”, dijo a El Comercio.

Agregó que los fiscales se están empezando a involucrar en estas tareas de acercamiento y prevención. “La población nos ve como fiscales de escritorio y no como personas de carne y hueso. Definitivamente hay una distancia que intentamos acortar, extendiendo puentes a la ciudadanía”.

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