CHILE: Pasta base: adictos la usan 21 días al mes y gastan hasta 100% de ingresos

Fuente: La Tercera

Fecha:23 de marzo del 2015

Estudio de Senda plantea que ocho de cada diez consumidores son hombres y sólo la mitad de ellos dice haber asistido a tratamientos.

Fuente: La Tercera

 

Que es omnipresente en los sectores donde viven y que les sirve para paliar el dolor del abandono familiar y la soledad. Esa es parte de la realidad que declaran muchos de los adictos a la pasta base de cocaína, de acuerdo al primer estudio realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda),para impulsar políticas que reduzcan la prevalencia del consumo de esta sustancia.

La investigación realizada sobre la ingesta del estupefaciente en la Región Metropolitana muestra el perfil de sus consumidores: el 87% son hombres y 13% mujeres. La edad promedio del adicto es de 37 años, es decir, población en pleno período laboral. En el caso de este grupo, un 51% es trabajador independiente y otros se desempeñan como obreros o no poseen ninguna actividad formal (ver infografía).

El análisis -realizado a partir de entrevistas a personas  en esta condición- plantea que se iniciaron en el consumo a través de otras drogas en su adolescencia. De ellas, el alcohol es el producto que encabeza la lista, seguido por la marihuana. Otro dato indica que para obtener dinero y adquirir así la pasta base, es habitual la comisión de delitos: ocho de cada diez consumidores ha participado en hurtos; 23% ha traficado y 22% ha robado en casas.

Además, los ingresos que perciben los afectados son ampliamente destinados a esta sustancia. Según el estudio, cuatro de cada 10 adictos invierte el 100% de sus recursos en la compra del producto. El resto gasta la mitad de sus ingresos en el consumo, lo que los lleva a mantener una situación, económicamente, inestable.

Esto les permite a los afectados-señala el análisis- surtirse de la droga que, en promedio, utilizan 21 días de cada mes, y que ingieren a través de pipas o bien de lo que fueron antenas de televisión.

La ingesta, en tanto, es alta: 12,9 dosis por día, lo que provoca duros efectos en la salud de los adictos: angustia, alucinaciones, enfermedades crónicas -como hipertensión-, trastornos mentales -como la depresión- y una desvinculación con su entorno.

Lidia Amarales, directora de Senda, explica que la población consumidora “está marcada por el maltrato, el abandono y/o la disfuncionalidad de sus familia de origen. La vulnerabilidad no parte de ser consumidores de pasta base, es una consecuencia del ambiente social que poseen”. Añade que estas personas, en su mayoría, viven en poblaciones de escasos ingresos, “con poca cohesión y eso impulsa al abandono de la educación y a desempeñarse como trabajadores informales”. Un punto que llamó la atención de los investigadores es que el 37% de las mujeres que consumen pasta base experimentaron violencia sexual en años previos a usar la sustancia.

EFECTOS

La edad de inicio de los adictos a la pasta base es a los 23 años. Antes de eso, han recurrido a otros productos, como el alcohol, que es la principal  “puerta de entrada” a las drogas. La presencia de este último estupefaciente los sigue a lo largo de su adicción como complemento. Así, la pasta es acompañada con alcohol en el 62% de los consumidores, y de marihuana en 38% de ellos.

Eduardo Valenzuela, decano de Ciencias Sociales de la U. Católica -quien fue parte de la investigación- afirma que es complejo el tratamiento de los adictos: “Es una población oculta, no está registrada en ninguna parte, no se acerca a los hospitales, oficinas públicas ni contesta encuestas. Por esa razón, es difícil pesquisarlos. Viven al margen de las instituciones”.

Esta población tiene un alto riesgo de ser victimizada, pues -agrega Valenzuela- son “abusados”, con el fin de darles u obtener dinero para poder comprar la droga.

El análisis también detectó que existe una “falta de seguimiento apropiado por parte de las instituciones”. Esto se agrava, además, al considerar  que sólo la mitad (55%) de los dependientes a la pasta base declara haber asistido a un tratamiento.

COLOMBIA: ¿Qué pasa en Bogotá en materia de seguridad?

Fuente: Semana

Fecha: 23 de marzo del 2015

Ariel Fernando Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, mira con lupa lo que le está ocurriendo a la capital.

Fuente: Semana

 

En las últimas semanas en Bogotá, 14 acciones han alterado el orden público, la explosión de petardos y siete acciones de sicariato han abierto una discusión sobre la seguridad en la capital. Preguntas sobre los responsables de estos hechos y la aparente perplejidad de las autoridades son las que hoy rondan a un buen sector de la sociedad capitalina. En todo caso, lo que muestran estos hechos, así como otros indicadores sobre la seguridad en Bogotá, es una situación compleja que va más allá de acusaciones a autoridades individuales sobre la gestión de la seguridad en Bogotá.

Se podrían resumir en cinco situaciones criminales que hoy impactan a Bogotá y tres problemas de administración de la gestión de la seguridad. Uno de los principales problemas que están impactando la seguridad en Bogotá se refiere a coletazos de la famosa guerra verde que se estaría produciendo luego de la muerte de Víctor Carranza y el atentado a alías ‘Pedro Orejas’.

Entre el año 2013 y los primeros meses del 2015, se perpetraron 15 atentados selectivos contra esmeralderos, abogados y testaferros de este tipo de organizaciones mafiosas. Serían dos grandes disputas las que se viven, una se desarrolla en el interior de la organización de Víctor Carranza, donde la disputa serían por las herencias. Otra disputa sería entre organizaciones criminales, entre ellas estarían involucrados algunos herederos de Carranza.

La segunda problemática que vive la ciudad es la presencia de algunas organizaciones criminales con cierta capacidad de perturbación que se ubica en la frontera entre Bogotá y Soacha. Son, básicamente, estructuras criminales de 15 a 20 personas que prestan servicios de seguridad privada, regulan el mercado del microtráfico y serían responsables de varios casos de sicariato y fleteo. Estas estructuras son de tipo local, pero habrían sido contratadas por organizaciones de tipo regional o nacional.

En tercer lugar, Bogotá actualmente vive una disputa subterránea en varias localidades por el control de algunas zonas de expendio de droga. Luego de varias intervenciones en las denominadas “ollas” madres, como la del Bronx, se produjo un fenómeno en doble vía. Por un lado, se dio una descentralización del negocio de la droga, se pasó de estas “ollas” madres manejada por los ganchos (casas matrices de la veta de droga en Bogotá) a un proceso de copar localidades y zonas específicas de la ciudad.

A la vez, a nivel local se está produciendo un fenómeno de concentración, es decir, estos ganchos están sometiendo en algunas zonas las tradicionales “ollas” barriales y zonas de venta de droga para tener mayor control sobre las rentas de esta actividad. Esta disputa local habría provocado varios casos de sicariato. Además, esta llegada de los ganchos a las localidades ha permitido el surgimiento de nuevas modalidades de venta de drogas, como el taquillero o la venta de drogas a domicilio en los estratos altos.

En cuarto lugar, existe un problema complejo de seguridad y percepción de la (in) seguridad en focos de aglomeración pública. El sistema de trasporte urbano, puentes peatonales y algunos parques son un buen ejemplo de esta situación. Estos puntos son afectados, aunque no únicamente, por la pequeña delincuencia común.

A lo anterior se suma un quinto punto y es la intención de organizaciones criminales y grupos armados ilegales de desestabilizar Bogotá. Al parecer, un sector urbano del ELN estaría detrás de varios petardos y también habría información sobre la intención de sectores que están en contra del proceso de paz de cometer actos que perturben la seguridad de la ciudad. El siguiente mapa muestra el lugar donde ocurrieron los petardos y los casos más graves de sicariato.

A los anteriores fenómenos sobre dinámicas criminales se suman tres realidades de la gestión de la seguridad en Bogotá. Por un lado, se ha descuidado de forma progresiva una serie de estrategias que habían blindado la ciudad. Por ejemplo, el Plan Candado o los famosos CAI fronteras se crearon cuando la guerrilla de las FARC tenía varias estructuras rondando Bogotá, pero además de proteger a la capital de posibles ataques de las FARC, estas estrategias fueron eficientes para evitar la entrada de explosivos a la ciudad. A Bogotá entraba contrabando, drogas, etc., pero no entraban explosivos y esto blindó la ciudad. Hoy esta no es la realidad. Otro ejemplo es la incautación de drogas en Bogotá, que se hace dentro de la ciudad, pero en las entradas no ha habido grandes incautaciones, la mercancía ilegal fluye fácilmente.

Un segundo tema en la gestión territorial de la seguridad es la articulación con los vecinos. Hay una baja articulación con Soacha, Cundinamarca y en general con estrategias de seguridad del orden nacional. Pueden existir buenas relaciones personales e incluso una comunicación fluida entre autoridades, pero la articulación en territorio es mínima. El mejor ejemplo es la frontera entre Soacha y Bogotá. Otro buen ejemplo es la relación entre alcaldías locales y estaciones de policía de las localidades.

Un último tema sobre la política pública es que no existe una estrategia integral de seguridad para la ciudad. Si bien existen importantes iniciativas en temas de prevención, focalización como el Plan 75-100 y atención a población vulnerable, aún no hay una estrategia clara de articulación en los tres ejes de cualquier política pública de seguridad urbana. La percepción de (in) seguridad, los temas de civismo y el tema de crimen organizado.

PERÚ: Expertos en salud mental entrenarán a personal de hospitales en Lima Norte

Fuente: Andina

Fecha: 23 de marzo del 2015

Acompañamiento clínico psicosocial será cada 15 días durante 2 años

Fuente : Andina

A partir de marzo, el equipo multidisciplinario de expertos del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) acudirá a 15 establecimientos de salud de Lima Norte, a fin de capacitar a los profesionales de la salud para la atención directa de pacientes con problemas de salud mental.

Humberto Castillo Martell, director general del INSM, explicó que la actividad consiste en el diagnóstico participativo, así como acciones terapéuticas colectivas en beneficio de los pacientes. 
Manifestó que en una primera etapa serán alrededor de 150 profesionales, entre médicos generales, enfermeras, obstetras y phttps://drogasyddhh.wordpress.com/wp-admin/post-new.phpsicólogos de los establecimientos de salud Lima Norte, específicamente a las redes y hospitales de salud de Rímac-San Martín-Los Olivos, Túpac Amaru y Lima Norte IV.
La  tutoría será por grupos rotativos, cada 15 días, y durante dos años. A partir de los 2 o 3 meses de acompañamiento ellos podrán mejorar las acciones de salud mental en beneficio de su comunidad”, dijo.

Fuente: Andina

Destacó que dicha capacitación responde a la puesta en marcha del Plan de Fortalecimiento a Establecimientos del Primer y Segundo nivel para la Atención Primaria de la Salud Mental en Lima Metropolitana, que en  la primera etapa de intervención involucra a establecimientos de Lima Norte.
Salud mental en Lima y Callao
Alrededor de una cuarta parte de la población de Lima Metropolitana y Callao ha presentado algún desorden psiquiátrico en algún momento de su vida, y una de cada diez personas lo ha padecido, según resultados del Estudio Epidemiológico de Salud Mental del Instituto Nacional de Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao-2012.
El estudio reveló, además, que los desórdenes psiquiátricos más prevalentes son los problemas como el episodio depresivo, al señalar que el 17.2 % de la población, es decir, más de un millón de personas ha tenido alguna depresión en su vida.
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COLOMBIA: Los 90 días de la tregua unilateral de las FARC

Fuente: El País

Fecha:21 de marzo del 2015

El Gobierno y organizaciones civiles coinciden en que la guerrilla ha cumplido pero ésta se considera en riesgo de ataques militares

Fuente: El País

Hace tres meses, cuando la guerrilla de las FARC sorprendió a los colombianos con la decisión de decretar un alto el fuego indefinido —el primero de esa envergadura en 50 años de conflicto armado— algunos sectores políticos fueron escépticos sobre cuánto duraría. El grupo puso la condición de defenderse en caso de ser atacado por las fuerzas armadas. Y el Gobierno, aunque celebró la decisión, respondió que no suspendería por ningún motivo las operaciones militares.

Hoy el riesgo de ataque militar sigue latente. Así lo manifestó Iván Márquez, número dos de las FARC y jefe negociador en los diálogos de paz, al pedir este jueves al presidente Juan Manuel Santos que haga algo por “salvar” la tregua. “Se está diluyendo en la práctica y nos duele reconocerlo porque han sido tantos los ataques que los nuestros se han visto forzados a responder”, dijo en una rueda de prensa en Cuba.

No es la primera vez que la guerrilla lanza esta alerta. Sin embargo, más allá de estos anuncios, “nunca se ha materializado otro tipo de riesgos para considerar que la medida pueda ser levantada”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el análisis del conflicto, CERAC. Para el analista, a los colombianos se les olvida que la tregua es condicional. “Las FARC están utilizando la amenaza de la violencia más que la violencia y, si bien eso es un avance, sigue siendo una amenaza. [Las FARC] deben entender que el paso natural para construir la paz es renunciar irrevocablemente a la violencia”, asegura.

Pese a los reparos de la guerrilla, el balance de su tregua es positivo para el Gobierno y diferentes organizaciones civiles. Todos coinciden en que la guerrilla ha cumplido, aunque la oposición uribista insiste en que las FARC siguen delinquiendo. La decisión del Gobierno de suspender hasta el 10 de abril los bombardeos a los campamentos guerrilleros fue tomada precisamente en respuesta a la disminución de la violencia. “Hay que reconocer que lo vienen cumpliendo. Así me lo han confirmado los comandantes militares y de la Policía, y los gobernadores y alcaldes en los territorios”, dijo Santos hace 10 días, aunque advirtió que la suspensión de los ataques aéreos dependerá de que la guerrilla continúe en la misma línea.

Según el análisis de CERAC, en estos 90 días se han producido seis acciones que pueden catalogarse como violaciones de la tregua. Todas ocurrieron en el último mes sin dejar muertos o heridos. Muchas de esas acciones, más que estar relacionadas con ataques a objetivos militares, han sido extorsiones para financiarse a través de la minería ilegal y el narcotráfico. Para Restrepo, esto evidencia que uno de los grandes problemas para el proceso de negociación es la criminalidad de las FARC. “A medida que dejan de hacer prácticas de guerra tradicionales, vuelven más visible toda su actividad criminal, lo que les va a empezar a resultar muy costoso para el proyecto político”, agrega. Aun así, este centro destaca que el nivel de cumplimiento ha sido muy alto.

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BOLIVIA: Los cultivos de coca se reducen en Bolivia y Perú

Fuente: El Deber

Fecha: 3 de marzo del 2015

De acuerdo al informe presentado por la JIFE, en los pasados siete años, la superficie total cultivada de arbusto de coca descendió en un tercio en Bolivia, Perú y Colombia

Entre 2012 y 2013 en Bolivia se han logrado reducir al menos 2.300 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo a datos de la JIFE

La oferta de cocaína procedente de América del Sur sigue reduciéndose, en línea con la tendencia de los últimos años, si bien hay diferencias por países, ya que el cultivo bajó en 2013 en Perú y Bolivia mientras que en Colombia no sufrió cambios.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano autónomo del sistema de Naciones Unidas, recuerda en su informe de 2014, publicado hoy, que en los pasados siete años la superficie total cultivada de arbusto de coca descendió en un tercio en esos tres países.

Considera excesiva las 20.000 hectáreas de coca en Bolivia

En Bolivia, la JIFE menciona que el Gobierno se ha marcado el objetivo de reducir a 20.000 hectáreas la superficie de cultivo de arbusto de coca.

Una cantidad que este organismo encargado de velar por el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas, considera “excesiva para satisfacer las necesidades estimadas de masticación, consumo y uso de la hoja de coca que se permiten con ciertos fines en el territorio nacional (…)”.De hecho, con 23.000 hectáreas Bolivia redujo esa cifra en apenas en 2.300 hectáreas entre 2012 y 2013.

En Perú desciende un 35%

En el caso de Perú, la JIFE destaca que el programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible podría estar contribuyendo a reducir el cultivo de coca.Esa iniciativa afecta a 800.000 personas en siete departamentos del país, donde la extensión media de los cultivos de arbusto de coca por familia disminuyó un 35 % entre 2010 y 2013.Perú tenía en 2013 la mayor extensión de hoja de coca con 49.800 hectáreas cultivadas, frente a las 60.400 en 2012.

En Colombia se estanca la erradicación

Esa tendencia se estancó en 2013 en Colombia, donde la superficie dedicada al cultivo de coca fue de 48.000 hectáreas, las mismas que el año interior.Esa estabilidad contrasta con el fuerte descenso, del 25 % de superficie cultivada, registrada el año anterior.

Según la JIFE, las medidas del Gobierno colombiano “pueden haber contribuido a que la actividad se concentre en determinadas regiones”, ya que cinco de los 27 departamentos con historial de cultivo concentraron las tres cuartas partes de todo el crecimiento de hectáreas de arbusto de coca.

Con todo, el informe de la JIFE señala que la reducción de cultivos es uno de los indicadores que apunta “a que en los últimos años la oferta mundial de cocaína procedente de América del Sur se ha reducido en tal medida que puede tener un efecto tangible en los principales mercados de consumo”.

Así, se estima que la disponibilidad de esta droga en los mercados de Europa occidental y, sobre todo, de Estados Unidos “sigue siendo considerablemente inferior a la que había cuando se alcanzó la cota más alta, alrededor de 2006″.

Reporte de incautaciones 

Respecto a las incautaciones de cocaína (sal de cocaína y cocaína base), Colombia sigue registrando las mayores de toda América del Sur, aunque las 203 toneladas (incluidas diversas formas de cocaína base aprehendidas en 2013) supusieron un 5 % menos que las del año anterior.

La incautación de pasta de cocaína en Perú retrocedió en 2013 casi la mitad, hasta las 10,8 toneladas. El volumen de incautación de sal de cocaína subió ligeramente hasta las 13,3 toneladas.En Bolivia se interceptaron 22 toneladas de sal de cocaína y cocaína base, la cifra más baja desde 2007.