BOLIVIA: Achá pide a Monasterios demostrar acusaciones por caso narcocisternas

Fuente: El Deber

Fecha: 28 de agosto del 2015

El presidente de YPFB tachó de irresponsables las denuncias realizadas por el diputado opositor, que apunta a vincular la empresa estatal en un caso de narcotráfico

Tras una nueva denuncia realizada por el diputado opositor, Tomás Monasterios, por un supuesto sobreprecio en contratos de la estatal petrolera con una empresa transportadora ligada al caso de las ‘narcocisternas’, este viernes, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, indicó que se mantendrá la querella ante la Fiscalía contra el legislador al considerar que sus aseveraciones son “irresponsables” y “distorsionan la verdad ante la opinión pública”

“Él (Monasterios) pretende comparar una tarifa de transporte de combustible de 2015 con un documento de alcohol de 2013. Comete un error, ya que debería de actualizar sus datos con números de dos gestiones atrás. Debería tener cuidado y analizar la información que le dan antes de opinar”, dijo Achá. “Hasta ahora no ha podido validar sus denuncias”, declaró.

El presidente de la estatal también mencionó que Monasterios hace una mala comparación entre ambos cargamentos ya que las exigencias para cumplir con el transporte de combustible y alcohol son distintas.

Narcocisternas
Sobre la orden de captura emitida por Interpol contra Luis Sejas Rosales, representante de la empresa Creta y sindicado  por la justicia argentina por tráfico de sustancias controladas y droga, Achá manifestó que YPFB “no tiene responsabilidad”  sobre lo que hagan terceros y que “es una irresponsabilidad” asociar a la empresa con tales cargos.

“No estábamos llevando el alcohol por el que se detuvo esa cisterna en Argentina, no hacemos tránsito hacia otros países. Hay una distorsión por parte del diputado. Es una campaña que quiere afectar la gestiónde YPFB. Mientras esté a cargo de esta empresa seguiré desvirtuando estas acusaciones infundadas”, dijo Achá.

La denuncia de Monasterios
Luego de que se detuviera un cisterna de propiedad de Sejas Rosales en Argentina, el diputado Monasterios dijo en conferencia de prensa, que se habían cometidos tráfico de drogas y sustancias controladas.

La petrolera firmó contratos de adjudicación directa con la empresa Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL) y otras compañías de propiedad del sindicado.

Hay una querella
Achá mencionó que se ha solicitado al diputado que pruebe la supuesta conexión de YPFB en esos casos pero que no lo ha respondido. Por tal motivo, se ha iniciado una querella contra el legislador por dañar la imagen de la estatal petrolera y de sus autoridades.

Hemos pedido que documente la conexión de YPFB con esos casos, pero hasta ahora no lo ha hecho. Seguiremos con el proceso”, finalizó.

COLOMBIA: Los acuerdos secretos entre Carlos Lehder y Estados Unidos

Fuente: La Semana

Fecha: 23 de agosto del 2015

Semana.com conoció en exclusiva el expediente del extraditado capo, lo que los estadounidenses le prometieron y la respuesta del gobierno colombiano a su carta.

Los acuerdos secretos entre Carlos Lehder y Estados Unidos

El país lleva dos semanas hablando de Carlos Lehder. La leyenda de uno de los fundadores del cartel de Medellín revivió cuando se hizo pública una carta que este le envió al presidente de la República. En el documento, Lehder le pide a Santos realizar una intervención diplomática ante el gobierno de Estados Unidos. Según él, la justicia de ese país le hizo ‘conejo’.

Semana.com conoció en exclusiva la respuesta del gobierno nacional a Lehder. En un documento, la jefe de la oficina de asuntos exteriores del Ministerio de Justicia señala que el cumplimiento del acuerdo que suscribió con Estados Unidos es completamente ajeno a la jurisdicción colombiana y que por eso cualquier trámite se debe realizar ante ese país.

En su carta Lehder asegura que fue condenado a cadena perpetua más 135 años, pero que en 1991 unos fiscales de ese país pidieron su ayuda a cambio de su colaboración en el caso Noriega. En ese momento, Estados Unidos acababa de capturar al exdictador panameño, pero le faltaban pruebas para poder procesarlo en juicio.

Lehder era un testigo ideal por su alta jerarquía en el narcotráfico colombiano y por eso, según él, le hicieron dos ofrecimientos por su testimonio. 1) Que su pena iba a ser 30 años o menos. 2) que en todo caso, iba a ser menor que la Noriega. No le cumplieron ninguno.

Así fue el proceso

El documento del Ministerio de Justicia hace una detallada explicación del proceso del capo. La historia judicial de quien fue en algún momento el narcotraficante más pintoresco del país es la siguiente:

A principios de la década de los 80, cuando el narcotráfico ya se estaba convirtiendo en una gran amenaza para el Estado, una Corte Distrital de Florida emitió un indictment (acusación) contra Lehder. Ese recurso judicial, firmado en 18 de septiembre de 1981, tenía como fin procesar al capo en Estados Unidos por el envío de droga a ese país. Por cuenta de esto, el gobierno estadounidense solicitó su extradición, la cual fue concedida por su par colombiano mediante la resolución ejecutiva no. 79 del 8 de mayo de 1984.

En ese momento, Lehder era uno de los principales socios de Pablo Escobar y dar con su paradero para cumplir con la orden de extradición era casi imposible. Sin embargo, según cuentan los libros que han reconstruido la vida del ‘Patrón’, un incidente en una fiesta cambió esa realidad y este decidió entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. La captura del primer pez gordo del narcotráfico fue una noticia mundial y, así, Lehder fue extraditado casi de inmediato, el 5 de febrero de 1987. Al año siguiente fue condenado a cadena perpetua y 135 años de prisión.

Sin embargo, su situación cambió cuando Estados Unidos decidió declararle la guerra al exdictador de Panamá Manuel Antonio Noriega. Los vínculos del gobernante con el cartel de Medellín habían sido puestos en evidencia por la prensa norteamericana, especialmente por The New York Times. Las investigaciones daban cuenta de que Noriega daba refugio a los capos colombianos en su país, autorizaba el transporte de la droga por sus aeropuertos y traficaba armas. Específicamente lo acusaron de haber recibido a Escobar, los Ochoa y los Rodríguez Orejuela luego de que las autoridades colombianas allanaron Tranquilandia, el mayor laboratorio de coca de la época.

PERÚ: Aprueban norma que permite el derribo de las ‘narcoavionetas’

Fuente: La República

Fecha: 21 de agosto del 2015

Medida. La ley considera “hostiles” a las aeronaves que ingresen al espacio aéreo sin autorización o que ignoren los requerimientos de la FAP. Abatirlas será el último recurso.

INTERDICCIÓN. Aeronave de combate A-37B

Con 89 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la ley para el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo, la cual establece la interdicción y derribo de aeronaves sospechosas de transportar drogas. Según esta norma, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) está autorizada para derribar naves de las cuales exista evidencia o sospecha razonable de estar siendo utilizadas para el tráfi co ilícito de drogas o el transporte de bombas, armas de fuego, materiales explosivos, entre otros.
“Se trata de que nuestras Fuerzas Armadas, siguiendo los protocolos internacionales, puedan proceder en casos extremos a derribar aeronaves como las avionetas que trasladan droga a otros países”, dijo el presidente del Congreso, Luis Iberico.
La ley impulsada por Fuerza Popular señala que las armas serán empleadas en última instancia, cuando la nave interceptada se niegue a proporcionar la información solicitada o a acatar las disposiciones de la autoridad aérea.
Durante el debate en el Pleno, el presidente de la Comisión de Defensa, Emiliano Apaza, detalló que solo entre el 10 de mayo y el 16 de agosto se han detectado 222 vuelos de avionetas para exportar más de 77 toneladas de droga desde el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro hacia Bolivia, según información proporcionada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Incluso, el congresista Carlos Tubino, autor de la iniciativa, indicó que, por ejemplo, en el último año 180 toneladas de droga salieron del país por vía aérea, 120 toneladas por vía marítima y 20 toneladas por vía terrestre.También manifestó que al año se detectan entre 600 y 1.000 vuelos, y que el 95% de las avionetas que ingresan a nuestro país provienen de Bolivia.
Remarcó que la actual estrategia de destruir las pistas clandestinas no ha funcionado, ya que el Estado invierte al menos S/. 30 mil, mientras que los narcotraficantes en menos de 24 horas las vuelven a construir por un costo de S/. 4 mil. Entre 1995 y 2001, las autoridades peruanas con ayuda de EEUU derribaron avionetas dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, tras un accidente, este programa se canceló.

Al ser consultado sobre si habrá cooperación o algún tipo de ayuda de EEUU, Tubino indicó que esta ley es de manejo estricto de las Fuerzas Aéreas del Perú. La norma establece una serie de procedimientos previos que incluyen medidas de identificación, intervención, persuasión y neutralización en forma progresiva y siempre que la anterior no tuviera éxito o no sea acatada.

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PERÚ: 139 fiscales del país tienen aún activa su militancia en los partidos políticos

Fuente: La República

Fecha: 21 de agosto del 2015

¿Interferencia política? 643 fiscales figuran en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. De ellos, 139 mantienen una militancia activa. El Partido Aprista cuenta entre sus filas con 37 magistrados, el PPC 33, Perú Posible 20, Acción Popular 13, el Partido Nacionalista 12. Somos Perú, APP, UPP y diversas organizaciones regionales también registranfiscales entre sus miembros. 

“Estamos en un país democrático donde todas las filiaciones son compatibles con el Estado constitucional de derecho. Los corazoncitos tienen que respetarse“, respondió, en su oportunidad,Javier Villa Stein cuando se le preguntó sobre una presunta interferencia política dentro del Poder Judicial para favorecer a la desaforada congresista aprista Tula Benites, quien fue denunciada por contratar a un trabajador ‘fantasma’.
Era octubre de 2009, Villa Stein era presidente del Poder Judicial y el caso Benites generaba suspicacias pues el fiscal José Antonio Peláez, hermano del legislador aprista Eduardo Peláez, había emitido un dictamen que señalaba que no había mérito para llevar a juicio oral a la parlamentaria.
La polémica que generaron sus declaraciones, obligó a Villa Stein a reconocer que no fue oportuno hablar de los “corazoncitos” de los magistrados.
Sin embargo, desde esa fecha y pese a las críticas, la afiliación política no ha sido obstáculo para el nombramiento o ratificación de fiscales, tal como se evidencia en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En el ROP figura un total de 643 fiscales. No obstante, la información precisa que la mayoría de ellos ha renunciado a sus partidos o han sido desafiliados por la propia organización dentro de los últimos 8 años. En otros casos, al cancelarse la inscripción del partido ante el JNE se desafilia a los militantes.
En la actualidad, 139 mantienen activa su militancia partidaria. Según cifras oficiales, el Partido Aprista Peruano es la agrupación con más fiscales (37) en su organización, le siguen el Partido Popular Cristiano (33), Perú Posible (20), Acción Popular (13), Partido Nacionalista Peruano (12) y Alianza para el Progreso (1).
También Solidaridad Nacional tiene magistrados entre sus filas (2), Todos por el Perú (6), Unión Por el Perú (7), Somos Perú (2), Movimiento Regional-Fuerza Social Cajamarca (1), Frente Regional Cajamarca (1), Partido Humanista Peruano (1), Patria Joven (1), Arequipa Renace (1), Nueva Amazonía (1), Movimiento Esperanza Región Amazónica (1).

Deserciones

Lo que no se puede dejar de observar también es la enorme deserción de los fiscales, quizá para evitar cuestionamientos sobre sus resoluciones, y es el Apra la organización con más bajas, ya que 129 magistrados han registrado su desafiliación en los últimos 8 años.

En el PPC, 52 magistrados han hecho lo propio, mientras que en Perú Posible 54. En el caso de AP, 42 registran renuncia y en el Partido Nacionalista  12 han dicho adiós. En Alianza para el Progreso se reportan 25 cancelaciones de afiliaciones y 9 renuncias de fiscales.

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